El Consejo de Ministros aprobó ayer blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de una reforma del artículo 43 de la Constitución. Con el informe favorable del Consejo de Estado, que ve “constitucional” reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva, el Gobierno prosigue en su empeño, pese a que todo apunta a que la iniciativa quedará en papel mojado.
La previsible negativa del PP a apoyar esta reforma constitucional impediría su aprobación, toda vez que requiere de una amplia mayoría en el Congreso y el Senado para salir adelante de forma definitiva. Pero el Gobierno no está dispuesto a tirar la toalla y busca poner en un aprieto a la formación de Alberto Núñez Feijóo, ahora en plenas negociaciones con la ultraderecha de Vox para sellar los acuerdos de investidura en tres comunidades –Extremadura, Aragón y Castilla y León– y con las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo ya a la vuelta de la esquina.
La reforma busca contrarrestar un dato clave, ya que la mayoría de los abortos en España se practican hasta la fecha en la sanidad privada. Las estimaciones señalan que apenas el 20% se realizan en centros de titularidad pública. En Cantabria, Galicia, La Rioja o Navarra llegan hasta al 60%, y en Catalunya al 55%, pero es prácticamente testimonial en Madrid o Andalucía, con apenas un 1%. La mayoría de las intervenciones se derivan a clínicas privadas.
Y esto puede ir a más con el regreso de Vox a los gobiernos autonómicos, según argumentan desde el Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, resaltó ayer que con esta reforma constitucional se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección “frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco”.
El Ejecutivo alerta de los “riesgos reales de involución” ante las políticas de Ayuso y la ultraderecha de Vox
“No está en riesgo la libertad de las mujeres para abortar, pero sí el ejercicio actual y efectivo en todo el territorio nacional”, puntualizó a su vez la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante el “movimiento extremely reaccionario que ha puesto en la diana” este derecho. “Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque es la prestación en la cartera básica de servicios de la sanidad pública donde está el riesgo”, alegó la titular de Igualdad.
Redondo recalcó que se trata de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, lo que en todo caso “exige mayorías cualificadas y grandes consensos” de tres quintos del Congreso y del Senado. La ministra recordó que si la reforma no consigue esta mayoría cualificada en el Parlamento, cabría la posibilidad de configurar una comisión paritaria del Congreso y el Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes en este caso con los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
La ministra de Igualdad confió no obstante en que todos los partidos políticos, y también el PP, “estén a la altura” de lo que solicita “una inmensa mayoría que avala la interrupción voluntaria del embarazo”. Según los datos del Gobierno, siete de cada diez españoles están a favor de la ley de plazos del 2010 que se aprobó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, “y una amplia mayoría estaría a favor de incluir el aborto en la Constitución”.
El objetivo del Ejecutivo, por tanto, sería trasladar ahora ese apoyo social a la mayoría parlamentaria que habría de aprobar la reforma, inviable sin la concurrencia del PP. En la Moncloa, no obstante, advierten que “las derechas han obstaculizado los avances en los derechos de las mujeres y los han aceptado solo pasivamente cuando las fuerzas progresistas los han impulsado”. Recuerdan así que la Alianza Standard de Manuel Fraga ya votó en contra de la ley de supuestos de 1985 impulsada por el Ejecutivo de Felipe González, y el PP también se opuso la ley de plazos de Zapatero del 2010 y la reforma acometida en el 2023, ya durante el mandato de Pedro Sánchez. “Con la presión de Isabel Díaz Ayuso y la ultraderecha de Vox, los derechos conquistados corren hoy más peligro que nunca”, alertan.
El presidente de la Conferencia Episcopal denuncia “un cambio constitucional en favor de la muerte”
En última instancia, el PP y Vox acaban de acordar en el Ayuntamiento de Elx una moción que reclama al Gobierno la derogación de la ley del aborto, según recordó la ministra Redondo, para justificar que “hay un riesgo actual” de regresión.
El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, advirtió que la reforma aprobada por el Gobierno es un cambio constitucional “en favor de la muerte”, con el que el Ejecutivo utiliza a las mujeres como “coartada ideológica”. Argüello defendió que el Ejecutivo debería blindar “el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad en este invierno demográfico”.
Redondo: “Hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia
Pese al permanente escenario de confrontación política, Gobierno y PP pactaron en esta legislatura una reforma de la Constitución: la del artículo 49, para blindar los derechos de las personas con discapacidad y eliminar el término “disminuido”. En cambio, la posibilidad de que la reforma del artículo 43 de la Constitución salga adelante, para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, es muy remota, ante el rechazo del PP a avalarlo. El Gobierno, no obstante, va a utilizar esta iniciativa como arma política y electoral contra la formación de Alberto Núñez Feijóo, ahora en plenas negociaciones autonómicas con Vox. Con la particularidad de que Francia ya incluyó en su Constitución el derecho al aborto en el 2024, lo que aprovechó la ministra Ana Redondo para presionar al PP. “Hasta Marine Le Pen votó a favor”, advirtió Redondo. El Ejecutivo está convencido de que esta iniciativa para “atajar riesgos reales de involución” en el derecho al aborto cuenta con gran respaldo social, también entre las mujeres votantes del PP. Y quiere apretar a Feijóo por este flanco. “Ahí está el dilema del PP”, apuntó Redondo. “El PP tendrá muy presente lo que se juega en esta reforma constitucional”, confió. En la Moncloa alertan además de que la experiencia internacional demuestra que el aborto “no es un derecho irreversible”. Y citan para ello los ejemplos de Estados Unidos, Polonia, Hungría, Argentina o Italia.
