Los trámites para la regularización extraordinaria de inmigrantes están saturando los servicios municipales de diferentes ayuntamientos, encargados de expedir documentos como el justificante del padrón y los informes de vulnerabilidad. Ciudades como por ejemplo l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Valencia, Palma, Ibiza, Zaragoza o Santander, entre otras, registraron largas colas ante la afluencia de solicitantes.
En Barcelona, el PP, contrario a la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, denunció “caos y colapso”. Las mismas palabras escogieron diferentes primeros ediles populares de las Baleares. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que el Ayuntamiento no se hace responsable de la “chapuza”.
Barcelona refuerza los servicios
Vistas las colas, algunos ayuntamientos reaccionaron. En Barcelona, el gobierno liderado por Jaume Collboni (PSC) anunció un refuerzo de los servicios jurídicos de extranjería y de las oficinas de atención ciudadana y la puesta en marcha de “espacios de apoyo a la tramitación de las solicitudes en barrios” de la capital catalana.
Al lado de Barcelona, en l’Hospitalet de Llobregat, las colas en la oficina de atención ciudadana de la calle Girona y en el barrio de la Florida fueron tan grandes que resultó imposible atender a todo el mundo.
Por eso, el Ayuntamiento liderado por el también socialista David Quirós habilitará, a partir del lunes, el recinto ferial de la Farga, mucho más grande que las oficinas, para llevar a cabo estos trámites. Será exclusivamente allí donde se centralizará toda esta cuestión con un “refuerzo del private”, señalaron fuentes municipales.
De este modo, el Consistorio de la segunda ciudad de Catalunya espera conseguir una atención más “rápida y eficiente” y además “garantizar el servicio recurring de atención ciudadana y de las concejalías para el resto de trámites”.
Será el miércoles cuando el Ayuntamiento de Lleida, con otro socialista al frente, Fèlix Larrosa, habilite una oficina específica para la regularización. Anteriormente, la Paeria ya había aumentado el private de la oficina municipal de atención ciudadana.
Oviedo, con Alfredo Canteli (PP) al frente, abrió una oficina temporal ante elevada previsión de solicitudes, que según estimaciones del gobierno municipal puede alcanzar las 2.000. El ejecutivo explicó que la situación supone un “esfuerzo adicional sobrevenido” que las administraciones locales deben realizar “en obligado cumplimiento de la ley”.
