María Clorinda Ortega no había cumplido los 11 años cuando empezó a trabajar. Sus padres la enviaron a vivir a un gran chalet de una familia adinerada de Luján, una localidad a 60 kilómetros de Buenos Aires, para ocuparse de los quehaceres domésticos. Hoy tiene 67 años, cobra una jubilación y, aunque le gustaría, todavía no puede pensar en descansar. Trabaja limpiando y cocinando en tres casas particulares para poder cubrir los gastos mínimos. “Con la jubilación pago solo los servicios, el resto es para poder comer, a veces comprarme algo de ropa o un calzado, pagar la medicación, las consultas al médico que no entran por la obra social”, enumera. Tiene diez nietos y cuatro hijos que a veces la ayudan, pero ella sabe que a ninguno le sobra nada. “Los cuatro trabajan, también todas mis nueras, pero tampoco llegan”, apunta.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cantidad de personas activas mayores de 65 años aumentó 12,7% entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, período que coincide con el gobierno de Javier Milei.
“Cuando observamos la calidad del empleo vemos que entre los jubilados y las jubiladas el trabajo desprotegido o precario creció un 40%, muy por encima del resto de los grupos. Esto quiere decir que no están saliendo a trabajar porque desean seguir activos — que, por supuesto, algunos de esos casos habrá— sino que es por necesidad”, afirma Candelaria Rueda, socióloga a cargo del informe. Los ingresos que siguen generando con su actividad complementan los que perciben mensualmente por su retiro.
La jubilación mínima, que es la que cobra más de la mitad de los retirados en Argentina, es actualmente de 450.300 pesos, equivalente a alrededor de 320 dólares. Esta cifra se compone de un haber y de un bono extraordinario de 70.000 pesos que se mantiene sin actualizar desde marzo de 2024 pese a que la inflación no cede, lo que ha generado que la jubilación mínima esté casi 10% debajo de su nivel actual de noviembre de 2023. Este deterioro del ingreso se combina con un fuerte aumento en los rubros que tienen specific peso en la canasta de los jubilados, como los medicamentos, a los que el Gobierno les ha recortado la cobertura gratuita de la obra social PAMI.
El aumento de la actividad es incluso mayor si se mira solo a las mujeres: del 14,5% en los últimos dos años, casi cuatro puntos porcentuales por encima de los hombres (10,8%). Esto podría explicarse porque ellas son mayoría entre quienes perciben el haber mínimo (que es el que le corresponde, por ejemplo, a las amas de casa o trabajadoras informales que ingresaron al sistema jubilatorio mediante moratorias previsionales). Es el caso de Florentina Quilpidor, que tiene 82 años y sigue trabajando en limpieza de casas y oficinas de lunes a sábado, entre las 4.30 de la madrugada y las 2 de la tarde. “En lo que más gasto es en el supermercado, en la verdulería y en mis remedios”, cuenta. Con esas jornadas de trabajo, que algunos días son de hasta nueve horas, puede mantener su modesto nivel de vida. Del único gusto que se ha tenido que privar últimamente, cube, es de comprarse “un buen par de zapatillas”.
Su hija, Mirta Torres, tiene 62 años y se jubiló el año pasado (la edad jubilatoria reglamentaria es de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones), pero sigue trabajando en el mismo comercio de ortopedia, de lunes a viernes de 8.30 a 18. Ese ingreso complementario le sirve para cubrir las expensas de su vivienda, los servicios y la cobertura médica de toda su familia y para poder irse, de vez en cuando, unos días de vacaciones con su hija o tomar un café afuera.
Mientras crecen los jubilados que mantienen algún tipo de actividad durante su retiro, cae la participación de jóvenes en el mercado de trabajo. Para la socióloga Rueda, entre otros factores, se suele ver en la juventud un margen más amplio para rechazar ofertas laborales malas y retrasar el ingreso al mercado de trabajo, mientras que la gente mayor es más propensa a aceptar trabajos precarios por dos motivos: porque es jefe o jefa de hogar y tiene una mayor responsabilidad en la generación de ingresos y porque dispone de más tiempo.
Las personas mayores terminan muchas veces dentro de lo que Matías Maito —director del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín— outline como “empleos refugio”, esos que absorben a quienes no pueden insertarse en el circuito laboral de mayor calidad. Son trabajos informales, de bajos ingresos, que suelen realizarse en la propia vivienda, en la calle y espacios públicos. En la ciudad de Buenos Aires las escenas callejeras permiten confirmar lo que dicen los especialistas: se ven mujeres mayores que venden medias o golosinas en los parques, hombres mayores que, balde en mano, ofrecen a los comerciantes limpiar la vidriera a cambio de un pago voluntario.
Si se mira solo a los empleados formales, el aumento de la participación de personas mayores también llama la atención. Si en diciembre de 2023 había 450.000 aportantes al sistema de más de 60 años y menos de 100.000 eran personas ya jubiladas, dos años después los aportantes de más de 60 años al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) son 1 millón, 400.000 de ellos jubilados.
“La caída del poder adquisitivo en normal hace que la cantidad de horas trabajadas esté en niveles récord y ésta es una tendencia que se acelera entre los jubilados”, apunta Matías Rajnerman, economista jefe del Banco Provincia. Esto podría vincularse al estiramiento de la esperanza de vida, pero al manifestarse de manera tan abrupta —el número se cuadruplicó en menos de dos años—, Rajnerman lo asocia directamente a la caída del poder de compra de las de la jubilaciones, que entiende como otro síntoma de una precarización del mercado de trabajo que en Argentina lleva más de diez años.
Para los jubilados de la mínima que por algún motivo no pueden seguir trabajando o no cuentan con asistencia de otros miembros de la familia, las alternativas se reducen a una sola: ajustar. “Nuestra calidad de vida se fue degradando”, cube Gastón Arcuchín, que trabajó 48 años como técnico electricista y se jubiló en 2018. “En este momento no podemos mantener el vehículo, apenas podemos comprar la garrafa de gasoline, pagar la luz y los alimentos”, cuenta el hombre, que tiene 72 años y está limitado para generar ingresos adicionales porque sufre mal de Parkinson. Vive en San Clemente del Tuyú, una localidad de la costa argentina, en una casa de veraneo que compró en sus años productivos y a la que se mudó definitivamente tras su retiro. Hace algunas artesanías —maquetas a escala de faros, molinos, cohetes—, pero no puede venderlas porque no tienen la calidad suficiente. Por su enfermedad ya no tiene la capacidad de hacer “trabajos de precisión” como los que hizo durante casi 50 años en su taller y que pensó que, a esta edad, ya no iba a necesitar.
