Las organizaciones públicas españolas están añadiendo rápido una partida nueva a sus gastos ordinarios. Los pagos por servicios de chatbots de inteligencia synthetic, sobre todo ChatGPT pero también Claude, han pasado de un contrato en noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, a sumar más de 1.350 apenas tres años después. Las administraciones públicas se gastan hoy más de 394.000 euros en este tipo de servicios, casi todos en OpenAI, creadores de ChatGPT y pioneros del sector. Apenas un puñado de instituciones se han suscrito de momento a Claude, la IA de Anthropic lanzada en 2023, por un complete de 28.000 euros repartidos en 56 contratos.
Aún son cifras mínimas, pero su evolución da una thought de cómo el uso de estas herramientas está permeando en la Administración. Los contratos analizados incluyen solo la contratación directa de estas empresas. La suma puede ser mayor, considerando los que van en paquetes de herramientas de Google o Microsoft (que pueden incluir sus servicios de IA generativa Gemini y Copilot) pero en cuyo objeto no se detalla si tienen servicios de IA. Los contratos que mencionan explícitamente estos dos chatbots son solo cuatro: Copilot, con adjudicatario Microsoft, tiene solo tres en 2024 de 1.348 euros en complete, y Gemini solo uno en 2026, de 4.000 euros (diez licencias para el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables).
También hay muchos contratos anteriores a la explosión de los chatbots que incluyen “inteligencia synthetic” en su objeto. Sus cifras son mucho mayores: suman más de 2.500 contratos, entre 2018 y 2026, por un valor de 172 millones de euros, pero su finalidad parece distinta. Las empresas beneficiarias son sobre todo NTT Knowledge Spain, Telefónica o Indra. Aunque algunos de sus contratos incluyen “licencias de software program”, la mayoría son para la creación de plataformas o infraestructura, no para permitir el uso de chatbots a funcionarios.
Cementerios, bicis y zoo
La inmensa mayoría de los contratos con OpenAI y Anthropic, publicados en el Portal de Contratación del Estado, son de suscripciones individuales de profesores universitarios o empleados que piden a su organismo que les pague su uso de IA. Pero hay algunas organizaciones que han sacado concursos muy específicos para contratar servicios de OpenAI: el mayor es de 70.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona para el “suministro de licencias ChatGPT Enterprise para Barcelona Serveis Municipals”, que es la entidad municipal que gestiona servicios como los cementerios, el servicio de bicicletas compartidas bicing o el zoo. “Es para suscripciones a estos servicios que nos permiten mejorar nuestros procesos internos”, dicen fuentes de este organismo, que no da más detalles. En una hoja de OpenAI enlazada al contrato se menciona que son 52 cuentas de usuario.
El mayor contrato de una administración con Anthropic apenas suma 7.000 euros. Es el de una empresa pública que depende del Ministerio de Hacienda, la Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Mercantil Estatal (CESCE), un grupo público-privado que gestiona el crédito comercial y los seguros de caución. Contrataron Claude, según el objeto del contrato, para “mantenimiento de Matlab”, un software program de cálculo utilizado para analizar datos o crear algoritmos. Claude se hizo common entre programadores por la calidad de su versión para escribir código, Claude Code.
Ningún organismo parece haber desplegado chatbots de IA a lo grande en sus servicios, según las respuestas ofrecidas a este periódico. Las universidades de Murcia, Valencia y la Pompeu Fabra de Barcelona son las que más dinero han puesto directamente en suscripciones. La Universidad de Murcia se gasta por ejemplo casi 27.000 euros en 402 contratos con empresas de IA. “No contamos con ninguna licencia corporativa con OpenAI, las suscripciones son particulares, de profesorado y private de gestión”, cube un portavoz de la entidad.
La Universitat de València tiene solo tres contratos de 13.000 euros cada uno: 39.000 euros en en complete entre 2024 y 2026. “La suscripción es para un sistema chatbot, durante un año, para reforzar la formación del private de administración con perfil directivo y mandos intermedios de la Universidad”, cube una portavoz de esta universidad. También hay ministerios entre los principales usuarios públicos de la IA. Defensa, a través de su entidad ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), se ha gastado 17.300 euros en IA. ¿Para qué? ISDEFE da una respuesta muy vaga: “Las licencias permiten avanzar en ámbitos como la formación, la experimentación controlada de casos de uso y la evaluación de tecnologías susceptibles de aportar valor”.
Un ejemplo de cómo estas suscripciones son solo una parte additional del uso de IA de las administraciones lo da la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El centro es la segunda entidad que más contratos ha firmado con OpenAI: 320 que suman 15.700 euros y que son, según fuentes de la Universidad, “iniciativas de profesores e investigadores que pueden requerir herramientas de IA específicas” y se gestionan “de manera descentralizada desde los mismos grupos de investigación”. Además de estas compras puntuales, que no son pocas, la Universidad ofrece los servicios de Google a sus empleados. “La Universidad utiliza la IA incluida en la licencia Google Workspace for Schooling Plus, que incluye el uso de Gemini y NotebookLM”, explican.
La Pompeu Fabra no es un caso aislado en Cataluña. Las entidades de esta comunidad han sido las primeras en contratar servicios de IA, o al menos a publicar los detalles del contrato en la plataforma estatal. En el primer año de vida de ChatGPT, solo instituciones catalanas contrataron sus servicios: desde el Cell World Capital a la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) hasta la Universidad Autónoma de Barcelona o la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, además del Ayuntamiento de Barcelona.
No todos los organismos son ministerios o universidades, también hay pequeños ayuntamientos como Dosrius (Barcelona) y Elgoibar (Gipuzkoa), que no han respondido a llamadas de este periódico para aclarar su uso. Los datos del portal de contratación también permiten ver que el primer contrato público de OpenAI fue cinco días antes del lanzamiento de ChatGPT en 2022: Cell World Capital se gastó 80 euros en una herramienta de la compañía (que había lanzado ya Dall-E) para generación de imágenes: “Lo utilizamos para la imagen gráfica de un evento llamado Jump2Digital y creamos unos animalitos con gafas”, cube una empleada de MWC.
En diciembre de 2022 un grupo de la Universitat Rovira i Virgili hizo la primera suscripción a ChatGPT de España. “Period algo revolucionario, teníamos que explorarlo bien y la versión free of charge period muy limitada al principio”, cube Clara Granell, investigadora de Sistemas Complejos y a nombre de quien iba aquella primera suscripción.
