CEOE y Cepyme Aragón defienden el diálogo social como clave para la estabilidad económica

CEOE Aragón y Cepyme Aragón reivindican el papel del diálogo social como uno de los pilares clave del desarrollo económico y democrático de la Comunidad. Ambas organizaciones empresariales han querido poner en valor, a través de un comunicado conjunto, cuatro décadas de concertación como una herramienta útil para garantizar estabilidad, atraer inversiones y favorecer el progreso en Aragón.

Las entidades empresariales insisten en que “este modelo no responde a privilegios ni a decisiones coyunturales, sino que constituye un instrumento de interés common reconocido por el ordenamiento jurídico”. En su opinión, el diálogo social contribuye a “mejorar las políticas públicas, anticipar conflictos, reforzar la estabilidad económica, favorecer la paz social y hacer de Aragón un territorio más competitivo y atractivo para la inversión”.

Aragón cuenta con una trayectoria propia en este ámbito, señalan ambas organizaciones. Desde el primer Acuerdo Socioeconómico de 1989, la Comunidad ha mantenido una “dinámica constante de concertación entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos”. Esta forma de trabajar se basa en la negociación, la responsabilidad, el respeto institucional y la búsqueda de acuerdos útiles. A lo largo de estos años, este modelo ha acompañado avances en ámbitos como la estabilidad laboral, la formación, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, la defensa del tejido productivo, la digitalización, la lucha contra la despoblación o la atracción de inversiones.

MARCO LEGAL Y PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES

Según señalan, “la Constitución Española recoge esta participación más allá de los partidos políticos”, ya que “el artículo 6 reconoce a los partidos como cauce del pluralismo político, mientras que el artículo 7 atribuye a sindicatos y asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. En este sentido, subrayan que “la democracia también integra a quienes representan al tejido productivo y laboral”.

Asimismo, indican que “este planteamiento se refleja igualmente en el Estatuto de los Trabajadores”, puesto que “reconoce la negociación colectiva como resultado del acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios, con rango de ley”. Por ello, destacan que “las organizaciones empresariales aragonesas desempeñan una doble función: representar a las empresas ante las administraciones públicas y participar en la negociación colectiva como elemento esencial del sistema laboral”.

Además, añaden que “Aragón cuenta con un marco normativo específico”, en referencia a que “la Ley 1/2018 de diálogo social y participación institucional protege este modelo como un issue indispensable para la cohesión social, el progreso económico y la competitividad”. Finalmente, recalcan que “la norma reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como expresión del interés common socioeconómico de la Comunidad Autónoma”.

FINANCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

Las organizaciones empresariales sostienen que la financiación pública responde a su función institucional y no a privilegios, diferenciándola de sus recursos propios, y subrayan que sus órganos de gobierno no perciben retribuciones ni beneficios. Defienden que el modelo debe evaluarse con criterios de transparencia y eficacia, pero sin cuestionar el diálogo social, al que consideran clave para la gestión pública, la representación del tejido empresarial y la resolución de retos económicos y laborales en Aragón.

Finalmente, ambas reiteran su “compromiso con la transparencia y su voluntad de trabajar por la competitividad de las empresas, el empleo, la cohesión territorial y el interés common”.