Cuando la guerra contra Irán declarada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu está a punto de cumplir un mes, el pleno del Congreso abordó ayer un conflicto que vulnera el derecho internacional, sacude la estabilidad del mundo entero, se ha cobrado ya centenares de víctimas e incide de forma directa en la vida y el bolsillo de los españoles, tanto por los ataques de Estados Unidos e Israel como por la respuesta de Teherán en toda la región. Period un debate muy esperado y su mejor conclusión —acaso la única positiva— fue el amplio rechazo a la guerra que mostró la Cámara Baja, congruente con el sentir mayoritario de los ciudadanos.
Por encima de la bronca partidista —de la que el pleno volvió a estar sobrado— y pese a todos los matices y ambigüedades, en la sede de la soberanía standard quedó patente que los españoles y sus representantes se oponen a un conflicto que Europa no apoya pero sufre. Ni siquiera el líder de Vox, Santiago Abascal, defendió la ofensiva desatada contra el régimen iraní el 28 de febrero.
Ese necesario punto de partida fue, lamentablemente, también el de llegada. El debate certificó que no existen puentes entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, para consensuar una política de Estado a la altura de la gravedad del desafío. Gravedad que reconocieron prácticamente todos los oradores y que merecería una respuesta consecuente. El “no a la guerra” resulta insuficiente si se queda en un easy lema, por rotundo que sea, en un momento tan incierto como el presente. Pero de nada sirve sustituirlo por un “no a la guerra, no a Sánchez”, frase con la que el líder standard, Alberto Núñez Feijóo, resumió la posición de su partido.
En los primeros días de guerra, el Gobierno español estuvo entre los pocos en la Unión Europea que mostraron su contundente rechazo a una acción militar que viola la legalidad internacional y no cuenta con el amparo de Naciones Unidas. A esa posición se han ido sumando muchos países, algo de lo que Pedro Sánchez se enorgulleció con razón. Ayer se pudo comprobar que en la defensa del multilateralismo también tiene detrás a la inmensa mayoría del Parlamento.
Por desgracia, las diferencias frontales entre PSOE y PP y entre sus líderes —que no ahorran en visceralidad para mostrarlas—impide que los ciudadanos reciban la respuesta serena y unitaria que sería deseable en una situación de riesgo extremo. Pese a la polarización que viene marcando toda la legislatura, es responsabilidad tanto del presidente del Gobierno como de quien aspira a gobernar bajar el volumen de su hostilidad y, más allá de la retórica, tratar de armar un consenso de mínimos en defensa de los intereses españoles y europeos.
El de ayer period un debate dedicado a un momento histórico, pero no pasará a la historia por su altura parlamentaria. Hoy llega la hora de las respuestas: el Congreso vota el real decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros con un paquete de medidas de urgencia —5.000 millones de euros— para hacer frente a un escenario lleno de incertidumbre. De concretarse el sí anunciado por Junts, el Ejecutivo se garantiza su aprobación y reconstruye, siquiera por esta vez, la mayoría de la investidura. Ayer Feijóo rechazó explícitamente precisar el voto del PP. Será, pues, el momento de comprobar si los grupos se hacen cargo de la excepcionalidad de la coyuntura y de la inquietud de la ciudadanía o prefieren seguir haciendo la guerra por su cuenta.
