El perdón que ofreció el chavismo con la ley de amnistía ha sido exprés y termina apenas dos meses después de su concesión. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha marcado el “fin” del proceso este jueves, asegurando que el steadiness es positivo y que ha beneficiado a 8.616 personas, todas ellas perseguidas por cuestiones políticas en Venezuela que o estaban presas o mantenían medidas diversas de privación de libertad. El anuncio lo ha hecho durante una reunión con la comisión encargada de la reforma del poder judicial, que fue encomendada a Diosdado Cabello, ministro del Inside y Justicia, jefe del aparato policial y uno de los alfiles más radicales del chavismo. La mandataria ha asegurado que habrá un camino para evaluar los casos que quedaron excluidos de la amnistía.
Los dos anuncios llegan el mismo día en el que el nuevo encargado de negocios estadounidense, John Barret, aterriza en Caracas. Barret toma el relevo de Laura Dogu para seguir implementando el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que Donald Trump quiere para el país.
“Esta ley de amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, afirmó Rodríguez. “En el Programa Convivencia Democrática y Paz —en el que algunos miembros han saltado al Ejecutivo— hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia. En la Comisión para Reforma de la Justicia Penal también”.
Gracias a la amnistía y las excarcelaciones que empezaron a multiplicarse en enero, tras la intervención estadounidense y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, salieron de la cárcel más de 600 presos políticos. Pero organizaciones como Foro Penal todavía contabilizan a 473 detenidos dentro, entre ellos 187 militares, excluidos expresamente de la norma. También aseguran que, antes de la amnistía, al menos 11.000 personas tenían condicionada su libertad por juicios políticos. Pero los casos pueden ser más.
En las cuentas algo más abultadas, que lleva la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, hay 672 personas todavía en prisión. Por su parte, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional publicó el miércoles un steadiness en el que asegura que 314 personas salieron de la cárcel a través de la ley y que otras 8.302 que estaban con medidas cautelares recibieron libertades plenas, una cuenta que coincide con la del oficialismo.
Ante las discrepancias de cifras, Rodríguez, además, anunció que pediría a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que verificase las listas de exacarcelados, pero esto no ocurrió.
Hace solo un mes, el tiempo de trabajo de esta comisión parlamentaria se había prolongado por 30 días, así que algunos diputados que la integran se han visto sorprendidos con el anuncio de Rodríguez.
La ley de amnistía fue aprobada el 20 de febrero. Desde el chavismo fue presentada como un perdón en episodios muy concretos de violencia política, ocurridos entre 1999 y 2026, pero sujeto a 13 períodos de protesta específicos en ese lapso.
En su aplicación ha dejado a cientos de excluidos, en specific los venezolanos que están en el exilio y que, en muchos casos, se fueron bajo amenazas y desconocen si hay procesos abiertos contra ellos. Explícitamente excluye además a quienes hayan promovido agresiones militares extranjeras, la letra pequeña de la ley que el chavismo ha dedicado a la líder opositora María Corina Machado, de quien la presidenta encargada dijo que tenía que responder por sus actos si retorna al país.
Los activistas por los derechos de los presos han criticado que el proceso no ha implicado el reconocimiento del daño de personas judicializadas por razones políticas y que no se contemplaron medidas de reparación a las víctimas ni se establecieron garantías de no repetición. En su aplicación, el procedimiento tuvo trabas al inicio y las medidas se concedieron de forma selectiva y discrecional, como en el caso de los defensores de derechos humanos Carlos Julio Rojas y Javier Tarazona, entre muchos otros, que todavía deben presentarse en tribunales.
“La amnistía ha salido muy bien”, dijo Rodríguez. “Siempre habrá voces que buscan perturbar los procesos”. La mandataria ha insistido en comparar el proceso con otros en el mundo. En otras oportunidades ha dicho que le ha pedido a la inteligencia synthetic ayuda para sus valoraciones. Hoy, al anunciar el fin de la amnistía, lo ha repetido: “He hecho comparaciones que colocan esta ley de amnistía en un lugar muy alto, comparada con la de Sudáfrica, que duró siete años. O la de España, que está vigente desde 2024. Este proceso nos llevó a la reflexión y a pensar cómo corregir el rumbo a Venezuela y erradicar el odio”.
“Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial”, denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
