Guerra a los fondos y las compras de casas por extranjeros ricos: “Muchos solo vienen de fin de semana” | Economía

No hay mes en el que los vecinos de la Dreta de l’Eixample de Barcelona no se enteren de la compra de un edificio entero que va a convertirse en viviendas de lujo. Jaume Artigues, presidente de la asociación de vecinos del barrio, los repasa uno a uno. Los hay en el paseo de Sant Joan, en la Rambla de Catalunya, en la calle de Casp… En el mejor de los casos, un fondo compra el inmueble, reforma pisos y los convierte en viviendas de alta categoría. En el peor, las obras implican cancelar contratos y pedir desahucios. “Hemos detectado hasta 116 promociones especulativas”, lamenta. Ese goteo que lleva produciéndose hace años ha cambiado ya las dinámicas del barrio. Hay edificios con escaleras semivacías. De hecho, alrededor del 30% de las viviendas no tienen a ningún vecino empadronado, según datos del Ayuntamiento. “Muchos de los compradores son extranjeros que no viven en esas casas, sino que las tienen para cuando vienen de fin de semana a Barcelona”, explica Artigues. Pero también las calles cambian. Basta con darse un paseo por la calle del Consell de Cent. “Es uno de los grandes cambios que se han producido. Más del 40% de las tiendas de esa calle entre el paseo de Gràcia y Girona son de uso turístico”, se queja.

Ese proceso en la capital catalana viene de lejos. El auge de la marca Barcelona tras los juegos de 1992 implicó la llegada de millones de turistas. Algunos, los más ricos, se decidieron a tener su casa en la ciudad. Las viviendas de lujo primero invadieron el paseo de Gràcia, allí donde antes había empresas que preferían irse a edificios nuevos de la periferia. Y luego, ya bien entrada la década de 2010, fueron expandiéndose al resto del centro de la ciudad, alentadas por las administraciones con medidas como los visados de oro implantados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa medida, muy cuestionada por la Comisión Europea, suponía dar el permiso de residencia a extranjeros que comprasen inmuebles por valor de más de 500.000 euros. Pero la grave disaster de la vivienda que sufre España ha dado un vuelco a esas políticas. “Prohibiría que los extranjeros no comunitarios compren segundas residencias en Barcelona”, afirmó tajante recientemente el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Esa vía es por la que optó, por ejemplo, Canadá en 2023 para hacer frente a la escalada de los precios de la vivienda.

No solo Barcelona se ha expresado en esos términos. España lleva ya un tiempo tratando de retirar la alfombra roja que había tendido a compradores de segundas residencias y limitando las adquisiciones de grandes fondos de inversión. “El Ministerio de Vivienda está comprometido con la lucha contra la especulación. Es un mandato constitucional y una necesidad social”, afirman en el departamento que dirige Isabel Rodríguez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el año pasado un impuesto del 100% para compras de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Esa iniciativa, según fuentes parlamentarias, está registrada en el Congreso de los Diputados pero aparcada por falta de apoyos. Por ahora, solo se ha ejecutado el fin del visado de oro en abril del año pasado. Pero desde el Ministerio de Vivienda consideran que la señal lanzada por el Gobierno es clara y, sostienen, hay “medidas adoptadas, otras en trámite y más en estudio” para “limitar la compra de viviendas como activo financiero”. Sánchez, además, ha elevado el debate a las instituciones europeas, puesto que algunas de las actuaciones planteadas podrían chocar con el derecho comunitario.

Una de esas medidas es la limitación de las compras de segundas residencias para extranjeros en Canarias. La emergencia de la vivienda en las islas ha llevado a que en algún momento Baleares y Canarias se hayan planteado poner coto a esas adquisiciones, donde los extranjeros compran un tercio de todas las casas cada año. Tras los cambios de gobierno en las últimas elecciones, solo el Ejecutivo canario ha seguido adelante con esa thought, que el Gobierno central ha llevado este año a Bruselas. “Hay una especificidad insular en términos de carga y de tensiones, pero se podría entender que esa medida afecta a las libertades comunitarias de libre circulación. Pero el derecho de la UE permite excepciones si se fundamentan en razones de interés common y son proporcionadas”, explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio Desca, quien considera que Canarias podría apelar a su “condición de región ultraperiférica”.

Al margen de esas medidas, el Gobierno está explorando qué puede hacer a escala estatal. “Los expertos consultados coinciden en que la vía más factible para actuar es la que ha seguido Cataluña: intervenir a través de las zonas de mercado tensionado. La existencia de una excepcionalidad declarada en esas zonas es lo que justifica la adopción de medidas extraordinarias que puedan afectar a otros derechos como el de la propiedad”, afirman fuentes de Vivienda. A través de esa figura, Cataluña ha aplicado los topes al alquiler y ahora limitará las compras especulativas de vivienda. El sector afirma que el mero anuncio de esa medida está ahuyentando ya a inversores. De hecho, un informe del Colegio del Notariado indica que en 2025 los extranjeros vendieron 12.010 viviendas más de las que se compraron, lo que a su juicio “acelera” una “tendencia de desinversión en el mercado residencial” que se viene produciendo desde 2010.

Sin embargo, los fondos buscan rendijas para escapar de las nuevas normas. “Ahora proliferan los coliving (viviendas compartidas con espacios comunes) porque las firmas ven un mayor beneficio en esa fórmula que en el alquiler”, lamenta Artigues. Esta semana, precisamente, la presión de los vecinos de Gràcia y del Sindicato de Inquilinas ha evitado el desahucio de Txema Escorsa, inquilino de una finca que ha comprado un fondo para alquilar habitaciones por las que pide 850 euros. Esa misma mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, rechazó a través de su cuenta de X el desahucio. “En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio”, afirmó Illa, quien añadió: “Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger los vecinos”. En la misma línea, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó este viernes una modificación urbanística con la que busca estrechar el cerco sobre el alquiler para estancias cortas y habitaciones.

Louis Kretz y Adriana Pinos, de la célebre familia dedicada al inmobiliario que ha protagonizado la serie de Netflix Negocio familiar: viviendas de lujo, han apostado por España. Cuentan que los precios se han disparado, hasta el punto de que los importes de las viviendas de lujo de Madrid están por encima de París. Y aseguran que no ven mal la medida de limitar las compras especulativas. “Está bien”, cube Pinos. “Entendemos perfectamente por qué quieren common. Hay muchos que abusan, los pisos turísticos hacen mucho ruido y los ciudadanos no pueden comprar en el centro de Barcelona o Madrid. Está bien para limitar las compras de quienes no están en el país e invierten a muy corto plazo”. Y añade: “Nosotros mismos estamos de alquiler y nos cuesta encontrar un piso de larga duración”.

La cuestión es qué efecto están teniendo todas esas medidas. Kretz, cuyos compradores son más bien expatriados que se trasladan a España, prevé que cuando entren en vigor más leyes los propietarios vendan. El impacto sobre los grandes fondos parece claro, sobre todo en Cataluña. Pero por ahora, los agentes inmobiliarios dicen que no han notado menos interés por parte de los particulares. “Quien viene de fuera no conoce todas esas medidas. Y tampoco vimos una gran repercusión con el fin de los visados de oro. Los extranjeros compran porque quieren un activo aquí porque creen que es un entorno seguro. Y lo sigue siendo”, explica Guifré Homedes, vicepresidente segundo del Colegio de agentes inmobiliarios de Barcelona.