El fin de la ‘golden visa’ no frena ni el precio de la vivienda ni el apetito inversor internacional

“La golden visa, no period el problema de la vivienda. Su eliminación no ha tenido impacto en los precios”. Así lo asegura Juan Carlos Lois socio de Movilidad Internacional de la consultora especializada en asuntos legales, fiscales y financieros RSM, en base a un análisis realizado tras un año desde que el Gobierno español suprimiera ese instrumento financiero que permitía la adquisición del permiso de residencia ligado a inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros.

El 3 de abril de 2025, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendía la decisión del Ejecutivo argumentando que perjudicaba el “derecho a la vivienda” de los ciudadanos españoles y los detractores de la medida argumentaban que period uno de los motivos que presionaban al alza los precios de la vivienda.

Lo cierto es que, analizados los datos, el impacto en los precios period menos impactante de lo que podría parecer, ya que sin la medida en vigor, estos escalaron un 12,7% en el año 2025, su mayor alza en casi dos décadas. “La derogación de la golden visa en España no ha logrado contener el encarecimiento de la vivienda ni ha corregido las distorsiones del mercado inmobiliario. Los precios han seguido subiendo tras su eliminación, confirmando que este instrumento tenía un impacto marginal en el mercado residencial”, confirma Lois.

Tampoco ha desincentivado el atractivo de España como destino de la inversión inmobiliaria internacional, que en 2025 escaló un 30%, en volumen de transacciones, hasta 17.000 millones de euros.

Sin embargo, según el análisis realizado por la consultora, la medida sí ha generado un nuevo problema: un vacío jurídico y administrativo que dificulta la llegada y regularización de inversores legítimos. “Se eliminaron instrumentos que no estaban causando el problema que se pretendía resolver y no se diseñó una alternativa para estos perfiles. Ha creado dificultades prácticas para perfiles inversores que antes tenían un marco claro y previsible”, señala Margarita Volkova, supervisor del departamento de Movilidad Internacional de RSM.

Desde esta consultura, consideran que la forma en que se articuló la derogación, con errores técnicos que dejaron sin cobertura supuestos esenciales, como el de menores no nacidos en España también ha generado problemas. Cita como ejemplo, que muchos expedientes ligados a la golden visa fueron trasladados al régimen normal, incrementando la carga de trabajo de las Oficinas de Extranjería y dando lugar a criterios desiguales entre territorios. “La falta de homogeneidad administrativa ha añadido incertidumbre a familias que estaban tramitando su residencia de manera common”, explica Lois.

Aunque la Unidad de Grandes Empresas emitió criterios claros en materia de renovaciones, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito consular ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Se han dado casos de visados bloqueados pese a existir resoluciones de residencia ya aprobadas, lo que resulta difícil de justificar desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, añade Lois.

Desde RSM explican que en la práctica, el espacio que deja la golden visa se está cubriendo cada vez más por la figura del visado de teletrabajadores internacionales (Digital Nomad). La tendencia es seen, aseguran, en las cifras de tramitación. “Un número creciente de perfiles se está reorientando hacia esta vía, no como un “atajo”, sino como una adaptación pure del mercado ante el nuevo marco. En muchos casos, se trata de profesionales internacionales con capacidad económica y proyectos estables que, hace un tiempo, habrían valorado la golden visa y que hoy encajan, por estructura laboral y fiscal, en el esquema del teletrabajo”. 

En definitiva, la demanda de residencia no desaparece: se reorganiza, y el sistema la está absorbiendo a través de categorías que hoy ofrecen mayor previsibilidad.

“Mientras otros países europeos han reformulado en 2025 sus programas de residencia por inversión, limitando el impacto inmobiliario y orientándolos hacia proyectos estratégicos, España optó por eliminar el sistema sin ofrecer una alternativa”, denuncia la consultora.