No soy presidente porque no quiero y no me vendo”. La frase de Alberto Núñez Feijóo durante la investidura de Pedro Sánchez pretendía demostrar su firmeza frente a las demandas de los independentistas. Hoy, Carles Puigdemont sigue en Waterloo, Oriol Junqueras inhabilitado y su amnistía en el limbo. Junts, ERC, y hasta el PNV se quejan de los incumplimientos del Gobierno, y Feijóo ha cedido ante Vox mucho más y antes de llegar a la Moncloa.
La dependencia del PP de los votos de la ultraderecha es ya mimetismo ideológico e irreverencia constitucional. La literalidad de los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón y el relato victorioso de Vox son insoslayables y abonan al PP al funambulismo de alto riesgo. A Juan Manuel Moreno Bonilla, en capilla electoral, le “quita el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político” y al discurso de Isabel Díaz Ayuso se le ven todas las costuras.
“Los españoles primero” no es un invento de Santiago Abascal y los suppose tank trumpistas que le rodean. El concepto de prioridad nacional llegó de la mano de Jean-Marie Le Pen en 1978. La ultraderecha francesa lo moduló y lo convirtió en corpus ideológico en La préférence nationale: réponse à l’immigration, de Jean-Yves Le Gallou. Para evitar la demonización, la preferencia se convirtió en prioridad con Marine Le Pen y, ahora, en “los españoles primero” para Abascal. Vox suma y sigue: el Partido de la Libertad de Geert Wilders, Alternativa por Alemania, de Alice Weidel…
La ejecución de la prioridad nacional es de dudosa constitucionalidad. Hasta los obispos la rechazan: hay que amar al prójimo y “el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión”. El PP se escuda en el criterio de “arraigo”, pero el concepto ya ha sido derrotado por los titulares. Se requerirían reformas legales en inmigración, fiscalidad, vivienda, seguridad…
Catalunya no ha sido inmune a ese relato xenófobo: Josep Anglada y su Plataforma per Catalunya jugaron con el “Primer, els de casa” para hacerse un hueco municipal; y, ahora, Vox compite con Aliança Catalana con una campaña bilingüe con el mismo lema. La inmigración es el pal de paller del proyecto de Sílvia Orriols: “Eliminaré el consorcio de bienestar social del Ripollès y redirigiré todos los recursos que se dedican a la inmigración ilegal hacia nuestra gente”. Y Vox busca extender su “los españoles primero” allí donde el PP necesite sus votos, participen o no del gobierno autonómico de turno.
En Extremadura y Aragón, los de Abascal amarran su base electoral con las consejerías de Agricultura y Ganadería; alimentan el conflicto ideológico con las competencias de Medio Ambiente, y dan la batalla cultural ocupando las áreas de servicios sociales. El bautizo de consejerías con la denominación “Desregulación” fomenta el discurso del exceso de Estado en el frente económico. El PP puede argumentar que retiene las áreas sensibles de gobierno, pero aumentan las contradicciones forzadas por un adversario que compite por tu espacio electoral. De ahí los vaivenes de Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, los dos perfiles extremos del PP.
Feijóo ha cedido para que gobiernen sus barones. ¿En qué cederá para ser presidente?
La presidenta madrileña defiende una Comunidad “más abierta que nunca” al mismo tiempo que insinúa un pucherazo con la regularización de inmigrantes. Proclama que “cualquier delincuente de medio pelo podría ser regularizado”, pero en febrero votó con el PSOE y Más Madrid para frenar una iniciativa de Vox en la que se reclamaba publicitar el origen de los delincuentes detenidos. “Muchas de esas bandas de delincuentes son tan españolas como Abascal”, argumentó.
Feijóo ha cedido para que gobiernen sus barones. ¿En qué cederá para ser presidente? Las elecciones serán “cuando toque”, y Abascal exprime la nueva bandera extremely con iniciativas en Valencia, Murcia, Baleares, Canarias… y, otra vez, en el Congreso. El martes someterá al PP a una prueba de estrés con una propuesta que condiciona el acceso a los servicios sociales a los años de cotización y aboga por la “reemigración” de los extranjeros que “erosionan el Estado de bienestar de los españoles”. ¿Si los delincuentes de medio pelo son patrios, no hay problema?
