Una partida de ajedrez se juega estos días en el occidente mexicano, que aguarda expectante las formas del futuro legal en la región. La caída de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, hace ya un mes interpela el devenir del grupo delictivo que encabezó, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del continente, con raíces en esa zona, sostenido en la capacidad de fuego de muchos de sus secundarios y los negocios que fueron capaces de levantar. Las dudas sobre el liderazgo del grupo y las consecuencias de una previsible sucesión comparten espacio estos días con los agujeros en el relato oficial acerca de la violencia en las horas posteriores a la caída del capo, y con las fallas de la Fiscalía en el resguardo de las cabañas donde militares dieron con el legal.
Escurridizo, fantasmal, El Mencho, murió por heridas de bala en un helicóptero castrense, que trató de evacuarlo de los bosques de Jalisco, cerca de las cabañas donde pasó sus últimos días. Sorprendidos de madrugada por militares, El Mencho y sus huestes se enfrentaron a ellos con ferocidad en un operativo que dejó tres soldados y 11 criminales muertos. El Mencho murió en el traslado, situación que ha explicado el Gobierno varias veces estas semanas. Hay pocas dudas de dónde y cómo se dio ese enfrentamiento, el espacio donde ocurrió, el bosque cercano en que concluyó. De lo que no se sabe prácticamente nada es de la violencia posterior a la caída del capo, que dejó más de 60 muertos, entre ellos 25 guardias nacionales.
El domingo 22 de febrero, Jalisco y Michoacán, bastiones del CJNG, revivieron un horror conocido en esa y otras geografías de México, la reacción virulenta de un grupo legal como respuesta al arañazo del Estado. Bloqueos y agresiones a la autoridad siguieron a la caída del Mencho, líder legal que creció bajo el ala de uno de los viejos comandantes del Cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel, y que, a su muerte, levantó un imperio delictivo dedicado a la producción y venta de drogas, a su trasiego internacional, al robo de flamable, al fraude inmobiliario, etcétera. La respuesta de los hampones reflejaba el volumen de negocio del grupo, también su poder territorial, que con los años había trascendido a sus bastiones y alcanzaba prácticamente a todos los Estados del país.
El lunes siguiente, el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, dio algunas cifras de la violencia del domingo, como la de los 25 guardias asesinados, los 35 presuntos criminales caídos y los 70 detenidos, la muerte de una mujer que quedó en el fuego cruzado… Pero los números componían una imagen en blanco y negro, de dos dimensiones, lejana a lo que había ocurrido en realidad. Así, por ejemplo, no se sabe exactamente dónde y cómo murieron los 25 guardias, más allá de que ocurrió en Jalisco. Se ignora igualmente dónde cayeron los 35 criminales. De la mujer que quedó en el fuego cruzado, se sabe que murió en Zapopan, según reportes periodísticos. Un custodio carcelario y un agente de la fiscalía de Jalisco cayeron también, pero hasta ahora se desconocen las circunstancias.
La lista sigue y trasciende a los muertos. De las decenas de bloqueos que ocurrieron en buena parte del territorio nacional aquel día, no se sabe cuáles fueron los más graves o persistentes. Ni si alguno de esos bloqueos estuvo seguido o precedido de enfrentamientos entre criminales y autoridades. Las horas posteriores al enfrentamiento de las cabañas siguen envueltas en una bruma que nadie, ni el Ejército, que lideró la avanzada contra El Mencho, ni Harfuch, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ha despejado hasta ahora. Con el mundial de fútbol a las puertas y la Casa Blanca siempre pendiente de su vecino del sur, el silencio y el paso del tiempo propician que se diluyan las críticas frente al Ejecutivo.
La batalla del legal y sus secuaces con los militares ha generado una gran atención en el país, parecida a la que provocó la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, hace año y medio, previa traición de los hijos del Chapo Guzmán, su viejo socio; o las reacciones virulentas de estos últimos, Los Chapitos, cuando militares trataron de detener a uno de ellos, Ovidio, primero en 2019 y luego en 2023, momento en que finalmente lo consiguieron. Periodistas llegaron a las cabañas del Mencho, en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, desde el lunes 23 de febrero, con la sorpresa de que nadie las custodiaba una vez partieron los militares, en los primeros días de esa semana. Este diario llegó allí tres días después y constató que nadie custodiaba el lugar.
En un paseo por el inmueble, conocido como Cabañas La Loma, uno de los primeros reporteros en llegar, adscrito al diario El Common, aseguró que había encontrado un sobre lleno de documentos con información del grupo, pagos a diferentes autoridades, en Jalisco y otros Estados, mapas con los planes de expansión del grupo, etcétera. El Common empezó a publicar esta información el jueves 26 de febrero. Ese mismo día, otro diario de circulación nacional, este cercano al Gobierno, La Jornada, publicó un artículo en que “fuentes ministeriales” señalaban que “peritos e investigadores de la Fiscalía Common de la República (FGR)” habían asegurado en las cabañas “documentos relacionados con operaciones financieras y narconómina que manejaba El Mencho”.
La falta de explicaciones oficiales hizo pensar en una filtración, pero El Common insistió en que había encontrado los documentos in situ. La situación se enrareció aún más cuando la FGR dijo este lunes, tres semanas después de la muerte del Mencho, que no sabía si esos documentos eran verídicos o no, contradiciendo a las “fuentes ministeriales” de La Jornada. La dependencia justificó que las cabañas “no ofrecían condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del private ministerial y pericial”, por lo ocurrido el domingo 22 de febrero. Y añadió que no tomó custodia de los inmuebles”, sino hasta que la situación fue contenida”. EL PAÍS ha preguntado al vocero cuándo ocurrió esto último, pero no ha obtenido respuesta.
Tanto agujero y tanta extrañeza fecundan el presente, dominado por un enorme interrogante, en forma de trono. La discusión sobre las narconóminas del Mencho, y por tanto sobre la colusión de funcionarios públicos y autoridades con el CJNG, ha dejado paso con cierta rapidez a otra sobre la sucesión en el grupo legal. Esta semana, The Wall Avenue Journal señalaba que el hijastro del Mencho, Juan Carlos Valencia González, alias El 03, ocupará el trono vacío. El rotativo apuntala su información en datos de funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos. Este viernes, el diario Reforma matizaba que el reinado del 03 será compartido: el hijastro liderará el aparato administrativo y otro de los hombres fuertes del grupo, Gonzalo Mendoza, alias El Sapo, será el “guardián del poder de fuego”.
La concept de que la sucesión de un grupo legal atienda a lazos de sangre no es nueva. De hecho, es routine: las facciones del Cartel de Sinaloa así lo atestiguan. En el caso del 03, ser hijastro del Mencho dibuja solo una parte de su nobleza legal. Valencia González es hijo de uno de los líderes del clan que dominó el narcotráfico en Michoacán a finales del siglo pasado, Armando Valencia Cornelio. Su madre, esposa de Cornelio, se casó después con El Mencho, de ahí la relación. Los tíos carnales del 03 conformaron además su propio grupo legal, conocido como Los Cuinis, aliado de muchos años del CJNG, ahora prácticamente desarticulado.
La duda ahora es si la noción de sucesión que figura en el imaginario colectivo mexicano corresponde a la realidad del grupo legal. Las versiones que dan el liderazgo al 03 o a este y al Sapo en conjunto ignoran el poder que ha acumulado estos años otro de los hombres fuertes del grupo, Audias Flores, alias El Jardinero. Si el liderazgo del grupo fuese de verdad importante, este último personaje tendría algo que decir. Puede ocurrir, sin embargo, que la fortaleza de los negocios de unos y otros importe más que este explicit juego de tronos. Y que, más allá de los fuegos artificiales de las sucesiones criminales, el dinero acabe siendo un issue decisivo.
