En dos ocasiones (mayo de 2023 y abril de 2025), el entonces jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Javier Castell, alertó a sus superiores del enorme atasco que sufría el servicio, lo que suponía grandes demoras en las pruebas, entre ellas las mamografías. Castell proponía un plan para reducir los retrasos con medidas concretas para solucionar la escasez crónica de private. La respuesta de los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue que no había recursos y no se podía ampliar la plantilla. No se hizo nada. A comienzos de octubre pasado, la Junta reconocía que unas 2.000 mujeres que se habían hecho una mamografía en los tres años anteriores —la cifra oficial son 2.317, que las afectadas elevan a unas 4.000— necesitaban más pruebas para descartar un tumor. Nadie las avisó. El 90% eran pacientes del Virgen del Rocío.
La existencia de los dos avisos, revelada por este diario, arroja nuevas sombras sobre la disaster de los cribados, el mayor escándalo de la sanidad andaluza, y la gestión del mismo por parte de la Junta de Juan Manuel Moreno. Pocos días después de estallar la polémica, Castell era obligado a dimitir, mientras la Junta anunciaba de inmediato la contratación de más de un centenar de profesionales y la realización de las mamografías pendientes. Durante esta disaster, Moreno, quien reaccionó en un inicio con rapidez, ha ido dando bandazos sin que las afectadas —y todos los ciudadanos— tengan una explicación completa de las razones de los graves retrasos. Nadie en la Junta ha aclarado por qué no se actuó ante la alerta de los profesionales, a los que se ha llegado a echar, con argumentos falsos, la culpa de lo ocurrido. Pero tampoco por qué la Consejería de Sanidad no hizo nada desde enero de 2024, cuando conoció los primeros casos, incluyendo denuncias ante el SAS por la dilación en informar a las pacientes. Ni se conoce cuántas de esas 2.317 mujeres, dando por bueno el dato oficial, han desarrollado un cáncer, a cuántas se les pudo haber evitado una mastectomía o cuántas han muerto en este tiempo.
La Junta impuso a los hospitales públicos andaluces el año pasado unos recortes en gastos de personal de 91 millones, de ellos 25,3 millones en el centro sevillano. Todo responsable político debe tener presente que la confianza de los ciudadanos en las instituciones se fundamenta en los servicios públicos que reciben, que solo serán de calidad con los recursos suficientes. Y tener presente que las administraciones deben resolver los problemas, pero antes no causarlos. Moreno, volcado ya en las inminentes autonómicas, en las que se juega la reelección, reconocía hace dos semanas en un programa televisivo que lo ocurrido fue un “error imperdonable”. Elogiable autocrítica si va seguida de todas las aclaraciones precisas y del imprescindible compromiso con la sanidad pública y sus profesionales.
