A pesar de los anuncios, el salario mínimo en Venezuela ha quedado intacto. El incremento prometido hace semanas terminó concentrándose en un aumento de las bonificaciones, el mecanismo con el que el Gobierno chavista ha venido compensando años de depreciación del salario base. El llamado “aumento responsable” se ha traducido en 50 dólares adicionales en el principal bono que reciben los trabajadores activos y 10 dólares más para los pensionados.
Con ello, el llamado “ingreso integral” pasa a 240 dólares: 200 dólares del “bono de guerra” más 40 dólares de bono de alimentación. Los pensionados, por su parte, recibirán 70 dólares —diez más que en abril— a través del mismo “bono de guerra”. El salario mínimo, en cambio, sigue siendo el mismo: 130 bolívares, apenas 27 centavos de dólar. Y es precisamente sobre esa cifra ínfima que se calculan utilidades, prestaciones sociales, aportes a las cajas de ahorro, cuotas sindicales y otras cláusulas contractuales.
Las expectativas de un verdadero aumento han quedado desinfladas. El propio Gobierno había reconocido errores en su política económica y se esperaba que, por fin, se ajustara el salario base, congelado en 130 bolívares desde 2022. Entonces esa cantidad equivalía a 30 dólares; hoy, tras años de inflación, no alcanza ni un dólar.
Pero el problema laboral del país va más allá del monto. Las mejoras económicas que se esperaban tras el levantamiento de sanciones y la apertura a nuevos negocios todavía no se materializan. Recomponer el salario para que alcance a comprar algo más que un caramelo exige acuerdos con los empleadores —tanto privados como el Estado— que no los lleven a la quiebra al asumir los pasivos que generaría un aumento. Y, sea cual sea el incremento, el verdadero problema sigue sin solución a la vista: la inflación, hoy en niveles de hiperinflación con un 650% anualizado, continúa pulverizando la capacidad adquisitiva del bolívar.
Más allá del incremento, la presidente encargada, Delcy Rodríguez, también informó este jueves sobre los avances de la comisión de diálogo social, integrada por tres centrales obreras, dos cámaras empresariales y tres representantes del Ejecutivo. Los primeros acuerdos de esa comisión consagran justamente que el ingreso mínimo mensual de 240 dólares se pague a través de bonificaciones no salariales: una fórmula que genera enorme rechazo entre los trabajadores, pero que resulta muy conveniente para los empleadores —privados y públicos— porque no les genera cargas a futuro. Aun así, los acuerdos abren la puerta a una revisión del salario a partir de este mes de mayo, un paso que requiere que el Estado actualice los indicadores económicos formales necesarios para fijar su valor.
“Para hacer una propuesta de salario mínimo necesitamos que el Banco Central actualice los indicadores”, explica Antonio Suárez, delegado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y participante en las mesas de discusión. Hace un año, algunos dirigentes sindicales propusieron fijarlo en 200 dólares, pero ellos mismos reconocen que se trata de una propuesta a ciegas mientras no se conozcan las estadísticas macroeconómicas del país. Esos datos llevan casi una década ocultos por el Gobierno y solo han empezado a salir a la luz por la presión internacional para hacer negocios en Venezuela tras la intervención estadounidense.
Suárez añade que también se ha acordado revisar todas las escalas salariales del sector público, aplanadas por la política de bonos. Esa política ha terminado por igualar la remuneración de los empleados públicos, sin importar su tiempo de servicio ni sus méritos profesionales. Las partes se han comprometido, además, a depurar la base de datos de pensionados para distinguir entre quienes cotizaron durante años para acceder a su jubilación y quienes recibieron el beneficio simplemente por ser adultos mayores, a través de misiones lanzadas en periodos electorales.
Esas misiones han elevado la lista de receptores de bonos a más de seis millones de personas, una cifra que forma parte de la caja negra de la gestión económica del chavismo. La propia presidenta encargada reconoció hace semanas, durante su mensaje a la nación, que en Venezuela hay más pensionados que personas trabajando y aportando al sistema, una consecuencia directa de las políticas de su Gobierno.
Suárez lleva años participando en mesas de diálogo que apenas han producido resultados, pero esta vez detecta una verdadera posibilidad de avance. “Después del 3 de enero hay una nueva visión, sean cuales sean las razones. Creemos que existe una nueva disposición política para hacer las cosas”, señaló. Paralelamente a las reuniones con el Gobierno, esta semana también se han celebrado encuentros con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) bajo el mecanismo tripartito. “Hemos demostrado que, por encima de cualquier diferencia, somos capaces de reconocer la emergencia y actuar en consecuencia”, aseguró el nuevo ministro de Trabajo, Carlos Castillo, tras una reunión en Caracas hace unos días. “La unidad de todos los sectores para resolver el problema laboral ha dejado de ser un deseo y se ha convertido en una realidad tangible en estas mesas”.
Aun así, el descontento no se ha disipado ni con el aumento de los bonos ni con los nuevos acuerdos. En el sector político, diputados opositores como Henrique Capriles han rechazado que no se incrementara el salario base. “Quienes están en el poder intentan imponer la normalización de la bonificación. ¡La verdad es que no hubo aumento!”, escribió en sus redes sociales. “Nuestros trabajadores siguen sufriendo las consecuencias de la pulverización de sus beneficios laborales, la pérdida de capacidad de ahorro y la imposibilidad de cubrir lo más básico: la canasta alimentaria”.
En las calles del país, las protestas se han multiplicado este 1 de mayo, Día del Trabajador. En Caracas, el día anterior se desplegaron miles de policías y equipos antimotines para impedir que un grupo de unos 200 dirigentes, convocados por la Coalición Nacional Sindical, llegara hasta el Palacio de Miraflores. La ciudad fue bloqueada en sus principales accesos: en plena autopista se montó una tarima desde la que la presidenta encargada hizo los anuncios. Este viernes, en cambio, sí han podido movilizarse algunos grupos de trabajadores para reclamar mejores remuneraciones y lo que llaman el “salario constitucional”, en alusión al artículo 91 de la Carta Magna venezolana, que garantiza el derecho a un salario suficiente y digno, capaz de cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia.
Pero las protestas que están devolviendo a los venezolanos a las calles, tras más de un año de represión, no se limitan al tema salarial. La agenda incluye también la exigencia de elecciones y la liberación de los presos políticos que aún quedan, cuyas fotografías aparecen en pancartas. Para muchos, lo económico y lo político son inseparables: mientras la economía aprieta el bolsillo, la oposición —que sigue enfrentando al chavismo aún en el poder tras la intervención militar del 3 de enero— mantiene el reclamo de avanzar hacia una transición política. Por eso, la próxima semana los trabajadores planean marchar por segunda vez hasta la embajada de Estados Unidos en Caracas para presionar al nuevo encargado, John Barrett.
