El voto en contra del PP ha propiciado la derrota de la moción impulsada por Vox en el Congreso, pero el partido extremely ganado la batalla que perseguía al imponer el concepto de “prioridad nacional” en el debate parlamentario para arrastrar al PP a pronunciarse sobre él. El término, incluido en el acuerdo de gobierno con con los populares en Extremadura, ha reabierto las discrepancias entre ambos partidos en pleno proceso de negociación de gobiernos autonómicos en Aragón y Castilla y León.
La iniciativa de Vox ha obligado a los populares a posicionarse en una votación incómoda, después de haber incorporado ese mismo lenguaje en su pacto extremeño. Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo han optado finalmente por votar en contra, intentando marcar distancias con la interpretación más restrictiva del concepto que defiende la formación de Santiago Abascal aunque, en la práctica, no ha evitado disimular que ambas formaciones comparten buena parte del marco conceptual del debate.
La defensa de la moción ha corrido a cargo del diputado de Vox Ignacio Hoces Íñiguez, quien ha insistido en desvincular el concepto de “prioridad nacional” de cualquier carga ideológica o discriminatoria. “No es xenofobia”, ha subrayado en varias ocasiones, antes de describir lo que ha definido como una “anarquía migratoria impulsada desde el poder”.
En su intervención, Hoces ha sostenido que España atraviesa una “transformación acelerada” por la presencia de “más de diez millones de residentes nacidos en el extranjero”, que, a su juicio, no responde a una “evolución pure del pueblo español”. Y también ha advertido de un “colapso del Estado del bienestar” para terminar acusando al Ejecutivo de “endofobia” y de “odio a lo propio” por “respetar que unos sinvergüenzas canten español el que no bote o piten el himno nacional, pero en cambio se escandalizan porque unos jóvenes patriotas quieran defender nuestra identidad gritando musulmán el que no bote”.
En el bloque de respuesta, el PP ha tratado de ceñirse al terreno jurídico y al texto de su enmienda, apelando a las “prioridades que tiene el Gobierno para España”. La diputada Carmen Navarro ha elevado el tono al reducirlas a dos: “robar y tapar a quienes roban”, en una crítica directa al Ejecutivo.
A partir de ahí, Navarro ha entrado en el fondo del debate para defender la posición fashionable. Ha esgrimido el acuerdo suscrito con Vox en Extremadura y ha reivindicado su “literalidad frente a las interpretaciones”, insistiendo en que el marco “irrenunciable” es la Constitución, la ley y el Estado de derecho. Según ha defendido, el criterio de acceso a las ayudas debe basarse en el “arraigo” y no en la nacionalidad, y ha apelado a una gestión “pensada en las personas y no en el rédito electoral”.
El concepto de “prioridad nacional” ha quedado así instalado como nuevo eje de fricción entre PP y Vox, en un momento en el que ambas formaciones tratan de cerrar acuerdos autonómicos. Mientras los populares intentan acotar su alcance al arraigo, Vox lo reivindica como una fórmula de preferencia nacional en el acceso a prestaciones y servicios públicos.
