Tras firmar en la pasada legislatura tres presupuestos generales del Estado consecutivos, María Jesús Montero traspasó el pasado viernes la cartera del Ministerio de Hacienda a Arcadi España sin lograr cumplir su objetivo de presentar un nuevo proyecto de cuentas públicas para este 2026, que sería el primero de esta legislatura. Y sin que se haya despejado el horizonte para revertir la situación de prórroga presupuestaria que el Gobierno padece desde el 2023.
El mismo martes en el que se celebró el último Consejo de Ministros antes del paréntesis de la Semana Santa expiró, precisamente, el último plazo que se habían propuesto tanto Pedro Sánchez como Montero para presentar las nuevas cuentas públicas en el primer trimestre de este año. Y el ya remodelado Ejecutivo, ahora con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y con Arcadi España como titular de Hacienda, evitó a toda costa pillarse los dedos fijando un nuevo plazo.
El proyecto es rehén de la situación económica derivada de la guerra y de la falta de mayoría
Cuerpo y España tomaron posesión de sus cargos garantizando que el Gobierno presentará unos nuevos presupuestos para este mismo año –como hacía Montero hasta su marcha–, pero ya sin comprometerse con fecha alguna. El estallido de la guerra de Irán, el pasado 28 de febrero, fue el argumento al que se aferró Montero para sortear el plazo del primer trimestre del año para presentar las cuentas públicas. En su lugar, el Ejecutivo se afanó en poner en marcha un plan de respuesta ante el conflicto bélico, con 80 medidas –sobre todo rebajas fiscales– por valor de 5.000 millones de euros. El decreto ley que lo articula fue convalidado el jueves de la semana pasada por el Congreso –con el apoyo de Junts y la abstención de Podemos– y estará tres meses en vigor. Pero son precisamente Junts y Podemos las formaciones que, hasta ahora, han impedido que el Ejecutivo pueda vislumbrar una mayoría que dé luz verde a unos nuevos presupuestos.
Montero tuvo que precipitar su salida del Gobierno ante la convocatoria de las elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo –en las que concurrirá como candidata del PSOE–, sin llegar a encontrar la “ventana de oportunidad” en la que confiaba, para poder presentar los nuevos presupuestos, con el eventual regreso a Catalunya de Carles Puigdemont, una vez le alcanzara la ley de Amnistía con la que arrancó la legislatura. Pero el expresidente de la Generalitat sigue en Waterloo, mientras la incógnita sobre la duración de la guerra en Oriente Medio mantiene en el aire todas las previsiones económicas y fiscales.
Y a este incierto panorama geopolítico se sigue agarrando el Gobierno para mantener por ahora sin plazo previsto de presentación el proyecto de los presupuestos generales del Estado, que habría de amoldarse, en su caso, a la nueva realidad económica. Así lo justificó el pasado martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, al término del primer Consejo de Ministros en el que ya participaron Cuerpo como vicepresidente primero y España como titular de Hacienda.
“El Gobierno va a presentar los presupuestos. Debe presentarlos y los vamos a presentar”, insistió Saiz. “Pero los presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos como de gastos. Y estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial”, alegó. “Es importante que los presupuestos reflejen la realidad y se adecuen a este contexto. Y por eso nos estamos tomando unos días, unas semanas, no solo para evaluar cómo va afectando la guerra a la situación económica sino también para medir el impacto de las medidas que se han puesto en marcha y que acaban de entrar en vigor”, insistió.
La ministra portavoz puso así el acento en el despliegue del “escudo social más importante de la Unión Europea, de más de 5.000 millones de euros”, para tratar de paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán, “para tres millones de empresas y 20 millones de ciudadanos” en España. “Confirmo que presentaremos unos presupuestos, pero este importante paquete se ha puesto en marcha con un presupuesto prorrogado”, advirtió Saiz. El Gobierno quiere así garantizar que, aunque siga con las cuentas públicas prorrogadas desde el 2023 por falta de apoyos parlamentarios, sí tiene capacidad y recursos económicos para proteger a la ciudadanía y a las empresas ante las disaster sobrevenidas, como esta de Oriente Medio, aún de muy inciertas consecuencias.
“Tranquilidad –demandó Saiz–, tener unos presupuestos prorrogados no está siendo un problema para desplegar medidas del calado de 5.000 millones de euros que ya están teniendo efecto directo en los bolsillos de los ciudadanos”.
