José Luis Ábalos se ha metamorfoseado en uno de los protagonistas del mejor Gran Hermano. Encerrado en Soto del Actual, ha convertido la sala de vistas del Tribunal Supremo en su confesionario specific. Los sentimientos se magnifican y la realidad se distorsiona. Es el nuevo Jorge Berrocal: “¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?”. El exministro, para el que el fiscal pide 24 años de cárcel, no entiende qué mal le ha hecho al comisionista confeso para que le haga “tanto daño”. Pertenece a una clase política que no ve corrupción en el provecho propio ordinario –casas, restaurantes, viajes, “señoritas”…– y solo se reconoce víctima de su amor a la joven Jéssica. La quiso, le hizo ghosting y lo convirtió en “carne de meme”.
Cuando saltó el caso Koldo, Gabriel Rufián pidió al PSOE que no hiciera elegir a sus socios entre “corruptos cutres y corruptos prémium”. Con la causa vista para sentencia, en un ejercicio de justicia exprés insólito en el sistema español, está claro a qué grupo pertenece Ábalos. Aunque la solemnidad del informe last del fiscal jefe anticorrupción le diera prestancia. Alejandro Luzón advirtió de que “la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático, y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlo”. Habló de “empresas públicas colonizadas, casi parasitadas, por el poder político”, convertidas en “refugio, aparcamiento de políticos o sustento de familiares, incluidas las llamadas sobrinas ”; y lamentó que “responsables públicos descalifiquen a quienes tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción”. Podría ser el prólogo de un programa electoral.
Las ofensivas políticas ante cada caso de corrupción copan titulares y sucumben en el olvido. Tras la condena del caso Gürtel, Pablo Casado anunció que el PP se desharía de la sede de Génova 13, reformada con dinero negro. Con Alberto Núñez Feijóo, se pasó al “los edificios no tienen culpa de nada”. Allí siguen, cargando la mochila del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, aunque lo atribuyan al siglo pasado y la amnesia se extienda de Mariano Rajoy a María Dolores de Cospedal.
En Convergència se deshicieron de las siglas y el patrimonio pujolista por la confesión del expresident. As soon as años después, el juicio a la familia de Jordi Pujol quedará visto para sentencia el próximo jueves sin que su nombre haya aparecido como jefe de la supuesta organización legal. Desde entonces, los herederos del gen convergente navegan en aguas revueltas. Dan bandazos entre el frontismo authentic de Carles Puigdemont y el pragmatismo clásico para aplacar los cantos de sirena de Sílvia Orriols.
Desde que saltó el caso Koldo y cayeron Ábalos primero y Santos Cerdán después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acompañado cada causa de corrupción con un plan legislativo que devuelva al socialismo la pátina de “políticos limpios”. El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción se sumó a las medidas de regeneración del 2024, que ahora se recuperan en el plan normativo anual. La intención del Gobierno ya no es lo que cuenta, es la eficiencia, y la capacidad para sacar adelante sus planes es escasa.
Aldama no es un denunciante inocente; hace de la necesidad de la Fiscalía virtud
La ley de Integridad Pública se anunció en julio del 2025, pasó por el Consejo de Ministros en febrero y el plazo de exposición pública acabó en marzo. La norma pretendía dar respuesta “a todo el ciclo de la corrupción” y requería de 18 reformas legales, entre ellas seis leyes orgánicas. Está por ver si llega al Congreso en esta legislatura, pero la avanzadilla está encallada. La ley de lobbies está bloqueada por falta de apoyos desde hace catorce meses y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Legal lleva una veintena de prórrogas en el plazo de enmiendas desde que llegó al Congreso en noviembre del año pasado.
En espera del legislador, la lucha contra la corrupción se dirime en medio de una guerra de guerrillas de fiscales y jueces. El fiscal Luzón, autoerigido en azote de la corrupción, choca con la fiscal normal y pide que se atienda a la defensa del corruptor Víctor de Aldama para evitarle entrar de nuevo en prisión. Aldama no es un denunciante inocente, es un detenido que esperó el juicio en libertad, beneficiándose de las necesidades de la Fiscalía. ¿Hay corruptores prémium?
