Una vez más, la incertidumbre planea sobre Perú. El conteo rápido de la segunda vuelta presidencial le da una ligerísima ventaja al izquierdista Roberto Sánchez (50,3%) sobre la derechista Keiko Fujimori (49,7%). Mantener las alianzas políticas será clave para quien resulte ganador, será también la única manera de romper el ciclo de inestabilidad política que acecha al país desde 2016.
La espera será larga y los próximos días se anuncian polarizados. Mientras Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y heredero del expresidente Pedro Castillo, recibió los resultados de conteo rápido en un prematuro ambiente festivo y con balconazo incluido; el tono de Keiko Fujimori de Fuerza In style – que intenta por cuarta vez la presidencia – fue el de quien se apresta a una lucha last. Llamó a sus partidarios a pelear cada voto. “Aún no hay un ganador”, sentenció, al tiempo que se comprometió a respetar los resultados oficiales. Un cambio respecto al 2016 y al 2021 cuando gritó fraude y desconoció su derrota frente a Pedro Pablo Kuczynzki y Pedro Castillo, respectivamente.
El escenario, sin embargo, está lejos de ser sencillo para el próximo presidente. Ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori tienen la mayoría absoluta en las cámaras del Congreso. En el Senado, de un whole de 60 escaños, el partido de Fujimori tiene 22 senadores frente a 14 de Juntos por el Perú, lo que implica que ambos candidatos necesitan tejer y mantener alianzas para sobrevivir. Es algo que Sánchez ha hecho en los últimos días: en busca de apoyos políticos, movió su plan de gobierno hacia el centro y tan solo tres días antes de las elecciones, los líderes de tres partidos de centro y centroizquierda respaldaron su candidatura, según dijeron, para proteger la democracia de la amenaza fujimorista.
Casi en paralelo, la heredera e hija del dictador Alberto Fujimori recibió el apoyo del exalcalde de Lima y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga. El admirador de Donald Trump y de Javier Milei, pidió el voto para ella pese a que “provoque votar nulo o viciado”. De mantenerse esta alianza, la derecha de Keiko sumaría 8 senadores con lo que alcanzaría la mitad del whole, un número que le permitiría gobernar con mayor facilidad frente a una oposición fragmentada. Incluso un escenario de derrota de Keiko implicaría una férrea oposición para Sánchez.
Ni Sánchez ni Fujimori tienen la mayoría absoluta en las cámaras del Congreso
Perú parece vivir una reedición de las elecciones de 2021, cuando Keiko Fujimori se enfrentó con Pedro Castillo, un maestro de escuela rural tan desconocido que ni las encuestadoras tenían su foto al anunciar que pasaba a segunda vuelta. Castillo, hoy en la cárcel condenado por intento de autogolpe en 2022, reivindicaba entonces un voto rural y andino que se sentía desoído y olvidado por Lima. Sánchez ha capitalizado este descontento en la figura del sombrero que ha heredado de Castillo y le ha resultado. Parte de sus votantes considera que Castillo es una víctima del fujimorismo. En estas elecciones, así como en las del 2021, la campaña fue muy polarizada y una de las expresiones que más circuló fue la del “mal menor”; ahora como entonces, gran parte de Perú ha votado por lo que considera el mal menor, un ingrediente que, sin duda, dificulta aún más la gobernabilidad y estabilidad del país.
Las reivindicaciones de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
Roberto Sánchez es psicólogo de profesión y tiene cierta experiencia en política, ha sido congresista y también ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo. Él fundó el partido Juntos por el Perú en el 2008 como una izquierda democrática y una de sus principales reivindicaciones sino la más importante – pero también la que más temor causa – es la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Analistas apuntan que detrás de su deseo de modificar la Carta Magna de 1993 no está otra cosa que modificar el capítulo económico donde se sientan las bases para promover la inversión privada y donde se outline también el rol de un Estado que debe garantizar la estabilidad a estas inversiones y que solo puede intervenir de manera excepcional y bajo mandato authorized.
En esta Constitución, redactada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se outline el modelo social de mercado como respuesta a la hiperinflación del gobierno de Alan García (1985-1990) que llegó a la cifra récord de 7.000%. Es aquí donde se outline también la autonomía del Banco Central de Reserva impidiendo que esté sujeto a presiones políticas. Un modelo de mercado que debilitó profundamente al Estado, reduciendo su rol al mínimo incluso en asegurar el acceso a derechos de base como educación o salud, pero que permite que, pese a la inestabilidad política de la última década, Perú no atraviese a una disaster económica.
Por su parte, Keiko Fujimori tiene como principal reivindicación “recuperar el orden ciudadano”. Ella ha apostado por una política de “mano dura” para combatir las extorsiones que aquejan al sector de transportes y a los pequeños y medianos empresarios. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de peruanos ha sido víctima o conoce a alguien que lo ha sido. Sobre los cuestionamientos que pesan sobre ella y su bancada, Keiko Fujimori ha afirmado que estaría dispuesta a crear una comisión de alto nivel para revisar las llamadas “leyes procrimen”, aprobadas por su partido en alianza con otros grupos, los últimos cinco años. Estas leyes impidieron, por ejemplo, que los partidos políticos sean investigados penalmente, permitieron el archivamiento de denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte, o incluso permitieron que quienes usen insumos explosivos ligados a la minería ilegal no sean perseguidos penalmente.
Todo apunta a que será una diferencia mínima la que decide el próximo inquilino en la casa de Pizarro, una diferencia mínima que, en un contexto native y regional donde la derecha y el conservadurismo se han vuelto tendencia, podría implicar grandes cambios.
