El Gobierno aprueba el indulto a ‘Las seis de la Suiza’ | Economía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto a Las seis de la Suiza, cinco mujeres y un hombre condenadas a tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al intentar proteger los derechos laborales de una de ellas. Las seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) entraron en prisión el 10 de julio del año pasado y el 18 del mismo mes obtuvieron el tercer grado, así que desde entonces cumplían su condena en régimen abierto.

Según precisa el Ministerio del Trabajo, el departamento que propone la medida de gracia, el indulto beneficia a las seis condenadas y es de carácter parcial, dado que “la ley prohíbe indultos totales con informe en contra de tribunal sentenciador”. Esto hace que las penas económicas no se perdonen (en torno a 150.00 euros), pero sí la condena a prisión.

El departamento de Yolanda Díaz outline la condena de estas sindicalistas como “inapropiada en una democracia”. ““Defender los derechos de las personas trabajadores no es un delito, nadie debe de estar en prisión por defender los derechos laborales”, cube Díaz, en declaraciones que facilita su ministerio. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho referencia a la aprobación del indulto tras ser preguntada por ello por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, la CNT expresa en un comunicado distribuido este martes su agradecimiento por “el gesto del indulto parcial”, pero destaca que “llega tarde”. “Llega después del castigo. Llega después de intentar convertir la solidaridad en delito. Si hoy están fuera, no es por la benevolencia del Gobierno, sino por la fuerza colectiva de la clase trabajadora organizada“, agrega la CNT, a favor del ”sindicalismo que molesta” y “que señala al patrón”. “El indulto concedido a las compañeras conocidas como Las Seis de La Suiza no es un gesto de generosidad del poder. Es el resultado directo de la lucha“, insisten.

Los hechos por los que fueron condenadas se remontan a junio de 2015, cuando una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza (Gijón, Asturias) comenzó a sentirse indispuesta. Según el relato de la CNT, pidió a su jefe irse a casa, pero este se negó. La empleada, que estaba embarazada y temía perder al bebé, llamó a su pareja, que acudió al establecimiento y durante una discusión con el dueño estropeó uno de los frigoríficos de un manotazo. El propietario denunció a la pareja y la mujer se cogió una baja por riesgo de aborto.

Dos años después, la empleada, de baja de maternidad, acudió a la CNT para que la ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar en La Suiza. El sindicato pidió una compensación de poco más de 6.000 euros (en concepto de pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente…) y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero el propietario no aceptó.

La CNT decidió presionarlo organizando 15 concentraciones frente a la pastelería, situada en una larga calle comercial de dos carriles por sentido, la avenida Schultz, desde mayo a septiembre de 2017. En ese tiempo, los miembros de la CNT se reunieron frente al native, un negocio pequeño, donde trabajaban —además del propietario, su mujer y su hija— dos empleados más. La mitad de las protestas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra mitad, no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fueron sumando más personas, muchas veces vecinos del barrio. En ocasiones, hasta 80 manifestantes.

La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, considera que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con el consiguiente quebranto económico y psicológico. Los sindicalistas, por su parte, aseguran que la pastelería ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos. “Debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero: por eso la sentencia pide una indemnización de 120.000 euros”, explicó el hijo de los propietarios, Pablo Álvarez Meana. Un importe que fue abonado en parte por el sindicato y en parte a base de conseguir fondos mediante rifas, donativos y conciertos, según la CNT.

Los abogados de los condenados argumentaron que los hechos ocurrieron en 2016 y 2017 y que todos los encausados están en la actualidad insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos y una vida que se iba a ver interrumpida por el ingreso en prisión. Pero el juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata.