Pedro Sánchez sigue siendo el más listo de la clase. Lo es, y conviene reconocerlo. Ha sabido situar en el centro del debate la necesidad de resistir una ola autoritaria que recorre el mundo, y la escenificación de este fin de semana en Barcelona, con lo mejor de la progresía internacional, es una prueba de ello calculada al milímetro. Política como relato. Política como escenario. Pero también política como cortina de humo.
Porque mientras el foco apunta hacia fuera, hacia Trump y sus epígonos, dentro la realidad es menos lucida. Las encuestas no acaban de acompañar ni a Sánchez ni a sus socios, y una de las razones es la gestión de cuestiones que no admiten eslóganes fáciles. La inmigración es una de ellas, central. Y aquí, más que relato, se necesita gobierno.
El sistema debería funcionar sin parches como las regularizaciones masivas
Hace veinte años que no se producía una regularización extraordinaria. Y esto, en sí mismo, es ya una anomalía. No porque no sea necesario dar respuesta a situaciones de irregularidad, sino porque el sistema debería funcionar sin necesidad de parches masivos. Si la contratación en origen fuese ágil, si las empresas pudieran incorporar trabajadores en semanas y no meses o años, buena parte de las irregularidades no existirían. Pero no es así. Y mientras tanto, miles de personas llegan y acaban quedándose en una suerte de limbo administrativo que se cronifica.
El mismo gobierno que hace un año modificaba el reglamento de extranjería para reducir de tres a dos años el período para acceder al arraigo, asumiendo de facto una bolsa importante de irregularidad, ahora acelera y plantea una regularización que rebaja el umbral a cinco meses. Un giro que no es menor y tiene consecuencias sobre el territorio. Catalunya, por ejemplo, podría absorber cerca de un 30% de los regularizados previstos. Y esto no es sólo un dato: es presión sobre servicios sociales, sanidad, vivienda, sobre la lengua. Sin recursos adicionales ni competencias plenas para gestionarlo, como sentenció el Congreso en votación.
En este contexto, ya no sorprende la facilidad con la que se reparten etiquetas. Escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz acusar de racista y clasista a una formación como Junts, con quien ha negociado y pactado, cube más del momento político que de los señalados. Es una forma de simplificar el debate, de convertirlo en trinchera ethical. Con el racismo en la boca, pero sin entrar como lo merece en el fondo de la cuestión.
Y mientras, Catalunya sigue sin las herramientas para decidir sobre una realidad que le impacta de lleno. Podemos votó en contra, azuzada fuera de cámara por gente de ERC en Madrid según admitió Iglesias. Unos y otros, más pendientes de no dar ventaja al rival que de construir soluciones. Y así, entre reproches y cálculos, el debate sobre inmigración queda atrapado entre el silencio incómodo y la fácil descalificación que muy a menudo obvia que gestionar la diversidad no es ni negarla ni instrumentalizarla. Es gobernarla.
