La Justicia de Corea del Sur ha elevado este martes de 20 meses a cuatro años de prisión la sentencia por corrupción que pesa contra la ex primera dama Kim Keon-hee, la esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, el hombre que en diciembre de 2024 declaró la ley marcial en el país, un episodio que le valió la destitución y una condena a cadena perpetua por insurrección. El Tribunal Superior de Seúl ha corregido el fallo dictado en enero por un tribunal inferior contra Kim y concluido que esta antigua empresaria del sector del arte no solo aceptó sobornos, sino que también participó en una trama de manipulación bursátil. La ex primera dama surcoreana se encuentra en prisión preventiva desde el pasado agosto.
La decisión judicial supone un giro respecto al fallo en primera instancia, que la condenó únicamente por la aceptación de algunos regalos y la absolvió del delito de manipulación bursátil por falta de pruebas. El tribunal de apelación sostiene ahora que sí existió implicación en la operación, lo que justifica el endurecimiento de la pena, aunque esta queda lejos de los 15 años de cárcel que había solicitado el equipo del fiscal especial, según la agencia surcoreana Yonhap.
El caso gira en torno a la manipulación del precio de las acciones de Deutsch Motors, un concesionario de BMW en Corea del Sur. De acuerdo con la sentencia, citada por los medios locales, Kim puso a disposición de una firma de asesoría una cuenta de corretaje con unos 2.000 millones de wones (alrededor de 1,3 millones de euros), a través de la cual se vendieron unas 180.000 acciones de la empresa automovilística. El tribunal considera que esa participación la vincula con la operación, de la que, según la acusación, se obtuvieron entre 2010 y 2012 beneficios ilícitos por valor de 810 millones de wones (unos 500.000 euros).
El nuevo fallo también refuerza las condenas por corrupción relacionadas con la aceptación de regalos a cambio de favores. Los jueces dan por probado que la ex primera dama recibió dos bolsos de Chanel y un collar de diamantes de la firma Graff de manos de un antiguo alto cargo de la Iglesia de la Unificación a cambio de interceder en asuntos de interés para esta organización, una de las más controvertidas del país por su opacidad financiera y sus estrechos vínculos con círculos políticos y empresariales surcoreanos. Los obsequios están valorados en conjunto en unos 82 millones de wones, alrededor de 51.000 euros, según Yonhap y la cadena surcoreana MBC.
No obstante, el tribunal ha mantenido la absolución en uno de los cargos más sensibles desde el punto de vista político, la supuesta recepción de encuestas de opinión gratuitas de un intermediario que afirmaba tener influencia en círculos políticos antes de las elecciones presidenciales de 2022, que llevaron a su marido a la jefatura del Estado. Los jueces consideran que no se ha acreditado que esos sondeos se entregaran de forma exclusiva a Kim o a su entorno con el objetivo de influir en la campaña, ya que también se distribuyeron a otras personas.
Además de la pena de prisión de cuatro años, el tribunal le ha impuesto una multa de 50 millones de wones (unos 34.000 euros) y ha ordenado al confiscación del collar de diamantes, así como la devolución de unos 20 millones de wones (alrededor de 13.500 euros).
Kim, de 53 años, es fundadora de la firma de exposiciones Covana Contents y su figura arrastraba ya un largo historial de polémicas antes de esta condena. Varias de ellas (desde plagio académico y falsificación de su currículum hasta la aceptación de un bolso de Dior) persiguieron a Yoon durante su mandato y contribuyeron al deterioro de su popularidad.
El caso ha sido uno de los más seguidos en Corea del Sur en los últimos meses. Medio centenar de personas se ha congregado esta tarde frente al juzgado en apoyo a Kim, según recoge Efe. En un país donde varios mandatarios han sido procesados por corrupción, la condena contra la ex primera dama refuerza la thought de que la justicia sigue actuando incluso en los niveles más altos de poder.
En febrero, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon a cadena perpetua, tras considerar que la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024 constituyó un delito de insurrección. Period la primera vez en casi tres décadas que la justicia surcoreana fallaba contra un ex jefe del Estado por ese cargo (que puede incluso acarrear la pena de muerte), y colocaba su nombre junto al del dictador Chu Doo-hwan, sentenciado en 1996.
