Tulia Ester denunció el pasado fin de semana a su exmarido por violencia. El lunes, fue acuchillada en el rellano de su casa cuando salía para acudir al juicio rápido que se iba a celebrar esa misma mañana en el juzgado de Violencia de Córdoba. Con ella son ya 1.359 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar estos casos en España. En lo que llevamos de año, van ya 16 víctimas mortales: el doble que las registradas en 2025 por estas fechas. Pero existe otro dato que agrava esta brutal escalada de muertes: la mitad de ellas, como Ester, habían denunciado a su agresor.
La víctima, una mujer colombiana de 64 años que llevaba 30 en España, llevaba separada 20 años de su presunto asesino, un español de 65 años. Él entró el viernes su casa con un martillo, machacó el equipo de música, la agarró por el pecho y la amenazó con destrozar el resto. El sábado fue detenido, tras la denuncia de la mujer, y puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento. Nadie pidió su ingreso en prisión; tampoco la Fiscalía. A ambos se les incluyó con calificación de “riesgo medio” en el sistema VioGén, que concede protección policial para ella. Tulia Ester rehusó la oferta de que un agente la acompañara al juicio. Su exmarido se saltó la orden de alejamiento. Los expertos saben bien que la mayoría de las víctimas no son capaces de ver el peligro mortal que corren. Pero es lamentable que la infravaloración del riesgo venga de las autoridades. A la vista del resultado, ni el riesgo de la situación period medio ni el alejamiento podía quedar en manos del agresor.
Es angustioso que con cada nuevo crimen se mire de reojo el año anterior, que se cuente con que en 2026 puedan ser asesinadas otro medio centenar de mujeres -en 2025 fueron 46 y este, la tendencia va en aumento-. Pero lo que resulta inadmisible es constatar, otra vez, que las autoridades tienen un grave problema con la protección de las víctimas que denuncian. El Ministerio de Inside recordaba tras el crimen de Tulia que el riesgo cero no existe. No es la frase más oportuna de quienes tienen que garantizar la seguridad, cuando acaban de sumarse 16 asesinatos en poco más de un trimestre. Gobiernos, jueces y fuerzas de seguridad son los responsables de evitar estas muertes. Y los datos revelan que hay muchos márgenes de mejora. Valga como ejemplo que de 102.112 casos activos en el sistema VioGén apenas 4.500 tienen pulseras telemáticas. Ninguna mujer protegida por este sistema ha sido asesinada.
Es costoso proteger. Requiere dinero, medios y mucha formación de las autoridades. Pero también que asumir con decisión la responsabilidad, actuar con todos los medios y con urgencia, con la misma valentía que las víctimas cuando denuncian.
