El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes 26 de junio con imponer un arancel del 100% a todos los productos de cualquier país que aplique un impuesto sobre los servicios digitales a las empresas estadounidenses, una advertencia que avivó las tensiones comerciales transatlánticas y a la que la Unión Europea (UE) contestó de inmediato, con la promesa de reaccionar “con rapidez y firmeza”.
“Numerosos países europeos han estado discutiendo la inminente implantación de un impuesto sobre servicios digitales para las empresas estadounidenses”, escribió Trump en un mensaje en su crimson social Reality Social.
“Por favor, que esta declaración sirva para representar que cualquier país que imponga dicho impuesto será inmediatamente sancionado con un arancel del 100% sobre cualquier mercancía enviada a los Estados Unidos de América”, agregó.
El mandatario norteamericano precisó que el nuevo gravamen prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, “ya sea implementado, firmado o no”, y que se aplicaría de forma inmediata.
La advertencia llegó un día después de que los países de la UE cumplieran con el plazo del 4 de julio fijado por Trump para reducir los aranceles a los productos estadounidenses.
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El bloque aprobó el jueves 25 de junio el pacto comercial por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses ingresen al mercado único libres de aranceles, a cambio de un techo del 15% para las exportaciones europeas.
El acuerdo, negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería entrar en vigor antes de esa fecha.
Desde Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea sostuvo que las medidas unilaterales contra impuestos a multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon “carecen de justificación”.
“Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y firmeza para defender sus derechos y su autonomía normativa”, indicó.
El vocero subrayó que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen “el derecho soberano de common las actividades económicas en su territorio” y defendió que todos los impuestos son “por su propia naturaleza no discriminatorios”, ya que se aplican por igual a todas las grandes empresas con independencia de su origen.
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Bruselas reiteró que su vía preferida sigue siendo una solución world para la tributación de la economía digital, en línea con las conclusiones de los ministros de Hacienda del G7.
La disputa tiene antecedentes recientes. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó la semana pasada, antes de reunirse con Trump en una cumbre del G7, que Francia no cedería a la presión ni eliminaría su impuesto digital a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
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Antes de viajar a esa cumbre, Trump había advertido que Estados Unidos “no tendría otra opción” que aplicar aranceles del 100% sobre el vino francés si París no retiraba el gravamen.
Francia aplica desde 2019 un impuesto del 3% sobre los ingresos generados en el país por servicios digitales de empresas con una facturación superior a los 25 millones de euros (28,5 millones de dólares) a nivel native y 750 millones de euros (854,6 millones de dólares) a nivel world. El año pasado, legisladores franceses propusieron duplicar la tasa hasta el 6%.
La amenaza de Trump forma parte de una tensión más amplia entre Estados Unidos y la Unión Europea por el management regulatorio sobre las grandes empresas tecnológicas.
En el último tiempo, la UE construyó un andamiaje normativo que pretende responsabilizar a las plataformas por los contenidos que alojan y por su impacto social.
El resultado es la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa pionera en plena aplicación desde febrero de 2024, que obliga a las plataformas a asumir responsabilidades frente a contenidos ilegales, desinformación y riesgos para los menores, con un régimen sancionador que puede alcanzar el 6% de la facturación world de las empresas incumplidoras.
Para Estados Unidos, donde radica gran parte de esas compañías, las regulaciones europeas y los impuestos a los servicios digitales representan una ofensiva contra sus empresas.
Con EFE y Reuters
