Baleares moviliza 160 millones de euros en un paquete anticrisis de medidas fiscales y ayudas directas a las empresas que complementen lasque ha aprobado el Congreso. El Govern balear ha aprobado este miércoles medidas para paliar la disaster económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Próximo con el objetivo de proteger el tejido empresarial, preservar los puestos de trabajo y evitar que el incremento de costes acabe repercutiendo directamente en la cesta de la compra y en las familias de Baleares.
El decreto ley no tendrá problemas para salir adelante ya que el PSOE ha anunciado su voto a favor, pero no se recogen algunas de las propuestas en materia de vivienda que ha planteado Vox, que por ahora no ha desvelado su voto. El vicepresidente balear, Antoni Costa, ha pedido a las formaciones políticas un “ejercicio de responsabilidad, que es lo que pide al ciudadanía” con el deseo es que este paquete de medias se apruebe por unanimidad. “Todas tienen el apoyo de los partidos”, ha señalado. “Quiero pensar que este derecho ley se va a convalidar y algún partido ya ha expresado su voluntad de votar a favor”, ha añadido en referencia a los socialistas.
El Govern espera no tener problemas en la convalidación del decreto
Las medidas son temporales y extraordinarias, pero tienen voluntad de permanencia al menos durante este año. “Aunque se acabe la guerra en 15 días, no se va acabar la disaster en 15 días”, ha dicho Costa que ha confiado en Trump “no tarde ni 15 días” y que salga hoy mismo ha anunciar que la guerra ha finalizado. “La indigestión va a continuar y es possible que la inflación siga subiendo en abril y mayo y que haya una subida del Euribor. El daño ya se ha producido” ha concluido.
El decreto activa mecanismos de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA. También se incluyen 36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la guerra en Oriente Próximo, que tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera.
Para el sector primario se movilizan 13,5 millones de euros: 5 millones para inversiones agrarias, 3,5 millones por el sobrecoste de la alimentación del ganado, 1,5 millones por la subida de precios de fertilizantes, 1 millón por el aumento de otros insumos agrarios, otro millón para una nueva convocatoria de bonos de producto native, 750.000 euros por el sobrecoste del flamable agrícola y 750.000 euros por el sobrecoste del flamable pesquero.
Para el sector del transporte se movilizan 9,75 millones de euros: 6 millones de euros para compensar el incremento del precio del flamable en el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional, 500.000 euros para el sector del taxi, y 2,5 millones de euros para el desguace de vehículos.
El decreto incluye ayudas directas al transporte de mercancías y al taxi
Para los sectores de la industria, la construcción y el comercio se movilizan 13,5 millones de euros: 8 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial y de la construcción para compensar la subida en el precio del flamable y las materias primas, 3,5 millones de euros para una convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y alimentación, y dos millones de euros por el sobrecoge del transporte para empresas industriales exportadoras.
El Decreto ley introduce medidas fiscales con un impacto estimado de cuatro millones de euros. Se recupera la deducción autonómica para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, y se establece, hasta el 30 de junio, ampliable al 30 de septiembre, una bonificación del 50 % de las tasas portuarias para actividades económicas, así como una bonificación del 100 % para los pescadores profesionales.
Las medidas no tributarán en la declaración de la renta gracias a una nueva deducción
Como novedad, se ha aprobado también una nueva deducción fiscal por la que las ayudas derivadas del Decreto ley que reciban las personas físicas no tributarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El decreto establece, además, los mecanismos para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, para adaptarlos a la precise escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.
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