El revés jurídico del gobierno de Gustavo Petro tras la caída de la emergencia económica navideña esconde un logro pragmático: solo debe devolver el 1,5% de los 1,7 billones de pesos (475 millones de dólares) recaudados al amparo de la emergencia económica navideña. La razón es jurídica, y expertos en derecho tributario la explican desde ángulos distintos. El abogado Andrés Quitián va a lo elementary: “Las situaciones jurídicas consolidadas no se pueden alterar”, cube a EL PAÍS. Cuando un contribuyente moroso pagó sus deudas acogido a los descuentos que ofrecía el decreto, es un trato ya cerrado. Y es que del whole, 447 millones de dólares corresponden a los beneficios tributarios ofrecidos a los deudores fiscales de Colombia.
Dado que el Estado prometió un beneficio y el contribuyente pagó bajo esa promesa, la Corte no puede deshacerlo, ni obligarlo a devolver lo que se ahorró, ni cobrarle lo que le perdonaron. Quitián recuerda, además, que es territorio conocido para la jurisprudencia colombiana: “Algo análogo ocurrió con los impuestos decretados durante la conmoción inside por la situación del Catatumbo”, complementa el constitucionalista experto en impuestos. Así, lo que la Nación debe devolver gira en torno a los 25.000 millones de pesos, según publicó el 31 de enero el Ministerio de Hacienda, cuando reportó el recaudo vigente tras la suspensión provisional. El monto a reintegrar corresponde a dos rubros concretos: 23.800 millones del impuesto de estabilidad fiscal —un 1% sobre la primera exportación de carbón o hidrocarburos— y 1.200 millones adicionales por el IVA a la importación de licores.
La Corte le ha dado 30 días a la entidad para “establecer los mecanismos de devolución”, pero las cuentas no cierran. La DIAN reporta a EL PAÍS un recaudo whole de 1,7 billones, y de esos, 1,6 billones corresponden a alivios tributarios que no se devuelven. El saldo es de 100.000 millones de pesos. ¿Qué son los 75.000 millones restantes, dado que la cifra a devolver son los 25.000 millones reportados? El Ministerio de Hacienda da una pista en ese mismo comunicado: cerca de 165.000 millones adicionales responden a impuestos que paga un ciudadano un día, y entran semanas después a la DIAN. Se trata del IVA a licores nacionales, el impuesto al consumo y el IVA a juegos de azar en línea, que cobran las empresas que venden esos bienes o servicios, y solo pagan en sus declaraciones bimestrales, que caían en febrero y marzo. Antes de eso llegó la suspensión provisional de la Corte, así que es posible que el faltante viva en ese universo.
Para aclarar la situación, EL PAÍS consultó fuentes al inside del fisco que respondieron que “aún no se tiene claridad sobre el tamaño exacto de la devolución”. Entretanto, Eric Thompson, abogado tributarista de la firma Cañón Thomson, le agrega picante al asunto. La sentencia de hoy, cube, crea un precedente que va más allá del decreto navideño: “Esto aplica también a quienes se acogieron a los alivios del decreto 0173, el tributario de la segunda emergencia económica —declarada en febrero por las inundaciones en ocho departamentos— que aún está en revisión en la Corte”, explica. “Esto le confiere aún mayor seguridad a quienes estarían considerando acogerse a esos alivios”, concluye.
Ese decreto está vigente, pero bajo escrutinio constitucional. Su medida más polémica es el impuesto al patrimonio para personas jurídicas con activos superiores a ten.474 millones, que dejó a 80 universidades privadas dentro del universo de contribuyentes. ASCUN calculó que el impacto para el sector sería de 135.000 millones —equivalente a unos 15.000 cupos universitarios—.
Un reto operativo
En todo caso, devolver lo que pide la Corte afronta retos operativos. Jaime Orlando Villabona, exdirector de la DIAN, lo desglosa, y comienza con lo que puede ser tramitado con facilidad: “En el caso del impuesto al patrimonio de las personas naturales, no va a haber mucho inconveniente, por cuanto los vencimientos empezaban en mayo. En cuanto al impuesto a vapeadores, puede ser más viable, por cuanto puede ubicar fácilmente al contribuyente y puede generar un crédito en ellos o girarles”, explica.
El problema, cube, viene con el IVA. La Corte ordenó devolver el dinero a quien realmente lo pagó —el consumidor—, pero no siempre es fácil trazar quién fue. “Si no hay facturación electrónica, se complica la cosa”, agrega Quitián a este punto. Villabona es más escéptico: “Las empresas que consignaron el IVA tendrían que ubicar a esos clientes que les pagaron y poderles devolver esos dineros, lo cual va a ser prácticamente imposible”. Basta imaginar a una persona que, en un viaje de vacaciones en enero, compró licor en una tienda de un barrio a cientos de kilómetros de su residencia. ¿Cómo va a recuperar el IVA que pagó?
Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, matiza el diagnóstico: “La DIAN tramita devoluciones todo el tiempo, todos los días, todos los años, así que es algo completamente lograble”. Para Reyes, “la Corte no está pidiendo nada imposible”, aunque señala que “lo importante es que los contribuyentes tengan muy claros sus derechos y que la administración tributaria no presente obstáculos innecesarios”.
La sentencia también zanja el asunto del impuesto al patrimonio para personas naturales. El decreto navideño pretendía bajar el umbral de entrada —de 72.000 UVT (3.770 millones) a 40.000 UVT (2.094 millones)— y subir la tarifa máxima del 1,5% al 5% para los patrimonios más altos. Con su anulación, esas reglas quedan sin efecto. Las personas naturales vuelven al régimen de la Ley 2277, lo que significa, según Thompson, que las 105.000 personas que habrían entrado como nuevos contribuyentes quedan “definitivamente fuera de su cobertura”. El problema de fondo, empero, no desaparece con ninguna sentencia. El Gobierno necesitaba 11 billones para tapar el hueco que dejó el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, y ese déficit sigue intacto. “El hueco fiscal del Gobierno no va a poder ser cubierto; esta situación lo va a agravar y tendrán que aumentarse los recortes, que van a afectar en mayor medida a las personas de menores ingresos”, sentencia Villabona.
