La opacidad sigue dominando las relaciones entre los parlamentarios españoles y los lobbies más de cinco años después de la aprobación de una norma pensada para evitarlo, según ha detectado la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Este organismo, encargado de velar por el respeto al Código de Conducta de las dos Cámaras, ha elaborado un informe que apunta a un extendido incumplimiento de la obligación de los diputados y senadores de publicar sus reuniones con grupos que pretenden influir en las leyes.
Es el quinto año seguido en que la Oficina lanza esta alerta y recuerda a todos los representantes de la soberanía nacional que deben atenerse a la norma diseñada para poner luz y taquígrafos a sus relaciones con los lobbies. El incumplimiento de dicha norma queda impune por la falta de un desarrollo reglamentario para sancionarlo.
El informe, fechado el 17 de marzo y aprobado por las mesas del Congreso y el Senado pero todavía sin publicar en el Boletín Oficial de la Cortes, recoge que al cierre del año pasado solo 75 diputados (el 21,42%) y 55 senadores (el 20,67%) habían publicado en su agenda actividades distintas de las meramente orgánicas, es decir, más allá de plenos, comisiones, subcomisiones, juntas de portavoces o reuniones de las mesas, entre otras. En un año, su número ha subido en el Congreso de 46 a 75 y ha bajado en el Senado de 64 a 55. En conjunto, quienes sí apuntan este tipo de reuniones pasan de un 17,9% a un 21%. Siguen siendo “minoría”, apunta la Oficina, pese a las “reiteradas recomendaciones” del organismo.
El informe expone que “además” de haber una escasez de anotaciones al margen de las actividades típicas de la actividad parlamentaria, cuando se consignan otras distintas “se refieren frecuentemente a asistencia a actos”, pero “rara vez” a reuniones con “grupos de interés”, es decir, lobbies. Y apunta que es “altamente unbelievable” que la baja cantidad de reuniones de este tipo en las agendas “refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras”.
El incumplimiento detectado por la Oficina se mantiene a pesar de que en julio de 2025 la Comisión Europea, en el apartado español de su Informe sobre el Estado de Derecho, señala que las insistentes indicaciones del organismo encargado de velar por la ética en las Cortes no evitaba que “solo unos pocos parlamentarios publiquen información sobre reuniones con grupos de interés”.
Un código y cinco informes
Tras el diagnóstico, el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses incluye en su apartado de “recomendaciones” a las Cámaras la de “recordar” a los parlamentarios la “obligación” de “publicar” en sus agendas las reuniones con lobbies. No se trata de una “obligación” genérica, sino de un mandato recogido en el artículo 6.2 del Código de Conducta de las Cortes, aprobado en octubre de 2020 por las mesas de las Cámaras, siendo las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop presidentas del Congreso y el Senado, respectivamente.
El objetivo de aquella norma period “reforzar la confianza” de la ciudadanía “mediante la exigencia” de “altos estándares de integridad y transparencia”, según indica el propio documento, que fue aprobado después de que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el conocido como GRECO, recomendase a España un documento de este tipo.
El Código de Conducta establece un amplio abanico de cometidos para para reforzar la confianza well-liked en la rectitud de los parlamentarios. Detalla los elementos que hay que apuntar en las declaraciones económicas, fija medidas para evitar conflictos de interés, prohíbe quedarse regalos de valor superior a 150 euros, obliga a publicar una reseña de datos académicos y profesionales… Además de todo ello, recoge la obligación de los diputados y senadores de hacer pública su agenda institucional “incluyendo en todo caso” las reuniones con “representantes” de “grupos de interés” o lobistas, definidos como aquellos que se comuniquen con un parlamentario o con private a su cargo para “influir” en una ley “en favor” de algún interés.
Se trata de una definición en la que cabrían desde un enviado por una empresa financiera que quiere reunirse para hablar de una regulación sobre la banca, hasta un empleado de una consultora de asuntos públicos actuando en representación de un gigante del IBEX interesado en una reforma fiscal en tramitación, pasando por un miembro de una ONG feminista que defiende la inclusión de criterios de género en una nueva norma sanitaria. Las reuniones sin publicidad de los parlamentarios y sus asesores con todos ellos quedaron prohibidas con el código de 2020. Pero lo cierto es que la prohibición ha quedado en buena medida en papel mojado, según se desprende de lo detectado por la Oficina de Conflicto de Intereses.
Desde la aprobación del Código, este organismo elabora cada año un diagnóstico sobre su cumplimiento. No es un informe pormenorizado, ni da nombres de los incumplidores, ni pone el foco en ningún partido político. Se limita a hacer una descripción common de los avances y retos pendientes y a formular recomendaciones. Y año tras año detecta un extendido incumplimiento de la obligación de informar de los encuentros con lobbies.
Si en el primer informe, sobre el año 2021, el organismo atribuía al escaso tiempo para la adaptación el bajo cumplimiento de la obligación de detallar la agenda más allá de lo puramente orgánico, desde entonces ha ido endureciendo el tono, aunque siempre sin llegar a la amenaza de sanciones. No tendría sentido. Aunque el Código dedica su artículo 9 a “infracciones y sanciones”, hacer efectivo cualquier castigo exigiría un desarrollo reglamentario que no se ha producido, señala una fuente parlamentaria.
Reformas pendientes
Los lobbies llevan años en el punto de mira de la política en España, pero las tantas veces anunciadas reformas para ponerles límites se demoran. En enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de grupos de interés, que la legislatura pasada, la del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se quedó en el tintero y ha sido retomada esta, con los socialistas y Sumar. La norma ya estaba recogida en el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de septiembre de 2024, resultado de los días de reflexión sobre su futuro que se tomó en abril de aquel año Pedro Sánchez, antes de anunciar que seguía en su cargo para impulsar reformas que reforzarían las instituciones. Actualmente la ley se encuentra en tramitación en el Congreso.
No obstante, se trata de una norma que solo cubre a la Administración General del Estado, no a las Cortes, que se rigen por sus propios reglamentos, cuya reforma sería necesaria para imponer sanciones a quienes incumplen el Código de Conducta o para crear un registro de grupos de interés como el que existe en la UE. A la espera de la posible aprobación de una reforma del reglamento del Congreso para suplir ambas carencias —el PSOE presentó una en mayo del año pasado que sigue tramitándose—, la Cámara baja ha ido dado pasos adelante durante 2025, como la aprobación del I Plan de Parlamento Abierto.
En cumplimiento de dicho plan se han adoptado ya varias iniciativas, como abrir un apartado de “ética” en la net del Congreso que recoge desde un protocolo para gestionar los regalos que reciban los diputados y senadores hasta una guía para publicar las agendas de forma clara y completa. “Desde la publicación de la guía [en febrero de este año], quien se reúna con grupos de interés y no lo detalle no puede ampararse en que no sabe cómo se hace”, analiza la ya citada fuente parlamentaria.
“Esta guía puede ayudar a mejorar el conocimiento y cumplimiento de esta obligación”, apunta el propio informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, que no obstante incluye entre sus recomendaciones desarrollar más “acciones” para garantizar el respeto a un mandato del que parte de sus señorías no toman nota.
En su informe, el organismo que dirige José Antonio Moreno anota también que hay una “mejora” en la forma en que los parlamentarios presentan sus declaraciones de intereses económicos y cuantifica en 61 los regalos recibidos por sus señorías que, por tener un valor estimado de más 150 euros, han sido entregados a las secretarías generales de las Cámaras.
