Con la negociación de presupuestos entre el Govern y ERC en su fase final, el Ejecutivo socialista ha retomado las conversaciones con los Comuns para actualizar el acuerdo presupuestario que ambos sellaron el pasado mes de febrero. Así lo pactaron después de tenerlo que retirar del Parlament en marzo. Esta misma semana se ha producido una primera reunión para revisar el pacto con los ecosocialistas, que centran sus demandas en vivienda, movilidad y “lucha contra la desigualdad”. Según ha podido saber La Vanguardia, la cuestión habitacional será central en esta actualización de la entente y el grupo encabezado por Jéssica Albiach pide al Govern una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida.
¿Cómo? La fórmula a la que recurre la iniciativa de Comuns ya la impulsó Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona: convertir oficinas y locales comerciales en planta baja vacíos en vivienda de protección oficial. Los ecosocialistas calculan que, solo con estas reconversiones en Barcelona, se lograrían casi 27.000 nuevas viviendas.
En este sentido, la norma que quieren proponer al Govern busca “eliminar la lentitud burocrática” que supone hacer estos cambios de uso de una oficina o native para ampliar el parque de vivienda protegida con mayor celeridad. Partiendo de una división de 70 metros cuadrados, la propuesta estima que se podría convertir oficinas en 21.690 viviendas de protección oficial en tres sectores: el 22@ (13.613), la Marina del Prat Vermell (4.506) y La Sagrera (3.571). A ello, suman 5.911 potenciales viviendas, que salen de locales comerciales vacíos.
Más allá de estos espacios, los Comuns tienen la mirada puesta en 192 equipamientos municipales de Barcelona que tienen margen de edificabilidad. Según sus números, de ahí pueden emerger otros 7.627 pisos; a lo que añaden la petición de incrementar un 10% la edificabilidad en zonas de crecimiento urbano para conseguir 3.640 viviendas más de protección oficial. Todo ello eleva la propuesta whole de Comuns a 38.868 viviendas. Con ello, el objetivo es que el parque público de vivienda represente casi el 11% del whole en la capital catalana.
De hecho, estiman que con esta propuesta se elevaría el potencial de viviendas de protección oficial a 75.284, cifra que, sumada a las 13.000 actuales del parque público precise, situaría el porcentaje en un 10,9%.
Además de esta medida, la formación ecosocialista reclama “concreciones” en la unidad de disciplina de vivienda pactada con el Govern, que tendrá rango de dirección normal. Albiach expuso ayer que la actualización del pacto con el Ejecutivo catalán irá “tan rápida o tan lenta” como los socialistas respondan. La voluntad del Govern es que esto también este encarrilado la semana que viene.
Cabe recordar que el acuerdo cerrado en febrero ya incorporaba varias medidas en el ámbito habitacional. La que tuvo más protagonismo fue la proposición de ley para la limitación de la compra especulativa de vivienda, una iniciativa que en estos momentos se encuentra paralizada a la espera de que se concrete el acuerdo de presupuestos con los dos socios. La intención es que se apruebe antes de la finalización del primer semestre del año por la vía de urgencia y se busca que tanto ERC como la CUP se sumen a esta ley.
Además, se concretó que la partida para vivienda sería de 1.250 millones, de los cuales 300 serán para compra, 300 para ayudas al alquiler y 150 para rehabilitación. También se pactó la rehabilitación de 150.000 viviendas en siete años para incorporarlas al parque de vivienda protegida e incrementar el presupuesto destinado a la convocatoria de la ley de barrios hasta llegar a los 400 millones. Lo que ya se aplica es la ampliación de los ingresos máximos que se pueden tener para acceder a las ayudas al alquiler: 36.200 euros.
