De Manhattan a Barcelona: el negocio de vaciar inmuebles para multiplicar los alquileres | Vivienda | Economía

Antes de ser Nueva York, la gran metrópolis estadounidense fue bautizada por los colonos neerlandeses como Nueva Ámsterdam. Tres siglos después, ese nombre vuelve a cruzar el Atlántico, pero para aterrizar en Barcelona. New Amsterdam Developments (NAD) es hoy una de las empresas inmobiliarias más conocidas —a la vez que más opacas— por haber amenazado el hogar de inquilinos barceloneses. Su modelo de negocio que, según denuncian los vecinos, consiste en expulsar a inquilinos de sus domicilios que pagan alquileres todavía razonables para crear colivings, ha enfurecido al Gobierno catalán y al Ayuntamiento de Barcelona. Máxime cuando la compañía no ha hecho sino importar a la ciudad las prácticas que uno de sus socios emplea en Nueva York desde hace tres lustros con su inmobiliaria Stone Road Properties, que ha sido llevada a los tribunales por supuesto acoso a inquilinos e impagos salariales y de préstamos.

Txema Escorsa, vecino del barrio de Gràcia, logró frenar in extremis su desahucio el pasado mes de abril y ganar tiempo hasta que se resuelvan los recursos interpuestos ante la justicia. La empresa ha ido vaciando su inmueble de la calle de Sant Agustí y convirtiendo viviendas en colivings. Es decir, troceando pisos en habitaciones que arriendan por un precio superior al alquiler que paga Escorsa. El Sindicato de Inquilinas, cuya presión permitió parar el desahucio, mira ahora hacia la emblemática Casa Papallona, otro edificio también en manos de esa sociedad ubicado en el Eixample. Las organizaciones acaban de parar un desalojo, pero temen ahora por Marga, sobre quien pesa una orden para dejar el piso en el que lleva desde hace tres décadas. Muchos inquilinos trataron de aferrarse a la prórroga de los alquileres aprobada por el Gobierno, pero ahora se hallan en un terreno incierto después de que PP, Vox y Junts decidieran tumbarla en el Congreso.

Detrás de NAD están el empresario estadounidense Jeffrey Todd Kaye y el holandés Paul Petermeijer, cuyo primer rastro conjunto en la capital catalana information de 2021. Entonces, pusieron la primera piedra del entramado societario que hoy opera bajo una marca empresarial que expresa esa conjuncion de procedencias y que ostenta más de un centenar de pisos y una veintena de locales comerciales. Lo han ido haciendo de una forma mucho más sigilosa que en Estados Unidos, donde las adquisiciones millonarias de Stone Road Properties, propiedad de Kaye, se anunciaban a bombo platillo en las revistas del sector.

La aventura de Kaye en la metrópolis norteamericana empezaba en 2011, cuando fundó con otro socio esa compañía con domicilio fiscal en Delaware. Apenas dos años después, las revistas especializadas del sector ya situaban a Kaye en el elenco de propietarios de las zonas centrales de Manhattan, sometidas a una gran presión inmobiliaria y con edificios antiguos de alquileres regulados. La revista The true deal describía el modelo de negocio: durante los primeros años Kaye fue acumulando edificios que, posteriormente, vendió para obtener ganancias.

Entre los compradores de esas carteras estaba Jared Kushner, yerno de Donald Trump, quien se hizo con un lote de 16 edificios por 132 millones de dólares. Fue entonces cuando las asociaciones de inquilinos de Nueva York destaparon las prácticas de “acoso” de Kushner y, de paso, señalaron malas artes por parte de Kaye. Las organizaciones Met Council Motion y Fifth Avenue Committee denunciaron en sus publicaciones que Stone Road se encargó de vaciar buena parte de varios edificios de renta controlada con ofertas, “avisos de desalojo falsos” y obras incesantes. Kushner luego solo tuvo que buscar inquilinos a quienes más que duplicó los alquileres.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con NAD para recabar su versión de todos esos hechos ―los de Nueva York y Barcelona―, pero la empresa ha declinado hablar. Sin embargo, en los registros judiciales del Estado de Nueva York de los tribunales federales sí constan varias denuncias contra la empresa de Kaye. Una de ellos, que adelantó el medio La Directa, fue emprendida por una inquilina, Heatheran Kristopher, que les acusó de haber sido desahuciada por tener cáncer, pero a quien se denegaron las medidas cautelares.

Otra de las denuncias que constan en el registro fue a una tienda de muebles y artículos del hogar, Space ID, que acusó a la empresa que emprender un “patrón malicioso de intimidación y destrucción” tras adquirir el edificio que acabó por afectar psicológicamente a su dueño. En el documento, los demandantes acusaron a la empresa de haberles “acosado” desde el principio, entre otras cosas, con “exigencias de aumentos de alquiler, inundaciones masivas, polvo y escombros, cortes de electricidad” o con “enormes y antiestéticos contenedores de basura” que bloqueaban los accesos. El proceso judicial se alargó casi una década, hasta que las partes decidieron no seguir adelante en 2024, según el registro público, donde no se especifica si llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Mucho de eso es lo que vienen denunciando las vecinas de la icónica Casa Papallona. Anna Olesti, vecina y portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, explica que nada más llegar, los propietarios mandaron burofaxes a todos los vecinos para que abandonaran el edificio. La mitad acabó haciéndolo. “Entonces, sin ninguna comunicación previa, empezaron a hacer obras, a levantar polvo, a hacer ruido”, explica Olesti. Las vecinas lamentan que el mantenimiento de la finca, catalogada de interés artístico e histórico, es deficiente. Pero lo peor es que al remaining del camino, están las amenazas de desahucio. “Nosotras solo queremos renovar los contratos. Y no sé cómo, pero estoy convencidísima de que vamos a ganarles”, añade. El patrón descrito en Barcelona es muy semejante al de Nueva York. Y también el objetivo: sacar más provecho de los alquileres. Lo deja claro la propia empresa en su página de Linkedin: “alta rentabilidad” con “riesgo mínimo”.

Ahora mismo, New Nomads ―una de las sociedades del entramado― tiene anunciadas ocho habitaciones. Un dormitorio en un piso del Eixample de seis habitaciones, por ejemplo, lo alquila para estancias cortas por 980 euros. La Generalitat ha abierto 529 expedientes a empresas, casi el 80% por incumplir los topes fijados para el alquiler, si bien solo ocho de ellos son sancionadores. Según los vecinos, inspectores de la Generalitat han ido a varios edificios de NAD, entre ellos el de la calle de Sant Agustí y la Casa Papallona.

Denuncias de socios financieros

El socio de Kaye en Barcelona, a priori, carece de esa experiencia en el sector. Paul Petermeijer fundó hace 30 años una editorial de revistas de advertising y comercio electrónico en Utrecht y desde 2017 ya aparece vinculado a la capital catalana como presidente de la American College of Barcelona y copropietario de Digestalia y posteriormente de NAD. Según fuentes del mercado, a Petermeijer se le atribuye haberle abierto puertas en ciertos círculos económicos de la ciudad en los que ha sabido ir introduciéndose. Sin embargo, varios consultados del sector por este diario niegan conocer a ninguno de los dos empresarios.

La fulgurante estrella de Kaye ahora parece ir apagándose. En Nueva York, el empresario ha encadenado varios pleitos complicados. Dos vehículos de inversión –HUSA E84 y HUSA 8283Q— propietarios de dos inmuebles gestionados por la empresa de Kaye le denunciaron en 2019 por “apropiación indebida de cerca de medio millón de dólares” procedentes “de los fondos” de esos edificios, cuya “administración le había sido confiada”. En 2020, un fondo inmobiliario de Revere Capital le reclamó 42 millones de euros. Según consta en los registros, el juez determinó que debía hacer frente a esas cantidades.

Más complicado es el juicio que hoy tiene activo, en el que la financiera Group Preservation Company insta la ejecución hipotecaria de un inmueble después de que la sociedad del empresario dejara de pagar pese a “seguir cobrando las rentas de los inquilinos de la propiedad hipotecada”, acumulando una deuda de 12,9 millones de euros. En Barcelona, el riesgo es otro: los empresarios se enfrentan a la presión de las Administraciones y, sobre todo, de los vecinos y las organizaciones de inquilinos, que ya han avisado de que no piensan arrojar la toalla.