Pese al traspié que recibió, por el voto en contra de Junts, el consorcio de inversiones en el Congreso la semana pasada, este instrumento se ha convertido en el pegamento que ha afinado la relación entre el Govern y Esquerra Republicana en plena negociación presupuestaria. Ambas partes han reforzado su confianza hasta el punto de que coinciden en que la negociación avanza “bien y correctamente”. Incluso hay quien advierte de que el pacto puede llegar a finales de mes, tras las elecciones andaluzas, una previsión inaplazable si se quiere disponer de los presupuestos antes del verano.
Como muestra de ello, y tras una larga reunión de la cúpula, Esquerra Republicana dio a conocer ayer los primeros detalles de estas conversaciones. Si bien garantizan que seguirán bajo la “máxima discreción” para lograr “las mejores cuentas posibles”, los republicanos desvelaron los cuatro asuntos en los que se centraría el pacto sectorial: la política territorial, la movilidad, los servicios públicos –con la mirada puesta especialmente en educación y sanidad– y la defensa de la lengua catalana.
Socialistas y republicanos blindan la creación de la sociedad mercantil que vehiculará las inversiones en Catalunya
El portavoz de ERC, Isaac Albert, afirmó ayer que el proyecto presupuestario contará con el aval de su partido si da un “salto cualitativo en cuanto a equilibrio territorial, vida diaria de la ciudadanía y refuerzo de la lengua, en un momento en el que la extrema derecha ataca el catalán”. Algunos ejemplos concretos de estos compromisos pueden ser la línea orbital ferroviaria o la gratuidad de los comedores escolares.
Al margen de estos ámbitos en los que hay avances notorios, Esquerra también reclama que haya “ganancias en soberanía y ambición nacional”, lo que se traduce en que se incluya la asunción de más competencias para Catalunya: “Buscamos que el Govern tenga más capacidad para gestionar políticas y más peso en elementos en los que hasta ahora el Estado gobernaba en exclusiva”, explicó Albert.
Uno de los elementos que estaba encima de la mesa para lograrlo period el consorcio de inversiones. El hecho de que la norma que le iba a dar rango institucional naufragara no impedirá que Govern y ERC impulsen la creación de una sociedad mercantil –ya prevista en la ley que propuso ERC– que permitiría de facto lograr prácticamente los mismos fines, con la ventaja de que esta sociedad –la parte operativa del plan– solo necesitará la autorización del Consejo de Ministros, no así de una convalidación parlamentaria
El acuerdo al respecto está “blindado”, según admiten ERC y el PSC. En cambio, nada se sabe, de momento, del otro asunto que podría ayudar a fraguar el pacto y que también cumpliría las exigencias de “más soberanía” de los republicanos: la futura autoridad aeroportuaria catalana.
En cualquier caso, los socialistas desvinculan estos asuntos de la negociación sobre las cuentas. La número dos del PSC, Lluïsa Moret, aseguró ayer que la sociedad que dará curso a las inversiones en Catalunya “no es una condición presupuestaria”, sino “una herramienta absolutamente necesaria que va en la línea de cumplir con los acuerdos del pacto de investidura”, esos cuyo cumplimiento exige ERC para prestar su apoyo a los primeros presupuestos de Salvador Illa.
