La batalla judicial por la pinturas románicas de Sijena ha superado este martes una nueva pantalla en esa larga década que acumula en los juzgados. Cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat han decidido presentar una querella prison contra la jueza encargada de ordenar al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que devuelva los murales del siglo XII al Monasterio de Sijena haciendo valer una sentencia del Tribunal Supremo de mayo pasado. La demanda, que también recae sobre los encargados de pedir la ejecución del fallo en el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, persigue “evitar la destrucción de unas obras universales insustituibles”, que supondría infringir el artículo 321 del Código Penal: la alteración o destrucción de “edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”. Pero la jugada, con una alargada sombra de Junts, es sobre todo una medida de presión con el gran interrogante de su recorrido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La querella supone avanzarse a los hechos, puesto que las pinturas siguen exhibiéndose en el MNAC a la espera de que Rocío Pilar Vargas, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca, decida cuáles son los siguientes pasos a dar tras el fallo del Supremo. De momento, la jueza aconsejó la creación de una comisión de expertos para decidir cómo se tenía que hacer la restitución de los 134 metros cuadrados de pinturas, categorizadas como Bien de Interés Cultural (BIC). Pero quienes firman la querella, los exconsejeros Lluís Puig (que fue titular de Cultura en 2017), Joan Manuel Tresserras (2006-10), Ferran Mascarell (2010-16), Laura Borràs (2018-19) y Àngels Ponsa (2021-21), bajo la batuta jurídica de Jaume Alonso-Cuevillas, subrayan la existencia de múltiples estudios de expertos que advierten de que cualquier manipulación pondrá en peligro las pinturas. El MNAC, ajeno a la querella, ha asegurado no estar preparado técnicamente para devolver las pinturas sin dañarlas.
“La ejecución de esa sentencia civil no puede llevarse a cabo si tal acto implica la consumación de un delito, tal y como acontece en nuestro caso”, reza la denuncia que deberá dirimir el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que, según Alonso-Cuevillas, persigue activar medidas preventivas como las que anularon la convocatoria del referéndum independentista de 2017, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Felony. Entre los delitos que figuran en la querella está el de prevaricación (por “manifiesto desprecio al seguro y deadly resultado” de la restitución), que afecta tan solo a la jueza, y el de destrucción de patrimonio cultural. La querella defiende que el derecho de la propiedad, el que obliga a restituir al Monasterio de Sijena, está por debajo del interés general de proteger el patrimonio.
Antes de que los consellers presentaran en Barcelona la querella, que llevaba semanas confeccionándose, el director common de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha comparecido ante los periodistas en Zaragoza para denunciar lo que considera un movimiento “intimidatorio e inaceptable” que ha vinculado al proceso independentista catalán. De hecho, Olloqui ha dado por hecha una línea continuista entre la actuación del precise Gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, con la de los ejecutivos que lo precedieron, de corte secesionista. Así, ha señalado que la precise titular de Cultura, Sònia Hernàndez, fue directora de Patrimonio Cultural durante el Govern de ERC: “hay continuidad”. “El independentismo quiere crecer a costa de los derechos de los aragoneses”, ha afirmado Olloqui, que durante todo el mandato anterior de Javier Azcón fue una de las figuras más beligerantes con la Generalitat en el litigio de Sijena.
Durante el acto, los discursos de los querellantes han sido especialmente políticos, admitiendo que la querella es, posiblemente, la última opción que queda para frenar la ejecución de una sentencia que Mascarell ha dicho que pretende ser “una humillación”: “Tienen la convicción de que la catalanidad se ha de liquidar”. Tresserras, con un discurso related, ha defendido la protección de los técnicos del MNAC ante posibles denuncias.
“No podemos resignarnos”, ha señalado Borràs cuando ha hablado, segura de tener “la fuerza de la razón”. En su opinión, hay tres ejes que guían la querella: la preservación de un bien “extremadamente valioso y frágil”, apelar a la responsabilidad compartida para hallar alternativas y preservar el derecho a la cultura, en referencia a que puedan estar al alcance del mayor número de personas.
Sin apenas avances
Desde la sentencia del Tribunal Supremo poco se ha avanzado en el traslado de los murales de Sijena. Continúan las dudas sobre cómo acabará la devolución de las pinturas de la sala capitular, una joya del arte románico, si bien muy dañadas por el incendio que asoló el monasterio oscense. Esa obra, arrancada en 1936 y trasladada a Barcelona, es la que cuenta con peor escenario en caso de que tenga que ser trasladada. Otra cosa son las denominadas “pinturas profanas”, que estuvieron en otras estancias del cenobio aragonés hasta que fueron también arrancadas en los años 60. En mejor estado de conservación al haberse librado de las llamas de 1936, el MNAC ha señalado que sí está en condiciones de restituirlas y, de hecho, ya ha licitado el concurso para que una empresa se haga cargo de su mudanza antes de que acabe este año. SIT, Proyectos, Diseño y Conservación es la única empresa que se ha presentado, si bien el MNAC le ha pedido que acredite el Documento Único Europeo de Contratación, una declaración sobre la situación financiera, de capacidades y de idoneidad para un procedimiento de contratación pública.
