(Tennessee Lookout) – Numerosos niños inmigrantes de bajos recursos que padecen enfermedades críticas podrían perder pronto el acceso a atención médica important, después de que las autoridades de Tennessee ordenaran a los departamentos de salud pública verificar su estatus migratorio y reportarlo al gobierno federal, según el Tennessee Justice Middle.
El Departamento de Salud de Tennessee está poniendo en la mira a Youngsters’s Particular Providers (Servicios Especiales para Niños), un programa de seguro médico público de último recurso para niños con discapacidades y enfermedades potencialmente mortales, como cáncer, espina bífida y enfermedades terminales.
La semana pasada, la agencia estatal anunció que planeaba informar a las familias —tan pronto como esta misma semana— sobre una nueva política que exige la verificación del estatus migratorio como condición para mantener los beneficios, según Michele Johnson, directora ejecutiva del Tennessee Justice Middle.
El programa, que se financia mediante una combinación de fondos federales y estatales, es administrado por departamentos de salud pública locales en todo Tennessee. Durante más de 50 años, ha atendido a niños con discapacidades graves que requieren atención continua y carecen de otro seguro, independientemente de su estatus migratorio.
En la región central de Tennessee, alrededor de 100 niños sin estatus migratorio authorized corren el riesgo de perder su cobertura médica continua, según funcionarios del Departamento de Salud Pública de Metro (área metropolitana de Nashville).
No está claro cuántos niños podrían verse afectados a nivel estatal. El Departamento de Salud de Tennessee no respondió a las solicitudes de información o comentarios.
El programa solía asistir a jóvenes de hasta 21 años. A principios de este año, el departamento de salud estatal instruyó a las agencias locales de salud pública a dar de baja a cualquier persona de 18 años o más.
El Departamento de Salud de Metro Nashville dio de baja a siete jóvenes adultos del programa, pero para el mes pasado ya había encontrado alternativas para ellos, según declaró D’Yuanna Allen-Robb, directora de la División de Salud Materno-Infantil y Adolescente del departamento, durante una reunión de la junta de salud en mayo. Se desconoce cuántos se vieron afectados en todo el estado.
Los niños no cuentan con servicios alternativos de protección social similares en Tennessee.
El departamento no abordó lo que Johnson calificó como preguntas sin respuesta sobre el alcance de las verificaciones de estatus migratorio. No está claro si el estado planea dar de baja a los niños cuyas familias no puedan presentar pruebas de estatus migratorio authorized o si los reportará a las autoridades de inmigración. El Departamento de Salud de Tennessee no respondió a las preguntas que buscaban aclarar la situación. Cualquiera de los dos escenarios podría poner en peligro la salud y el bienestar de niños con afecciones médicas graves quienes, junto con sus familias, podrían convertirse en blanco de las autoridades migratorias.
“Representa una enorme amenaza para la vida de los niños con discapacidades importantes y para las familias que no tienen los recursos para mantener a sus hijos”, afirmó la Dra. Morgan McDonald, miembro de la Junta de Salud de Metro Nashville, durante una reunión celebrada el 14 de mayo.
Entre los afectados se encuentra un niño de 10 años nacido con espina bífida, un trastorno congénito que lo obliga a usar silla de ruedas y requiere visitas casi mensuales al médico o a urgencias, según relata su madre, Gabriella. Ella pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila, ya que teme que la familia pueda ser objeto de represalias por parte de las autoridades migratorias por alzar la voz, especialmente dado que tienen un caso de asilo pendiente.
La familia llegó a Estados Unidos cuando el niño tenía 3 años y, desde entonces, ha buscado atención médica para él a través del programa Youngsters’s Particular Providers (Servicios Especiales para Niños).
El año pasado, cuando el niño perdió temporalmente la cobertura durante varios meses —por motivos que su madre dijo no comprender—, un grupo de apoyo formado por otras madres colaboró para comprarle los suministros necesarios para su atención en casa. Sin embargo, ella describió la experiencia como angustiosa.
“Fue horrible en aquel entonces”, dijo Gabriella. “¿Y ahora? Esto nos deja indefensos y a la deriva”.
Gabriella comentó que a ella y a su esposo les faltan solo seis meses para conocer la decisión last sobre su solicitud de asilo. Le preocupa no solo perder el acceso important de su hijo a la atención médica que lo mantiene con vida, sino también las consecuencias que podría tener para su caso el ser denunciados ante el Servicio de Inmigración y Management de Aduanas (ICE).
“Si regresamos a Honduras, él no sobrevivirá”, afirmó Gabriella.
“Tenemos miedo. Ya sentíamos miedo antes de esto. Siento miedo todo el tiempo. Me da miedo salir. Me aterra que se lleven a mí sin mi hijo”. Mientras hablaba, no pudo contener las lágrimas.
La decisión del Departamento de Salud de exigir la declaración del estatus migratorio en el programa, tomada la semana pasada, provocó una carrera contrarreloj entre los defensores de la atención sanitaria, según señaló Johnson. Ya sea que la directriz del departamento exija notificar sobre inmigrantes sin estatus authorized, dar de baja a personas del programa o ambas cosas, esta «debería ser revocada de inmediato por ser ilegal», afirmó el Tennessee Justice Middle en una carta enviada el miércoles al Departamento de Salud del estado.
La carta, dirigida a Mary Katherine Bratton, asesora jurídica principal del Departamento de Salud de Tennessee, señala que la legislación recientemente aprobada en dicho estado —la cual exige verificar el estatus migratorio de quienes solicitan beneficios públicos— se aplica explícitamente solo a personas mayores de 18 años.
Según el Justice Middle, la directriz también entra en conflicto con las normas federales emitidas el año pasado, las cuales limitan el acceso a beneficios públicos federales para personas que carecen de ciudadanía.
La carta indica que el programa Youngsters’s Particular Providers (Servicios Especiales para Niños) se financia mediante una subvención en bloque para servicios de salud materno-infantil, la cual no está contemplada en dichas normas federales. El documento federal de 24 páginas, emitido en julio de 2025, incluye una lista de programas financiados por el gobierno federal que la administración Trump ahora clasifica como “beneficios públicos federales” inaccesibles para inmigrantes sin estatus authorized; la subvención en bloque para servicios de salud materno-infantil no figura en esa lista.
Johnson afirmó que la directriz estatal deja a las familias sin “buenas opciones”.
“En este contexto, nos preocupa profundamente que nuestros clientes se vean obligados a poner en riesgo la vida de sus hijos”, declaró Johnson.
“Si se retiran del programa, es casi seguro que morirán por falta de la atención que necesitan”, señaló. “Si permanecen en el programa y el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] viene a detenerlos a ellos y a sus hijos, es casi seguro que morirán, ya que no recibirán la atención médica necesaria en ‘Alligator Alcatraz’ ni en muchos otros lugares similares”. El término “Alligator Alcatraz” hace referencia a un centro de detención de inmigrantes situado en los Everglades de Florida.
Johnson explicó que su organización tiene previsto impugnar legalmente la directriz tan pronto como encuentren familias afectadas dispuestas a sumarse como demandantes. Sin embargo, reconoció que esto resulta difícil, ya que muchas personas temen convertirse en blanco de las autoridades migratorias federales si participan en una demanda.
English:
Tennessee to report disabled immigrant children getting public healthcare to ICE, advocates say
(Tennessee Lookout) – Scores of low-income immigrant kids dwelling with essential diseases may quickly lose entry to life-sustaining medical care after Tennessee officers directed public well being departments to confirm their immigration standing and report back to the federal authorities, in response to the Tennessee Justice Middle.
The Tennessee Division of Well being is concentrating on Youngsters’s Particular Providers, a last-resort public medical insurance program for youths with disabilities and life-threatening diseases, equivalent to most cancers, spina bifida and terminal ailments.
The state company final week mentioned it deliberate to tell households as quickly as this week of a brand new coverage requiring immigration standing verification as a situation of constant advantages, in response to Michele Johnson, govt director of the Tennessee Justice Middle.
This system, which depends on a mix of federal and state funding, is run by native departments of public well being throughout Tennessee. For greater than 50 years, it has served kids with extreme disabilities who want ongoing care and haven’t any different insurance coverage, no matter immigration standing.
In Center Tennessee, about 100 kids with out authorized immigration standing are vulnerable to shedding ongoing medical protection, in response to Metro Division of Public Well being officers.
What number of kids statewide could possibly be impacted isn’t clear. The Tennessee Division of Well being didn’t reply to requests for info or remark.
This system used to help younger individuals as much as age 21. Earlier this 12 months, the state well being division directed native public well being businesses to disenroll anybody 18 or older.
The Metro Nashville Well being Division lower seven younger adults from this system, however by final month had discovered options for them, D’Yuanna Allen-Robb, director of the division’s Maternal Little one and Adolescent Well being Division mentioned throughout a Could well being board assembly. It’s unknown what number of have been impacted statewide.
Youngsters wouldn’t have comparable various security web companies in Tennessee.
The division didn’t tackle what Johnson mentioned have been unanswered questions concerning the scope of the immigration standing checks. It’s unclear whether or not the state plans to disenroll kids whose households can’t present proof of authorized immigration standing or report them to immigration officers. The Tennessee Division of Well being didn’t reply to questions in search of readability.
Both state of affairs may jeopardize the well being and welfare of kids with extreme medical circumstances who, together with their households, may turn out to be targets of immigration enforcement.
“It’s an enormous risk to life for youths with vital disabilities and for households that may’t afford to help their children,” Dr. Morgan McDonald, a member of the Metro Nashville Board of Well being, mentioned in a gathering on Could 14.
Amongst these impacted is a 10-year-old boy who was born with spina bifida, a congenital dysfunction that confines him to a wheelchair and requires near-monthly journeys to the physician or emergency room, in response to his mom, Gabriella. She requested solely to be recognized by her first identify as a result of she fears the household could possibly be focused by immigration officers for talking out — particularly given their pending asylum case.
The household arrived in the USA when the boy was 3 years outdated, and since then they’ve sought medical take care of him by the Youngsters’s Particular Providers program.
Final 12 months, when he quickly misplaced protection for a number of months — for causes his mom mentioned she didn’t perceive — a help group of fellow moms pitched in to purchase her in-home provides. However the expertise was agonizing, she mentioned.
“It was horrible then,” Gabriella mentioned. “Now? This leaves us defenseless and adrift.”
Gabriella mentioned she and her husband are simply six months away from a last choice on their asylum declare. She worries not solely about shedding her son’s lifeline to life-sustaining medical care however the penalties for his or her case if they’re reported to Immigration and Customs Enforcement.
“If we return to Honduras, he’s not going to make it,” Gabriella mentioned.
“We’re afraid. We have been afraid earlier than this. I’m afraid on a regular basis. I’m afraid to go exterior. I’m afraid they’ll take me with out my child.” She wept as she spoke.
The Division of Well being’s choice to require immigration standing reporting in this system final week compelled a scramble amongst healthcare advocates, in response to Johnson.
Whether or not the division’s directive requires reporting of immigrants with out authorized standing, disenrollment or each, it “ought to be instantly rescinded as it’s illegal,” the Tennessee Justice Middle mentioned in a letter to the state’s Division of Well being Wednesday.
The letter, despatched to Mary Katherine Bratton, normal counsel for the Tennessee Division of Well being, notes that lately enacted Tennessee laws requiring immigration verification of these in search of public advantages explicitly applies solely to these 18 and older.
The directive additionally conflicts with federal steerage issued final 12 months that limits federal public advantages to individuals with out citizenship standing, in response to the Justice Middle.
The Youngsters’s Particular Providers program is funded by a Maternal and Little one Well being Providers block grant, which isn’t included within the federal steerage, the letter mentioned. The 24-page federal steerage, issued in July 2025, features a checklist of federally funded packages that the Trump administration now consists of in its definition of “federal public advantages” which can be unavailable to immigrants with out authorized standing. The Maternal and Little one Well being Providers block grant shouldn’t be included within the checklist.
Johnson mentioned the directive from the state leaves households with “no good choices.”
“We’re actually involved on this surroundings that our shoppers are having to danger their kids’s lives,” Johnson mentioned.
“In the event that they withdraw from this system, they virtually definitely will die with out the care they want,” she mentioned. “In the event that they keep on this system, and ICE comes and will get them and their children, they virtually definitely will die as a result of they don’t get the healthcare they want in Alligator Alcatraz or any variety of different locations.” Alligator Alcatraz refers to an immigrant detention facility within the Florida Everglades.
Johnson mentioned her group anticipated to file a authorized problem to the directive as quickly as they discover affected households keen to affix as plaintiffs. However, she mentioned, it’s difficult as a result of so many individuals are afraid they are going to be focused by federal immigration officers in the event that they be a part of a lawsuit.
