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“Nosotros somos territorios costeros, pero no vivimos mirando al mar. Convivimos con el mar, como se convive con alguien”, cube Raquel Perrier, bióloga marina, desde su casa en Las Grutas. Este balneario de la costa atlántica argentina, se asienta sobre el Golfo San Matías, el segundo más grande del país. Con casi 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, este golfo se extiende desde Punta Bermeja hasta península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Uesco, y actualmente considerada en situación crítica por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus aguas conforman un ecosistema único en el Atlántico Sur, hábitat de especies endémicas como el pulpo tehuelche, el pingüino de magallanes, delfines, y el emblema nacional, la ballena franca austral.
Pero además, es hogar de múltiples familias.
A mediados de los años noventa, Perrier fue una de las “madres” de la Ley provincial 3308, aprobada en 1999, que prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la zona. Pero en 2022, la ley fue modificada de manera que Perrier no duda en calificar de “inconstitucional”, con la participación activa de YPF, empresa energética argentina. Para Ariel Slipak, director del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) esta alteración “viola el principio de no regresión y violenta el espíritu del Acuerdo de Escazú, no solo por el retroceso en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que implica, sino también porque la forma de modificación de la Ley fue lesiva de la participación widespread”.
La reforma abrió entonces las puertas a tres megaproyectos.
Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), impulsado por YPF junto a Pan American Vitality, Chevron y otras empresas, consiste en un oleoducto de más de 600 kilómetros desde la formación de Vaca Muerta hasta una terminal portuaria en Sierra Grande para exportar crudo. A VMOS se suma Southern Vitality, que contempla dos buques de licuefacción frente a las costas del Fuerte Argentino, alimentados por un gasoducto desde Neuquén, con otros cuatro buques aún pendientes de aprobación legislativa. A partir del 9 de marzo, el proyecto enfrenta una acción judicial presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y FARN. El tercero, Argentina LNG, liderado por YPF, proyecta unidades de licuefacción de gasoline flotantes a siete kilómetros de la costa.
Para Slipak, “el resultado no es solo más emisiones y el perjuicio para el paisaje, la vida sana el turismo y la pesca artesanal, sino también la destrucción del tejido social que siempre provoca el extractivismo”.
A casi 16 kilómetros, en la ciudad de San Antonio Oeste, Héctor Molina lleva más de cuatro décadas pescando pulpos del Golfo San Matías. “Esto tiene de nosotros toda la vida, a los ocho años me enseñó mamá”, cube. “Tengo 55 años y es una parte de mi organismo. No aguanto ni 10 días sin ir a la marea porque es el sostén que tengo.”
San Antonio Oeste es hogar de las familias pulperas más antiguas que hace más de un siglo viven de la pesca artesanal en las costas del Fuerte Argentino, una franja costera de aguas relativamente someras. “Todos los años, todas las temporadas, las pasé pulpeando”, recuerda.
Según él, el único acercamiento de las empresas fue pedirles que mandaran el currículum por mail, imposible para quienes no tienen computadora ni la educación primaria completa. A su vez, en reuniones informativas a las que asistió se mencionó la creación de una franja perimetral de seguridad de 500 metros alrededor de cada buque, implicando la pérdida directa de parte de sus puntos históricos de recolección.
Más allá del impacto sobre la economía de las 50 familias pulperas que viven aquí, está su salud. Los buques son plantas flotantes que operan las 24 horas enfriando el gasoline para licuarlo, liberando metano hacia la atmósfera, un gasoline con un potencial de calentamiento world más de 80 veces superior al del dióxido de carbono y precursor del ozono troposférico, asociado a daños respiratorios, cardiovasculares y neurológicos, conforme a un estudio de la Universidad Nacional de Rosario. Además, se estima que para 2030, los proyectos podrían incrementar las emisiones fugitivas de metano un 83% respecto al inventario nacional de 2022. “¿Qué vamos a hacer si se nos termina esto?”, pregunta Héctor. “No tenemos otro recurso, y no quiero que esta cultura se termine”.
Fabricio Di Giacomo creció viendo a sus padres estudiar el golfo. “Yo me crié con ellos, yo iba al laboratorio y los veía”, recuerda. Hoy, al igual que su madre Perrier, integra la Multisectorial Golfo San Matías y la Pink de Comunidades Costeras, una articulación que conecta organizaciones comunitarias desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires. Además, defiende su identidad desde las calles.
“Vallas de tres metros, más altas que las del Congreso de la Nación, y presencia policial por todos lados”, describe Fabricio recordando la audiencia pública del 4 de diciembre de 2024 en San Antonio Oeste para el proyecto Southern Vitality. “Parecía que iba a venir un grupo terrorista a atacar”.
San Antonio Oeste es un pueblo de apenas diez cuadras con un único colectivo público que circula una vez al día, según informan vecinos. “El acceso para quien no tiene transporte a la audiencia fue imposible”, explica. Aunque el gobierno provincial habilitó un colectivo estatal para trasladar a los asistentes, este solo period para quienes se habían inscrito previamente. “Eso violenta la normativa de la audiencia pública”, insiste. “Yo puedo estar no inscrito y sin embargo tengo derecho a poder asistir como cualquier ciudadano de la región”.
El 17 de agosto de 2023, tuvo lugar la audiencia pública por el proyecto VMOS. Según Cristián Fernández, coordinador del área authorized de FARN, el proyecto elude los impactos acumulativos y climáticos de las obras del oleoducto y del puerto, “subestimando los daños ecosistémicos y climáticos que los proyectos de petróleo y gasoline podrían provocar en el Golfo San Matías”. Como advierten una serie de modelos de trayectorias de potenciales derrames, la propia dinámica de mareas intensas y circulación del Golfo amplificarían la influencia de un posible derrame de crudo, favoreciendo su dispersión en el mar, y acelerando su llegada a la costa. Una preocupación que en octubre de 2025 llevó a la UICN a aprobar la Moción 026 que llama formalmente a Argentina y a la provincia de Río Negro a revertir cualquier normativa que hubiera reducido el nivel de protección del golfo, incluido el restablecimiento de la Ley 3308.
Más allá de las resoluciones internacionales, la defensa del golfo es la disputa por la identidad y memoria de quienes crecieron junto a estas aguas.
Cecilia Salcedo, docente de Las Grutas, vive hace 25 años en el golfo y es también miembro de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas. “Lo que nace del territorio, nace de nosotros”, afirma. Aquí, las comunidades costeras se organizan en asambleas, tejen redes provinciales y comparten estrategias con otros pueblos afectados. “Aprendimos a pensarnos juntos. Y hoy van desplazando al pueblo” lamenta al referirse sobre las empresas petroleras en el golfo. “Arrasan las economías regionales, las idiosincrasias, las historias y la posibilidad de un futuro sostenible y genuino que tenga que ver con nosotros”. Frente a las consultas reiteradas de EL PAÍS, ninguno de los cinco bancos o representantes de los proyectos han contestado a la fecha de publicar este artículo.
“Destinados a ser zona de sacrificio”
Las comunidades mapuche-tehuelche tampoco fueron consultadas para ninguno de los proyectos, según afirman referentes, vulnerando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a garantizar la consulta previa antes de autorizar proyectos que las afecten directamente.
Fernando Ledesma, werken de la comunidad Traunkutral de Las Grutas y uno de los cuatro consejeros del Parlamento Tehuelche Mapuche, sostiene que para los lasquenche o “gente del mar”, estos proyectos representan un despojo territorial. “Sabemos que mientras siga esta cuestión de poder, nosotros estamos destinados a ser una zona de sacrificio”, cube. “Las Grutas no tendría gente si no tuviésemos la biodiversidad que tiene nuestro golfo. Nosotros vivimos de eso, el albañil vive de eso, el que viene a dar clases vive de eso. Y como comunidad nosotros no escapamos a esas situaciones. Nuestros hijos se van a ir a la periferia de las ciudades y no van a tener ese kumme felen, porque el buen vivir es con el territorio.”
Pero a pesar del panorama adverso, la determinación de los pueblos originarios está intacta. “Hay gente que no va a salir del territorio por más que le vayan con lo que sea. Lo va a defender con la vida. Le pondremos el corazón, le pondremos el nehuen, la fuerza, y le pondremos todo lo que tengamos que poner. No hay otra que defenderse como gato entre gallinas”.
A pesar de la oposición documentada, VMOS cuenta con un préstamo sindicado de 2.500 millones de dólares del que participan Deutsche Financial institution, J.P. Morgan, Citi, Itaú Unibanco y Banco Santander, este último, impulsor de una iniciativa para la conservación oceánica. Mientras que Argentina LNG cuenta ya con un acuerdo con la italiana ENI y la emiratí XRI.
Con empresas fósiles proyectadas en el golfo, Perrier pide que dejen su hogar en paz. “Estamos orgullosos y vamos a seguir así. Si creen que nos van a sacar de acá, están muy equivocados. Vamos a defender esto hasta lo último”.
