Si hay un debate central que marca la campaña de las elecciones andaluzas del 17-M, ese es la “privatización”. La izquierda en bloque acusa al Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla de un deterioro intencionado de servicios públicos como la educación y la sanidad para favorecer la actividad privada en estos ámbitos. No se trata de privatización en el sentido estricto, entendida esta como el traspaso de la titularidad de un ente público, como sucedió con Argentaria a finales del pasado siglo, sino el peso creciente de entidades con ánimo de lucro para la prestación, por concierto (caso de la sanidad) o como negocio (universidades privadas o formación profesional), de servicios que eran predominantes o casi exclusivos del sector público. El PP rechaza que éste sea el caso de Andalucía.
