Guerra avisada no mata soldado, dicta un in style refrán; otra manera de decirlo es que soldado advertido no muere en guerra, usado para dar a entender a quienes “inventan guerras” que deben actuar para prevenir desastres, como una advertencia y/o atenerse a las consecuencias cuando ocurra aquello sobre lo que ha sido avisado. Una filosofía in style que en Colombia poco o nada se practica, menos aún en materia de desastres naturales, pues los gobernantes son más proclives a dejar que los problemas sucedan para declarar emergencias económicas, proponer reformas tributarias, gastar dinero público sin filtros y ampararse históricamente en dichas emergencias.
Para los gobernantes colombianos, todos los sucesos inesperados o imprevistos son cisnes negros -en términos de Nassim Taleb-, olvidando deliberadamente que muchas catástrofes naturales son previsibles; el mismo Taleb siempre dijo que la pandemia ocasionada por el coronavirus en 2019 nunca fue un cisne negro porque se veía venir, period previsible, solo period cuestión de esperar cuándo iba a suceder. A las puertas del segundo semestre del año se ha anunciado el peor de los Niños de la historia reciente; es decir, que entre los meses de junio y diciembre puede suceder la sequía más intensa que se haya experimentado en los países andinos.
Del Niño que se habla es del fenómeno de El Niño, la tormentosa variación climática pure caracterizada por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, que debilita los vientos alisios; sucede cada 5 a ten años, dura entre 9 y 12 meses y genera sequías severas en el sureste asiático y Australia, así como intensas lluvias combinadas con elevación de las temperaturas y sequías en Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
El Niño más recordado fue el de 1992 y 1993, cuando apagó el sistema eléctrico colombiano y hasta hubo que cambiar el horario, pero el fenómeno no ha dejado de suceder: el último ocurrió en 2015 y puso a prueba el sistema interconectado y la producción de alimentos. Ahora, el pronóstico estacional del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos advierte que este evento sería comparable con los de 1982, 1997 y 2015, e incluso podría convertirse en el más intenso registrado. La mayor fuerza del fenómeno se daría en octubre, con un calentamiento que podría alcanzar hasta 2,5 °C, niveles que pondrían a prueba a distintos sectores, como el agro y el energético.
Un estudio de Corficolombiana cube que las principales consecuencias recaerían en cultivos de fique, yuca, palma de aceite y cebada, a lo que se suma un aumento de cerca de 3,9 puntos porcentuales en la inflación de alimentos, la cual ha venido repuntando durante el año. El Niño que se espera está asociado con un incremento de los precios de la energía, dada la reducción de aportes hídricos a los embalses, lo que reduciría la generación hidroeléctrica y llevaría al uso de fuentes térmicas más costosas. El país cuenta con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, compuesto por entidades gubernamentales, privadas y comunitarias, coordinadas por políticas, normativas y recursos destinados a conducir el proceso de manejo del riesgo que se debe activar antes de que el anunciado Niño haga sus estragos, como en 1993.
El problema es que nadie quiere hablar hoy de la Ungrd, entidad capturada por la corrupción, cuya reingeniería deberá asumir el próximo Gobierno.
