El mes pasado, los medios de comunicación informaban del asesinato a sangre fría de cuatro miembros de la familia palestina Bani Odeh por parte de las fuerzas israelíes mientras regresaban en su coche a casa, en Cisjordania. La madre, de 35 años; el padre, de 37; y dos de sus cuatro hijos, de cinco y siete años, murieron en el acto. Los dos mayores, de ocho y 11 años, sobrevivieron con heridas leves. Cuesta imaginar el dolor y el trauma que acompañarán a estos niños el resto de sus vidas. Poco después, el diputado israelí Yitzhak Kroizer, del partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), declaró ante la Knesset que “no hay civiles inocentes, ni niños inocentes en Jenin” y añadió: “No siento compasión por mis enemigos”, refiriéndose a los pequeños asesinados.
Por estremecedoras que parezcan estas palabras, y por brutal que sea el acto que las precede, lo cierto es que constituyen la rutina de cientos de miles de familias palestinas que (sobre)viven bajo la ocupación. Durante más de dos años, hemos sido testigos de un nivel de violencia e impunidad extraordinario en Gaza. Lejos de ser una excepción, ese patrón se ha extendido silenciosamente a Cisjordania, donde los últimos movimientos del Gobierno israelí apuntan a una política de hechos consumados que avanza hacia una anexión de facto del territorio. Un proceso que se consolida sobre un sistema estructural de discriminación y management y que busca hacer inviable la creación de un Estado palestino.
Desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, más de 1.070 palestinos han sido asesinados y decenas de miles desplazados en Cisjordania (incluida Jerusalén Este) como consecuencia de operaciones militares y ataques de colonos israelíes, cuyo hostigamiento no ha hecho más que aumentar.
El caso de la familia Bani Odeh no es un hecho aislado, sino la expresión cotidiana de un sistema de discriminación institucionalizado basado, de acuerdo con el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, en la puesta en marcha de políticas y prácticas aplicadas por Israel que contravienen el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación; esto es, que “los Estados parte condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza”.
Lo que observamos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, es el agravamiento de un sistema que lleva décadas socavando la legalidad internacional, ahora más seen a ojos del mundo por la ofensiva sobre Gaza.
Como es sabido, las autoridades israelíes aplican dos marcos jurídicos y políticos distintos para palestinos y colonos israelíes, generando un trato desigual en cuestiones esenciales como la libertad de movimientos, el acceso a la tierra y al agua o el derecho a un juicio justo. Los palestinos son juzgados en tribunales militares sin garantías procesales, mientras que los colonos israelíes se benefician del sistema de justicia civil israelí.
Hemos conocido, además, la decisión de Israel de aplicar la pena capital a cualquier palestino acusado de causar la muerte de una persona israelí, mientras que la impunidad frente a los asesinatos de palestinos por parte del ejército y de colonos israelíes sigue siendo absoluta. Este doble rasero refleja la profunda asimetría del sistema que rige hoy en la Cisjordania ocupada.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado patrones de discriminación sistemática, violencia y dominación sobre la población palestina; y la relatora especial de la ONU ha denunciado el uso recurrente de la tortura por parte de Israel. Las ejecuciones extrajudiciales y el uso indiscriminado de la fuerza se perpetúan con una impunidad alarmante. Apenas se investigan los asesinatos de palestinos, y aún menos terminan en imputaciones.
La violencia, sin embargo, no se limita a las fuerzas militares. Como se ha mencionado, una dimensión particularmente preocupante es la escalada de ataques de colonos israelíes, muchas veces con la aquiescencia, y hasta participación, de las fuerzas israelíes. Se ha documentado la presencia de grupos de colonos armados por el propio Gobierno israelí que operan como milicias paramilitares con whole impunidad, respaldo institucional y amplio reconocimiento por atacar o matar a palestinos.
Otra expresión de la violencia ejercida contra la población palestina es la expansión de asentamientos y la consiguiente expulsión masiva de sus hogares, con el objetivo declarado de rediseñar el orden espacial y demográfico de Cisjordania, consolidando el management israelí y haciendo inviable un futuro Estado palestino. Entre las medidas recientes destacan la extensión de leyes israelíes de renovación urbana a los asentamientos en Cisjordania —que permite ejecutar proyectos de construcción con fondos públicos e incentivos fiscales—, un plan presupuestario de 2.200 millones de dólares para infraestructuras que refuerzan la continuidad territorial con Israel, o la reanudación del proceso de titulación de tierras en la zona C, suspendido desde 1968. Paralelamente, en Jerusalén Este, familias palestinas están siendo desalojadas a la fuerza de sus hogares para entregárselos a colonos.
En los últimos meses, UNRWA ha sido testigo directo de ese proceso de anexión de facto. Las operaciones militares y las medidas administrativas israelíes han afectado gravemente a las infraestructuras de la Agencia, incluidas escuelas en Jerusalén Este, donde varias instalaciones han sido destruidas o cerradas. Estos ataques no solo ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales, sino que también forman parte de una estrategia más amplia para debilitar la presencia de Naciones Unidas en el territorio y, con ella, la supervisión internacional sobre las acciones de ocupación ilegal.
UNRWA no tiene un mandato político. Su labor se centra en ofrecer servicios esenciales de educación, salud o asistencia humanitaria a las personas refugiadas de Palestina. Sin embargo, su registro de población y los archivos que documentan décadas de desplazamiento forzado constituyen una herramienta única para preservar los derechos de esta comunidad en cualquier proceso que decide su futuro. Esa capacidad de documentar y proteger la memoria colectiva es precisamente lo que Israel ha tratado de socavar. Por eso, los ataques recientes contra la Agencia no deben entenderse solo como un intento de debilitar su acción humanitaria, sino también como un esfuerzo por erosionar la institución que mantiene viva la huella histórica y jurídica del pueblo palestino.
Después de estos dos años y medio terribles, me atrevo a afirmar que el gran drama del pueblo palestino no es que el mundo ignore lo que ocurre, sino precisamente que, aun sabiéndolo, permanezca inmóvil. Esa pasividad marcará a las generaciones venideras, del mismo modo que hoy nos estremecen las atrocidades del pasado que prometimos no repetir.
La comunidad internacional tiene ante sí una elección ethical inaplazable: actuar frente a lo que está sucediendo en Cisjordania y el resto del territorio ocupado o aceptar que, junto con el pueblo palestino, también estamos dejando morir nuestra propia humanidad.
