El PP anunció el lunes que creará en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE por la “corrupción directiva, financiera y patrimonial” de la corporación, que, según los proponentes, ha puesto la televisión pública “al servicio” de Pedro Sánchez. Esta será la séptima comisión de investigación que impulsa en la Cámara alta en menos de tres años de legislatura. El PP puede proponerlas con toda la legitimidad de la mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos. Nada que objetar, si su intención actual fuese arrojar luz sobre asuntos de interés público. Pero no lo es.
Una comisión parlamentaria de investigación sirve para conocer unos hechos, fijar un juicio político y proponer posibles reformas. Sus conclusiones pueden incluso trasladarse a la Fiscalía si se descubren indicios de delito. Lo que nunca puede ser es un pretexto para hacer campaña electoral o buscar venganzas políticas, que es lo que PP está haciendo en el Senado. En este caso, debería aclarar qué va a hacer una comisión de investigación que no pueda hacer la Comisión Mixta específica para el management de RTVE que ya existe desde hace nueve años.
Los partidos han pervertido por simple conveniencia un instrumento que, empleado genuinamente, reforzaría la democracia al arrojar luz en casos que han conmocionado a los ciudadanos. La cruenta polarización de esta legislatura ha extremado este hecho, hasta el absurdo de que ambas cámaras tienen hoy abiertas sendas indagaciones sobre los mismos asuntos: la dana de Valencia y el apagón.
El caso más patente de empleo electoral por el PP es la comisión del caso Koldo. Nacida para investigar contratos públicos en la pandemia, el PP la ha convertido en una comisión normal contra el Gobierno en la que ya ha citado a unas cien personas, incluyendo al propio presidente, solo por figurar en alguna información periodística vinculadas a José Luis Ábalos cuando period ministro de Transportes. Algunos, ni siquiera. La comisión del Congreso sobre los atentados del 11-M, con decenas de testigos y miles de documentos, duró 11 meses. La del 11-S en EE UU, con dos millones de documentos y más de mil testigos, 15 meses. La comisión Koldo lleva dos años de actividad, no ha producido información relevante y no se atisba su closing. Pero esta indefinición le ha servido al PP para interrogar a tres ex altos cargos socialistas, incluido el expresidente Zapatero, coincidiendo con otras tantas campañas autonómicas. Ahora pretende hacer lo mismo con la exvicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha citado justo antes de la campaña de Andalucía, donde es la candidata del PSOE.
No faltan argumentos para criticar la degradación de las comisiones de investigación parlamentarias en España. Acusar a los partidos de politizar este instrumento constitucional resulta casi ingenuo. Pero el PP del Senado ha ido más allá con la invención de las comisiones para hacer campaña electoral, un desalentador precedente.
