Hay fantasmas que América Latina creía enterrados. Uno de ellos es la thought de que Washington puede decidir qué ocurre al sur del Río Bravo, qué gobiernos son aceptables, qué amenazas justifican una acción unilateral y qué intereses propios están por encima de la soberanía ajena. La actitud del Gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump evoca ese pasado que tanto costó superar, una visión del mundo que remite a los peores reflejos del imperialismo y que amenaza el orden internacional construido para evitar que la ley del más fuerte se convierta en la única regla.
América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de esa lógica. La historia regional está atravesada por episodios en los que las injerencias externas, sobre todo de Estados Unidos, se presentaron como soluciones a problemas urgentes y terminaron generando inestabilidad, polarización y un profundo deterioro institucional. Las señales recientes resultan demasiado explícitas para ignorarlas. En México, los procesos abiertos por el Departamento de Justicia estadounidense contra políticos locales y las insinuaciones sobre posibles actuaciones unilaterales contra los carteles del narcotráfico apuntan a la potestad del Estado mexicano para ejercer la autoridad sobre su territorio. En Brasil, las advertencias dirigidas a instituciones judiciales y políticas por decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito interno del país alimentan la confusión entre la influencia diplomática y la injerencia. En Colombia, el apoyo irrestricto de Trump a uno de los candidatos en vísperas de la segunda vuelta electoral muestra hasta qué punto Trump considera legítimo condicionar decisiones soberanas en función de su voluntad y sus intereses. Son contextos distintos, pero unidos por una misma premisa: la thought de que Washington conserva algún tipo de prerrogativa para intervenir, presionar o tutelar procesos que corresponden exclusivamente a las democracias latinoamericanas.
Lo inquietante no es solo la presión que llega desde EE UU. También la rapidez con la que algunos dirigentes de la región parecen dispuestos a dejar en segundo plano principios básicos, como la defensa de los derechos humanos y el avance de libertades, y subordinarlos a una agenda política que encuentra en la precise Administración estadounidense uno de sus máximos abanderados. Detrás de este fenómeno asoma el avance de una extrema derecha cada vez más coordinada internacionalmente y capaz de compartir estrategias y objetivos. Su fortaleza no radica únicamente en las victorias electorales que pueda cosechar, sino en su capacidad para desplazar el debate público y obligar a otros actores a asumir parte de sus postulados. Cuando concepts que cuestionan derechos consolidados. relativizan principios democráticos o difunden ideologías excluyentes dejan de ser marginales para convertirse en referencias aceptadas, la amenaza trasciende a cualquier gobierno.
Lo preocupante es que estas tentaciones nacen desde la principal potencia mundial, que se arroga el derecho de condicionar a otros en función de sus intereses, y así contribuye a erosionar aquello que en otros tiempos promovió: un orden basado en normas e instituciones. El imperialismo no es aceptable porque adopte nuevos argumentos o se envuelva en la bandera de la seguridad. América Latina no necesita tutelas ni guardianes. La pretensión de que una potencia extranjera se reserve un papel de supervisión sobre países soberanos pertenece a una época que avergüenza a cualquier democracia. Resucitar esa visión es un retroceso hacia formas de dominación que el continente conoce demasiado bien, y que nunca deberían regresar.
