El próximo miércoles 15 de abril entra en funcionamiento el sistema de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia católica firmado entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal Española. Este contempla, entre otras cuestiones, el pago de indemnizaciones a cargo de fondos del clero. El acuerdo no ha sido fácil. Después de dos años de negociación, intervención papal de por medio, el ministro Félix Bolaños conseguía la rúbrica del acuerdo el 8 de enero, y la plasmación de un protocolo el 30 de marzo.
La Defensoría del Pueblo, por medio de la Unidad de Víctimas, será la encargada de estudiar cada caso, escuchar las partes y elaborar una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (que puede comportar medidas simbólicas, de acompañamiento, restaurativas y/o económicas). Si hay conformidad, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si esta no se produce, se derivará el caso a la Comisión Mixta (conformada por las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas) para tratar de llegar a un acuerdo. Si no ocurriera, la valoración del ombudsman será la que prevalecerá.
Si bien es cierto que en otros países se contempla la reparación y, en concreto, la satisfacción de indemnizaciones, la peculiaridad del sistema español se encuentra en el papel que juega el Estado, lo público. Y este hecho no es baladí, tiene una gran valía: no solo porque ofrece mayores garantías, al no depender de un acuerdo exclusivamente privado, si no, y sobre todo, porque en este caso puede hablarse propiamente de la creación de un mecanismo extrajudicial con carácter público que explora los caminos de una justicia transicional con dimensión restaurativa. La Iglesia se aviene así a un marco de justicia secular.
Se trata de un sistema que busca hacer efectivos los principios de justicia y reparación hacia un colectivo de víctimas que durante muchos años ha permanecido olvidado (víctimas invisibles, utilizando el concepto de Jon Mirena Landa). Hasta el momento, frente a fenómenos de victimización colectiva de este tipo, solo existían dos salidas: permanecer en el olvido o persistir en las vías clásicas. Es decir, bien aceptar la invisibilidad y vivir en la privacidad el sufrimiento, o bien intentar judicializar unos casos que difícilmente iban a tener éxito (por prescripción o debilidad de la prueba por el paso del tiempo como muy bien explica Josep Maria Tamarit).
Pero la demanda social y la autoorganización de las víctimas, el conocimiento académico con su implicación en el cambio social, y la imaginación político-jurídica en el ámbito institucional han logrado construir otros escenarios posibles. El sistema de reparación que se pondrá en marcha viene a culminar en el ámbito de los abusos a la Iglesia católica la vía iniciada en Navarra con la Ley Foral 24/2022 de reconocimiento de estas víctimas. Esta creaba una comisión de reconocimiento que funciona de manera ejemplar (y con un espíritu comparable a las leyes de víctimas de tortura en Euskadi y Navarra).
En este tipo de instituciones (las comisiones de reconocimiento navarras y vascas o la unidad de víctimas del Defensor), se lleva a cabo la escucha y la investigación del caso y el reconocimiento como víctima, abriéndose la puerta a servicios de acompañamiento e indemnizaciones. Además, la creación de estas comisiones o unidades supone el reconocimiento de la existencia del fenómeno, una constatación pública y compartida que la victimización ha sucedido. También se identifican patrones de victimización. Tienen una dimensión política que permite un acercamiento colectivo. Y, por lo tanto, una cierta garantía de transformación institucional para la no repetición.
Se entiende la justicia a partir de un sentido amplio y profundo. Estos instrumentos permiten transitar del daño (y la sanación) particular person a aquella común, el paso de las lógicas de la retribución a aquellas de la restauración, y de la easy reparación a la compleja transformación. Hacer justicia, entendida como transformación de los propios puntos de partida atravesados por injusticias, desigualdades y problemas de distinta índole. Hacer justicia, para vaciar resortes de sufrimiento, y construir sociedades más libres y fraternas en el hoy y para el mañana.
Las aproximaciones más novedosas del derecho internacional de los derechos humanos apuestan por una comprensión amplia de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tener en cuenta el espacio y el tiempo. Contextualizar y adaptar las actuaciones transicionales. Despegarse de los instrumentos estrictamente jurídicos, abrir el abanico a la política y la historia. Dar peso a los mecanismos de justicia y reparación más allá del derecho penal.
En definitiva, frente a este tipo de victimizaciones, tenemos por delante dos dimensiones que abordar: por una parte, evitar la impunidad; y, por otra, generar una cultura política y un contexto para que no vuelvan a producirse. Con el nuevo sistema de reparación de víctimas de la Iglesia católica se empieza a consolidar una aproximación restaurativa-transformativa, una mirada profundamente situada y que permite abrir ventanas de futuro, en palabras de Hannah Arendt, la capacidad de comenzar algo nuevo. Es un cambio de paradigma que quizá aún cueste entender, y también dimensionar su potencia, pero sin duda un mundo mejor se construye en esta dirección.
