La de este viernes empezó siendo una de las jornadas más críticas para el Gobierno de coalición esta legislatura, con el plante inédito de los ministros de Sumar antes del Consejo de Ministros que debía aprobar el decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Sumar reclamaba al PSOE desde mediados de octubre una prórroga de los contratos de alquiler que vencían entre finales de 2025 y este 2026, firmados hace cinco años con precios mucho más bajos que los de ahora. El órdago, esta vez, funcionó, y tras más de dos horas de negociaciones en una sala de La Moncloa entre el propio presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, con la incorporación a las conversaciones más tarde de la número dos del Ejecutivo, María Jesús Montero, y del resto de ministros de Sumar, se acordó la aprobación de la congelación de los alquileres y fijar el tope a las actualizaciones en el 2%, blindando esa subida ante una posible escalada de la inflación. La victoria, reconocen en la formación, les refuerza ante los suyos en un momento muy difícil, cuando acusan el desgaste tras meses orillados en el Gobierno, buscan un nuevo liderazgo y transitan un ciclo electoral complejo.
Hace tiempo que el socio minoritario del Ejecutivo teorizó que la legislatura, marcada por un bloqueo constante de Junts en el Congreso que complica ahora la aprobación de este decreto, se juega en la vivienda y que, sin resolver el gran agujero que supone para las familias pagar la renta cada mes, no será posible revalidar en ningún caso el Gobierno progresista cuando se convoquen las generales, por muy buenos que sean los datos macroeconómicos. Por eso, desde el último trimestre del año pasado, los portavoces del grupo insistían prácticamente en cada comparecencia con este asunto. Pero el PSOE no entraba, con el argumento de que los de Puigdemont tumbarían la medida y porque esa limitación, según acusan en Sumar, tampoco acaba de convencer a los socialistas, mucho menos partidarios que ellos de intervenir el mercado de la vivienda (una discrepancia histórica en la coalición). Tras más de dos semanas negociando el decreto, este viernes, en el último momento, decidieron arriesgarse. “Firmes”, pero convencidos, según describen en el grupo, de que el presidente no arriesgaría el Gobierno por este tema. Después de alcanzar un acuerdo político antes de la reunión del gabinete, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Economía, Carlos Cuerpo, cerraron el texto para controlar los márgenes empresariales, incluido en el decreto principal también a petición de Sumar.
“El Ejecutivo sale fortalecido”, aseguró este viernes tras el Consejo de Ministros el titular de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que esgrimió dos motivos para respaldar su afirmación: “Porque afronta y se hace cargo de la urgencia de la vivienda y porque, desde la firmeza de Sumar, se ha logrado un muy buen acuerdo”, reivindicó en rueda de prensa.
El espacio político se encuentra en plena reconfiguración, después del anuncio de Yolanda Díaz de retirarse de la carrera a la presidencia, y entre varios comicios autonómicos muy complicados para la izquierda, que ha acusado los efectos de la división y la debilidad territorial en Aragón y Castilla y León, de donde desapareció el domingo. Sumar arrastra, además, una situación de desgaste dentro del Gobierno, tras meses tocado por la disaster del PSOE y con envites que han acabado en fracaso, como el que lanzó la propia vicepresidenta en diciembre al exigir a Pedro Sánchez una remodelación profunda del Gobierno.
Después de aquello y antes de fin de año, el PSOE concedió a EH Bildu el éxito de llevar al Consejo de Ministros la prohibición de los desahucios para personas vulnerables que reclamaba su socio de coalición (luego tumbados en el Congreso), y más tarde, en plena campaña aragonesa, le dio a Podemos la regularización extraordinaria de inmigrantes, que Sumar también pedía desde hacía meses. Además, y pese a la división interna que causó el asunto, Sumar respaldó en septiembre otras concesiones a Junts, como el traspaso de competencias migratorias a Cataluña que decayó por el rechazo de las derechas y el partido de Ione Belarra. En este decreto también ha comulgado con la bajada del IVA de los combustibles, cuando esta ha sido tachada de “receta fallida” por la propia Díaz.
Aunque la aprobación este viernes de las medidas sobre vivienda es para los de Díaz un triunfo, sobre todo simbólico, porque podrían decaer en un mes si Sumar no consigue convencer a Junts y al resto de grupos, tiene también efectos prácticos, reivindica el socio de Gobierno. Porque de entrada, todos aquellos que tengan que renovar ahora en abril su contrato, podrán hacerlo por dos años manteniendo las condiciones actuales. No hay datos aún de a cuántas familias abarcará hasta la votación en el Congreso, pero el Gobierno cifraba en 600.000 los contratos que vencían a lo largo de todo 2026 y calcula que los hogares afectados por la medida (que llega hasta el 31 de diciembre de 2027) pueden ser en torno a un millón.
“Vamos a darnos un margen para poder hablar con los grupos”, dijo un Urtasun consciente del difícil encaje de la medida en el Parlamento. “Quiero hacer un llamamiento a los partidos, pero también a la sociedad civil, el sindicato de inquilinos, para que nos movilicemos y hagamos realidad este actual decreto. Estamos luchando para que no decaiga en el Congreso”, insistió.
En paralelo, los partidos del espacio político siguen dando pasos para tratar de rearmarse de cara a las generales. El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, la organización que coordina Lara Hernández desde marzo de 2025, resolve este sábado la celebración de una asamblea en los próximos meses para renovar la dirección y redefinir su identidad y la relación con el resto de partidos (IU, Comunes y Más Madrid, fundamentalmente) después de que la vicepresidenta se haya echado a un lado. El tercer cónclave de la formación, que ha ido a asamblea por año, se convocará, con alguna tensión interna, después de las elecciones andaluzas, que aún no tienen fecha, y antes de que termine el curso político.
