Desde que empecé la tesis, los archivos se convirtieron en ese lugar especial. Te sumerges en el polvo y buceas entre legajos en busca de una pieza más, ese pedacito de historia que te cuenta la línea de un papel. Suena romántico y lo es. Y sistemático, desesperante, aburrido y luminoso. Requiere constancia, resistencia, una pizca de olfato y mucha suerte. Asumir que los papeles no siempre resisten el tiempo, los descuidos, los ácaros, la humedad, la falta de interés de quien no les da valor o las purgas de quienes sí lo hacen. Que tu hallazgo tiene mucho de informal.
Más allá de la magia, los archivos son tema inagotable de charlas entre colegas que intercalan la emoción con las quejas. Horarios imposibles, esperas eternas por copias, condiciones de acceso arbitrarias, fondos fuera de consulta durante años… Por suerte, las cosas han ido mejorando, pero hay un archivo que se mantiene como el muro contra el que chocamos sistemáticamente las contemporaneístas: el Archivo General del Ministerio del Interior. Pese a que la normativa marca que la documentación no debe permanecer allí más de 30 años, custodia miles de documentos de los siglos XIX y XX. En diciembre de 2024, se autorizó la transferencia al Archivo General de la Administración de 6.111 cajas cuya cronología va de 1829 a 1994. Y allí siguen.
Mientras, no podemos consultarlas en condiciones normales. No existe un catálogo. Tienes que escribir, decir sobre qué trabajas, esperar una respuesta que no siempre llega y, con suerte, recibir en casa copia de lo que alguien determine que te interesa. Copias que a menudo llegan censuradas, aunque muchos de esos documentos sean de libre acceso según la ley.
Con una mezcla de cabreo, hartazgo y esperanza, un grupo de historiadores e historiadoras han redactado una carta abierta al ministro del Interior que no para de recibir adhesiones, donde exponen estos problemas y plantean una serie de peticiones para solucionarlos, que van desde la ejecución de la transferencia de esta documentación a medidas que garanticen el acceso a ella durante su traslado, no vaya a ser que, mientras las cajas se mudan, nos pasemos años sin poder trabajar con ellas.
Garantizar el acceso a la documentación es un derecho de la ciudadanía y un ejercicio de transparencia. La situación precise no sólo es una traba incomprensible a nuestro trabajo; también es una anomalía democrática que un Gobierno que hace bandera de la memoria y lleva ocho años gobernando no puede mantener.
