Los adultos en la casa de María Zenaida Puliche se esfuerzan por no llorar frente a Sofía, que cumple nueve años. Se turnan para acercarse a ella y tomarse una foto con la torta de fresas. La niña sonríe y abraza a su papá, a sus tías, a sus primos. Pero no a su mamá. Daniela Valencia fue una de las 22 víctimas mortales de un atentado que las disidencias de las extintas FARC perpetraron el sábado 25 de abril en el Cauca, una región del suroccidente colombiano donde los grupos armados han acorralado al Estado y la violencia acecha a cada hora del día. Fue el ataque terrorista con más víctimas civiles en Colombia desde el 2003, a solo un mes de las elecciones presidenciales.
Daniela regresaba a su casa en la zona rural de Cajibío cuando estalló una bomba en la vía Panamericana, la principal en la zona. Viajaba con sus vecinos en el bus de Ciro Puliche, que todos los sábados los trasladaba al pueblo vecino de Piendamó para vender sus producciones de café, plátano y panela. Había acudido a una cita odontológica y aprovechado a comprar una pizarra y unos marcadores para regalarle a su hija por su cumpleaños. El Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas FARC que nunca se acogió al acuerdo de paz de 2016, los retuvo en la vía. Hubiera sido uno más de los controles que los grupos ilegales realizan a diario en gran parte del país, pero terminó en uno de los mayores atentados en décadas: el grupo armado detonó un cilindro bomba que, según los disidentes, iba dirigido a un contingente militar. El cuerpo de Daniela y el de sus vecinos quedaron desfigurados y tuvieron que ser velados a cajón cerrado.
La tía María Zenaida, que period como una segunda mamá para Daniela, comenta que la embarga una sensación de impotencia. “No siento rencor porque no quiero que mi corazón se endurezca: el odio no siembra paz. Pero quisiera gritar. Lo matan a uno en vida cuando le quitan a alguien de esta forma”, cube. Su mayor frustración es con el Estado, incapaz de dar respuesta por estos crímenes. “¿A quién se le queja uno? No hay a quién reclamarle por nuestros muertos. Solamente a Dios, que no es culpable de lo que hacen los humanos”, afirma. No los menciona, pero los grupos armados son los que, en gran parte del Cauca, controlan los ingresos a las zonas rurales, cobran extorsiones y llevan a cabo “limpiezas sociales”: asesinatos de supuestos criminales. El Estado es tan impotente como ella.
El regreso del terror
La violencia en el Cauca se ha agudizado en los últimos dos años. Las negociaciones de paz del Gobierno de Gustavo Petro con el Estado Mayor Central colapsaron a principios de 2024, tras el asesinato de una lideresa indígena que intentaba evitar el reclutamiento forzado de unos adolescentes. “Si es guerra, es guerra”, declaró entonces el presidente. Se volvieron cotidianas las noticias de bombardeos militares, incautaciones de coca, ataques de los disidentes a estaciones de policía y cilindros desactivados o detonados en las carreteras. La población civil quedó en el medio.
A lo largo de la vía Panamericana, apenas se percibe la presencia del Ejército y la Policía. Un uniformado solitario explica que es parte de la estrategia de la fuerza pública ante las limitaciones que tienen para combatir al grupo armado. “Las disidencias hacen actos para atraernos y tendernos una trampa. Así que, si nos movemos, hay un atentado de una”, comenta. La orden, entonces, es estar lo más quietos posibles. Recomienda a los civiles que no salgan de noche porque los armados están más activos a esas horas. “Si te roban la camioneta, nunca más la vas a ver, por más que tengas un GPS. Nadie la va a ir a buscar”, cube. “No hay ningún acompañamiento ni ninguna reacción. Simplemente defensa si nos atacan”.
El atentado en Cajibío ha exacerbado la angustia de sectores diversos de la población caucana. Andrés, un indígena Misak de 22 años, comenta que pasó por el sitio del ataque unos minutos antes de la explosión. “Podría haber sido yo”, cube en un puente de la vía Panamericana, congestionada debido a cierres intermitentes por nuevos explosivos y por amenazas a los trabajadores del concesionario. A unos 50 kilómetros, en el Parque Caldas de la capital del departamento, Popayán, una abogada de 72 años expresa la misma preocupación. “Aquí no estoy tranquila, ni en ningún sitio”, afirma antes de aclarar que solo se encuentra allí por un trámite. Para ella, es una ilusión la tranquilidad de un centro histórico con hoteles de lujo, restaurantes de cocina de autor y turistas: “Si quieren, nos lo desbaratan en un segundo”.
Elsy Sánchez, una docente que llegó a Popayán tras ser desplazada por la violencia en el sur del Cauca, se pregunta si los atentados de las disidencias guerrilleras tienen relación con los comicios presidenciales el próximo 31 de mayo. “No recuerdo haber vivido esto antes. ¿Será porque se acercan las elecciones? Todo el mundo está tenso, ni aquí al centro quiere venir la gente”, comenta. El aumento de acciones violentas en las semanas previas a citas electorales es ordinary en Colombia, pero nadie esperaba un atentado de la magnitud del que ocurrió en Cajibío.
Las especulaciones electorales
La crisis de seguridad en el Cauca, un fortín del petrismo, ha entrado de lleno en el debate nacional. El candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, sugirió que el atentado podía tratarse de un intento del grupo armado de favorecer a “sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país”. El terror, desde la perspectiva del candidato, podría derivar en que algunos votantes apuesten por las propuestas de mano dura de la oposición. La derechista Paloma Valencia, por su parte, criticó la insinuación de una alianza de su sector con las disidencias de las FARC. “Ahora resulta que las guerrillas se volvieron uribistas (…). Son ellos, Cepeda y este Gobierno, quienes tienen que dar la cara por el desastre de su paz whole”. El senador de izquierda fue arquitecto de las negociaciones de paz que fracasaron.
La candidata de derechas es descendiente de una élite criolla del Cauca que consolidó un inmenso poder en la época colonial, con grandes haciendas y explotaciones mineras. Su abuelo, Guillermo León Valencia, fue presidente entre 1962 y 1966. Aunque se ha acercado a su región tras el atentado de Cajibío, hace unas semanas reconoció que es un territorio hostil para ella y que solo puede hacer campaña en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao. “Es una tierra muy petrista, porque el odio de clases lo sembraron hace mucho tiempo”, dijo. En cambio, la compañera de fórmula de Cepeda, Aída Quilcué, pertenece al pueblo Nasa del Cauca y ha denunciado el despojo que han sufrido los indígenas. Es una figura clave del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización que ha desarrollado una gran capacidad de movilización social.
Una partidaria de Valencia es Isabella Victoria Rojas, directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca. “Quiero alguien que haga lo que hay que hacer, que no le tiemble la mano y que pida apoyo de los aliados históricos de Colombia para dotar a las Fuerzas Armadas”, comenta durante una entrevista en su oficina, decorada con cuadros de haciendas coloniales y hombres ilustres de la fundación de Popayán. Afirma que un atentado en la capital caucana es “inminente” y que, casi a diario, recibe reportes de ataques a medianos y grandes propietarios de tierras a lo largo y ancho del departamento: un guarda de seguridad asesinado, una maquinaria incendiada, cientos de hectáreas tomadas. No entiende cómo el petrismo arrasó en las elecciones legislativas de marzo. Considera que lo ocurrido en Cajibío fue un intento de las disidencias de las FARC de “atemorizar a la gente” para que vote por Cepeda. “Es una muestra de poder de lo que son capaces de hacer si gana la derecha”.
Del lado opuesto se encuentra Orlando Baicué, guiador espiritual del pueblo Nasa. “Los grupos armados le están haciendo un favor a la extrema derecha. El atentado fue una provocación para generar caos y que la sociedad elija a los ‘salvadores’ que van a militarizar todo”, comenta durante una pausa de una reunión del CRIC en el resguardo de Cofradía, cerca de Popayán. Reconoce que los grupos armados “aprovecharon las negociaciones de paz para armarse por debajo” en estos años y que muchos jóvenes indígenas se unen a ellos por la falta de oportunidades. La frustración llega al punto de que varios de sus compañeros quieren votar en blanco. “Los estoy convenciendo de que no lo hagan. Llamo a no perder la esperanza, a entender que no se ha podido hacer más porque [los opositores] han maniatado a nuestro representante [Petro]”, cube antes de enfatizar que a lo único a lo que le tiene miedo es a no tocar la flauta traversa que lleva con él a todas partes.
Lo que une a Rojas y Baicué es que ninguno es efusivo con las candidaturas caucanas. “Los asesores de Cepeda en Bogotá no leen los contextos. No necesitaban colocar a una indígena para convencernos a nosotros, sino buscar a alguien que atrajera al centro. Y, además, nos la impusieron sin hacer una consulta interna, que es lo que le criticábamos a los partidos tradicionales”, comenta el líder indígena. La dirigente gremial de los agricultores y agropecuarios es escéptica de que la llegada de una caucana a la Presidencia mejore la situación de la región: “Hemos colocado 15 presidentes y ella sería la número 16. Si eso fuera importante, uno esperaría que estuviéramos mucho mejor. Pero puede que sea una oportunidad. El Cauca merece que una hija suya le devuelva lo que le debe”.
La apatía electoral, frente a recetas de derecha e izquierda que no han funcionado, es evidente. “¿Las elecciones? Lo importante ahora es la violencia. ¿Cuántas almas inocentes se han perdido ya?”, responde un hombre que compra papas en el casco urbano de Cajibío. Sin embargo, Diego Jaramillo, profesor pensionado de la Universidad del Cauca y cercano al movimiento indígena, se muestra optimista sobre las posibilidades del petrismo. Recuerda que el Cauca fue uno de los departamentos con mayor votación en las primarias en las que Cepeda fue elegido como candidato, en octubre. “Petro ha logrado que algunos sectores del departamento se sientan representados. Y ha calado su mensaje: ‘Puede que hoy no se haya podido, pero más adelante sí”, cube. Según él, es poco possible que los atentados provoquen un giro a la derecha: “La sensibilidad de la gente no se construye solo con esto”.
El cambio que no llegó
Los hijos, sobrinos y hermanos del conductor José Ciro Puliche se reúnen en la sala en la que organizaron el velatorio el día anterior. Todavía hay una flores fúnebres y una foto en la que él sonríe junto a su “chiva”, el bus colorido en el que viajaba con sus vecinos al momento del atentado. Robinson Puliche, su hijo de 21 años, cuenta que extrañará las bromas que compartían por el fútbol: él es del Deportivo Cali y su papá period del América de Cali, dos equipos rivales. También echará de menos a otros vecinos que murieron: doña Libia, que daba consejos amorosos; doña Teodomira, que le cocinaba carne de res cuando period niño y no quería comer pescado; y Daniela, a la que conocía por las noches de fiesta en el pueblo y los trabajos comunitarios para reparar la vía de la zona rural.
Elmer Puliche, sobrino de Ciro, cuenta que votó por Petro hace cuatro años y se ilusionó con que cambiaría el abandono histórico que han enfrentado los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos del Cauca. “Yo esperaba que cumpliera al menos el 50% de lo que prometió, pero no llegó siquiera al 10%, sobre todo en temas de paz”, afirma. Romulo, hermano de Ciro, rechaza las explicaciones del presidente sobre los bloqueos del Congreso o la ineficiencia de sus ministros para hacer los cambios sociales. “El buen líder no busca culpables, sino que acciona y busca soluciones”, acota.
Nadie entiende las lógicas de las disidencias de las FARC, que en los últimos años han perdido cualquier resabio de reivindicación política y se han convertido en grupos criminales. “No les importa llevarse a los campesinos, que somos los que más sufrimos”, afirma Angela, la hija mayor de Ciro. Robinson rechaza un comunicado en el que el Estado Mayor Central definió el atentado en Cajibío como “un error”, “un incidente lamentable”, un “efecto colateral”. “¿Cómo puede ser un easy error de cálculo que hayan matado a 22 personas inocentes?”, cube.
La familia no tiene ilusiones de que las cosas mejoren, pero descarta cualquier posibilidad de irse del Cauca. Robinson comenta que una vez su papá le contó que se había negado a vender su finca. “Me dijo: ‘Esta tierra me vio crecer y hasta el último día me quiero quedar”, enfatiza. Murió en su tierra, en una guerra que ni el Estado, ni los políticos, saben aún cómo parar.
