La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la investigación por el espionaje con el software program Pegasus que afecta a tres miembros de Òmnium. La Audiencia ha admitido ahora el recurso presentado por la entidad y ha aceptado la existencia de indicios de delito. Ve elementos que podrían indicar una intervención externa “no autorizada” en los teléfonos móviles de los espiados, cuya autoría apunta al CNI, tal y como ha informado Òmnium a través de un comunicado. El juzgado de iInstrucción 21 de Barcelona había archivado la investigación el 12 de febrero de este año.
Solicita así un suplicatorio en el Consejo de Ministros para desclasificar toda la información que el CNI disponga sobre la infección de los teléfonos del exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri; su responsable internacional y authorized, Elena Jiménez, y la periodista y compañera de Jordi Cuixart, Txell Bonet.
La Audiencia también ha ordenado una comisión rogatoria en Israel -estado donde se encuentran las sedes de las empresas propietarias de los programas de espionaje-, por si conservan informaciones y datos sobre el uso del software program Pegasus respecto a las tres personas espiadas.
El recurso de Òmnium solicitaba que se investigara la infección y el uso del software program Pegasus en los dispositivos de los tres miembros de Òmnium, por lo que aportaba numerosas pruebas periciales informáticas. Además, recordaba que la infección había sido acreditada por numerosos organismos como CitizenLab, Amnistía Internacional, Evidentia, Defensor del Pueblo o la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo.
Òmnium también denunciaba una investigación judicial “fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva”, ya que el juez no había practicado ninguna diligencia de investigación: no había pedido ninguna declaración a los afectados, ni había solicitado ningún tipo de información a organismos de estados o europeos, y tampoco a la empresa denunciada.
Por ello, la entidad pedía que se diera un nuevo impulso procesal a la causa para esclarecer los hechos y conseguir justicia, y, también, que fueran citadas a declarar las mercantiles NSO Group Applied sciences Restricted, Q Cyber Applied sciences Restricted y OSY Applied sciences -propietarias del software program de espionaje-, con el objetivo de que éstas cedieran todos los datos y la documentación bancaria vinculados a las operaciones con Pegasus.
A través de la nota de prensa de Òmnium, su presidente, Xavier Antich, ha afirmado que la reapertura de la causa y el hecho de que el juez haya admitido la existencia de delitos “supone la confirmación del espionaje político” perpetuado contra la asociación cultural. Por eso, Antich cree que hay que seguir presionando para que se desclasifique toda la información y se pueda saber “la verdad de esta causa normal contra el independentismo”.
Para la entidad, que la Audiencia de Barcelona vea indicios de autoría por parte del CNI demuestra que la “persecución al independentismo” se produce en unos “marcos ilegales y represivos brutales” que no respetan en ningún caso los derechos fundamentales, tal y como ha subrayado Antich a través del comunicado.
El presidente de Òmnium ha recordado que el Catalangate no solo atenta “contra el derecho a la intimidad y a la comunicación” de las tres personas implicadas, sino que también afecta a su libertad de expresión y el derecho a la defensa, aparte de “espiar ilegalmente” a una de las organizaciones de la sociedad civil “más importantes” de Europa. “Lo que hoy sale a la luz es sólo la punta del iceberg”, ha concluido.
