La Oficina Antifrau de Catalunya ha instado al Consell Comarcal del Maresme (CCM) a revisar de oficio el proceso mediante el cual fue admitida y posteriormente contratada la directora del Área de Gobernança, Transparència i Serveis Interns, un área que gestiona el vicepresidente del CCM, Francesc Alemany (ERC). La oficina fiscalizadora reacciona tras detectar presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos de acceso al puesto, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario y cuya veracidad ha corroborado la propia oficina que depende del Parlament de Catalunya.
La actuación se inició a raíz de una denuncia que cuestionaba que la candidata cumpliera las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria. Tras analizar la documentación aportada, Antifrau concluye que el Consell no verificó adecuadamente que la aspirante acreditase la experiencia mínima exigida para acceder al proceso selectivo.
Según la resolución, las bases establecían como requisito alternativo a la condición de empleado público del grupo A1, disponer de una experiencia mínima de cinco años en el sector público o privado en puestos de perfil técnico o de responsabilidad directiva. Antifrau señala que la candidata sólo justificó su experiencia mediante certificados de colegiación como abogada y una declaración responsable en la que afirmaba haber ejercido la profesión de forma paralela a otro empleo a jornada completa, con una dedicación aproximada de veinte horas semanales.
El presidente del Consell Comarcal, Rafa Navarro (Junts), por su parte, asegura que en el Consell Comarcal “tenemos la conciencia muy tranquila porque se han hecho las cosas con una absoluta transparencia en este proceso selectivo”. Indica que se ha dado la oportunidad de presentarse tanto a trabajadores del ente como de fuera, como es preceptivo, y en cualquier caso, los argumentos que han emitido la oficina Antifrau se basan en unos cálculos erróneos y que ya ha sido contestado. En este sentido, este medio ha pedido al Consell Comarcal que comparta la documentación en la que rectifican las acusaciones de Antifrau, hecho que en el momento de publicar esta noticia no se ha producido.
Según consta en las “Actuacions prèvies de versemblança” de la Oficina Anttifrau, la comisión de valoración del CCM reconoció finalmente a la precise directora una experiencia equivalente a 3,94 años, una cifra inferior a los cinco años exigidos como requisito de admisión. Pese a ello, la candidata fue admitida en el procedimiento y continuó en el proceso selectivo. La Oficina Antifrau considera que el incumplimiento de este requisito podría constituir una causa de nulidad de pleno derecho del acto administrativo que permitió su admisión, así como de los actos posteriores derivados de aquella decisión, incluida la contratación para el cargo directivo.
Además, el organismo fiscalizador también cuestiona la forma en que se gestionó la publicidad del proceso. Según el documento, la candidata fue admitida y convocada a realizar una prueba sin que su identidad apareciera publicada nominalmente, una actuación que, a juicio de Antifrau, podría vulnerar las obligaciones de transparencia previstas en la normativa catalana y que llega a constituir una infracción muy grave en esta materia.
Revisar el acto de admisión
Ante estos hechos, Antifrau reclama al Consell Comarcal del Maresme que revise de oficio el acto de admisión aprobado por decreto de presidencia y que analice internamente la tramitación del procedimiento para determinar si existieron responsabilidades administrativas o incumplimientos en materia de transparencia.
La resolución, firmada por el director de Investigaciones de la Oficina Antifrau, pone fin a las actuaciones previas de verosimilitud abiertas a raíz de la denuncia, aunque insta a la administración comarcal a adoptar las medidas correctoras correspondientes no declara por si misma la nulidad del nombramiento, sino que reclama al Consell Comarcal revisar el procedimiento y adoptar las actuaciones pertinentes.
El máximo representante del Consell Comarcal, por su parte, no ha confirmado si se materializarán las recomendaciones de Antifrau y ha reaccionado de forma airada contra este medio al requerir la réplica oficial, igual que se ha hecho con Francesc Alemany, sobre la información contrastada desde Antifrau. Primero, Navarro duda de la legalidad de la filtración del requerimiento de la Oficina Antifrau y, segundo, antes de conocer el contenido de este artículo declaró que “denunciamos que haya medios de comunicación que hacen públicas informaciones sesgadas sobre investigaciones privadas y bajo secreto de sumario”. Acusa además, contraviniendo lo que dicta la LLei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que sacar a la luz esta información “es una mala praxis periodística que ensucia el trabajo de la administración pública”.
En este sentido, la propia Oficina Antifrau también contradice las declaraciones del presidente, ya que las personas alertadoras o denunciantes, aún en el proceso de verosimilitud previo a un proceso sancionador, tienen el derecho “a la revelación pública de su caso en cualquier momento, una opción que está contemplada por la ley” y que avala la difusión de esta noticia si así lo considera el alertador o denunciante. Por otro lado, matiza que el incumplimiento de las recomendaciones desde el Consell Comarcal tampoco comporta la activación de un procedimiento sancionador. Además, el caso no está bajo secreto de sumario, como quiere hacer creer el presidente para impedir su difusión, pero sí se da por concluso una vez que ha finalizado la fase de investigación y se han emitido las recomendaciones.
