Si Noelia Castillo hubiera muerto en octubre de 2022, cuando se arrojó desde un quinto, nadie habría conocido su nombre, habría sido la suicida número 4.228. Pero, aun sin rostro, como parte de una estadística, habríamos lamentado su muerte, nos habríamos preguntado qué falló, nos habría provocado escalofríos recordar que la primera causa de muerte juvenil sea el suicidio, habríamos debatido sobre la ineficacia del sistema público a la hora de tratar los problemas de salud psychological, habríamos reflexionado sobre esta sociedad rota que empuja a los más vulnerables a la desesperación.
Pero Noelia no murió aquel día, como tampoco lo hizo en sus anteriores intentos autolíticos, sino que quedó parapléjica. Y el dolor físico se sumó al psicológico —había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno obsesivo compulsivo y depresión—. Dos años después de arrojarse al vacío pidió la eutanasia, que acabó ejecutándose este jueves. Y una parte de la opinión pública que habría llorado su suicidio si lo hubiera conseguido llevar a cabo en 2022, tras ser abusada sexualmente, lo celebró esta semana como una conquista. Como si lo que mediara entre una tragedia evitable y una muerte digna fuera poder remitirse al BOE o al veredicto funcionarial.
Los familiares y amigos de Noelia estaban de acuerdo en algo: el dolor físico que padecía no imposibilitaba su vida y lo que más le hacía sufrir period su condición psiquiátrica. Ninguno de ellos estaba conforme con su decisión y todos tenían la esperanza de verla mejorar con la terapia correcta. Pero los expertos no opinaron lo mismo, los últimos desde Estrasburgo, a cientos de kilómetros del hospital en el que Noelia pasó sus últimos años. Period, por cierto, un sociosanitario cuya planta baja, en la que vivía la joven, está dedicada al cuidado de ancianos.
Pero no es momento de denunciarlo. Parece que no es legítimo preguntarse si Noelia recibió la atención que necesitaba y merecía por parte del sistema público, que la tuteló desde su adolescencia. Que esta no es la semana para hablar de lo deficitaria que es la cobertura de la salud psychological en España, que es un escándalo señalar la extracción social de Noelia (¿creen que este caso se habría producido si se apellidara Fitz-James?), que no es oportuno mencionar que quienes padecen TLP tienen un 70% de probabilidades de intentar suicidarse. Parece que es una locura mencionar que el debate sobre la eutanasia no se agota ni mucho menos en la cuestión authorized, que es un delirio contemplar que la Administración pueda equivocarse o tener sesgos, que no es pertinente preguntarse por las puertas que abre este caso en relación a la concepción social del suicidio.
Parece que es improcedente recordar que la voluntad de morir de Noelia sí tuvo fisuras —en 2024 escribió una carta en la que pedía seis meses más para decidir sobre su muerte—, o que las primeras profesionales que la apoyaron, una médico y una psicóloga, renunciaron al caso después de esto. Parece que es una vergüenza empatizar con un padre que ha hecho lo que haríamos muchos en su caso, independientemente de nuestros errores: intentar agotar todas las opciones antes de ver cómo una hija se quita la vida.
Si vuestro progreso pasa por callar todo esto, por constreñir la realidad en una Ley Orgánica, por reducirlo todo a una pugna ideológica —hoy contra Abogados Cristianos, mañana contra quien toque—, por concebir la libertad como un fin en sí mismo, por permitirnos hablar de muerte digna mientras no somos capaces de garantizar vidas dignas, podéis quedároslo. Porque es un progreso hacia el precipicio.
