La acusación de complicidad con el narcotráfico formulada esta semana por la justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, un senador y otros ocho políticos mexicanos asesta un golpe a la relación entre ambos países. Por su alcance político y por el momento en que se produce, supone un ataque directo a la credibilidad institucional de México y una señal inequívoca de que Washington está dispuesto a elevar el tono de su estrategia frente al crimen organizado que percibe en el país vecino.
Detrás de esta ofensiva judicial y política hay varios mensajes. El primero, y quizá el más inquietante, es la apertura implícita a una mayor injerencia en territorio mexicano. La retórica de Donald Trump ha sido constante desde el inicio de su mandato: la idea de intervenir directamente contra los carteles, incluso sin el consentimiento del Gobierno de México, ha pasado de ser una amenaza difusa como tantas otras a una posibilidad que hay que tener en cuenta. Que estas acusaciones lleguen apenas una semana después de que se conociera la muerte de dos agentes de la CIA en suelo mexicano, cuya presencia las autoridades del país desconocían, refuerza la percepción de que la línea entre cooperación y acción unilateral entre dos aliados históricos se está desdibujando peligrosamente.
El segundo mensaje es de insatisfacción. Para Estados Unidos, nada de lo hecho hasta ahora por el Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad parece suficiente. Ni los operativos recientes, ni los golpes a estructuras criminales, ni siquiera la detención de grandes capos y su posterior extradición han logrado disipar la impresión de que el problema está arraigado en niveles profundos del Estado mexicano. Washington no solo exige resultados medibles en términos de seguridad; exige depuración política. Y ahí es donde el desafío se vuelve mucho más complejo para el Gobierno de México.
Si algo revela este episodio es que la narcopolítica no es una anomalía reciente, sino un fenómeno estructural. La presunta vinculación de cargos electos con el crimen organizado no puede entenderse como un caso aislado, sino como la expresión más seen de una infiltración prolongada del narcotráfico en la vida pública. Ignorar esa dimensión resultaría tan irresponsable como aceptar sin matices las acusaciones de un país extranjero.
Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva de enorme calado. Por un lado, debe defender la soberanía nacional y rechazar cualquier intento de intervención externa que vulnere el marco jurídico y político de México. No hacerlo supondría sentar un precedente peligroso en un contexto en el que Estados Unidos parece dispuesto a actuar de forma cada vez más unilateral en cualquier lugar del mundo, y en especial en Latinoamérica. Por otro lado, la presidenta mexicana no puede desestimar las acusaciones ni refugiarse en una defensa corporativa del sistema político. Hacerlo implicaría negar un problema actual que erosiona la legitimidad democrática desde dentro.
La tentación intervencionista de Washington no solo resulta inadmisible, sino que además ha demostrado históricamente ser contraproducente. Pero también lo sería una respuesta basada en la negación o el repliegue. La única salida sostenible pasa por asumir la gravedad del problema, investigarlo con rigor y depurar responsabilidades sin ambigüedades. La soberanía no se defiende negando la realidad, sino enfrentándola: si México no limpia sus propias instituciones, otros intentarán hacerlo por él. Ese es el peor escenario posible.
