El Gobierno y Esquerra Republicana han cerrado este jueves un acuerdo por el cual los republicanos se comprometen a votar favorablemente a la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de marzo que incluye modificaciones a la ley de Memoria Democrática para indemnizar a aquellos que perdieron la vida en defensa de la democracia o que sufrieron lesiones graves en el marco de la represión del tardofranquismo. La iniciativa, que se vota hoy en el pleno del Congreso, contemplaba ampliar este reconocimiento a estas víctimas hasta el 29 de diciembre de 1978. Tras una negociación con ERC, se amplía este ámbito temporal de las indemnizaciones a aquellas personas que sufrieron el tardofranquismo hasta el 31 de diciembre de 1983.
La entente sellada entre el Ejecutivo central y el grupo encabezado por Gabriel Rufián también contempla la extensión del período para solicitar las ayudas. La modificación registrada por el Gobierno ponía el límite en un año, pero ahora este plazo para presentar las solicitudes alcanzará los tres años desde la entrada en vigor del decreto -que lo está desde su aprobación en el Consejo de Ministros-.
Paralelamente, ERC ha informado en un comunicado que se “flexibilizarán los criterios para evitar exclusiones injustas” y que se puedan acoger a estas indemnizaciones otros casos “representativos de la represión”. Entre ellos, citan el de los familiares de Salvador Puig Antich. Y otro aspecto que se ha incluido en el pacto es que se anteponga el principio de interpretación a favor de las víctimas, es decir, que “se garantice una aplicación de la norma basada en la reparación integral” y así “se eviten interpretaciones restrictivas que limiten los derechos reconocidos”.
Los republicanos defienden que este acuerdo “supone un paso adelante para hacer efectiva una memoria democrática más justa, inclusiva y centrada en las víctimas” y han comprometido su voto favorable a cambio de que el Gobierno “asuma públicamente estos compromisos” y se incorpore en su camino legislativo posterior, puesto que el decreto, si es convalidado, se puede tramitar después como proyecto de ley.
El elemento más sustancial es la ampliación del reconocimiento de las víctimas del tardofranquismo para que puedan percibir unas indemnizaciones que, en el caso de las personas beneficiarias de quienes fallecieron, pueden alcanzar los 250.000 euros. Por lo que atañe a aquellos que sufrieron lesiones incapacitantes, si se trata de una incapacidad permanente absoluta alcanza los 180.000 euros y a 500.000 euros si la lesión le causó una gran invalidez.
La ley de Memoria Democrática fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Inicialmente contemplaba indemnizar a los fallecidos en defensa de la democracia en el periodo que abarcaba del 1 de enero de 1968 al 31 de diciembre de 1977. Un año después se reformó para incluir como perceptores a quienes sufrieron lesiones incapacitantes.
En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez derogó aquella norma e impulsó una nueva en la que quedaban al margen las víctimas del tardofranquismo. Tras ello, ha sido ahora cuando el Ejecutivo central ha incorporado una disposición adicional en la que se integra a este colectivo y cuyo marco de aplicación pasaba hasta el 29 de diciembre de 1978 (cuando entró en vigor la Constitución). Ahora, tras el acuerdo con ERC, debería extenderse hasta el 31 de diciembre de 1983.
