El escudo social que el Gobierno ha preparado para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo tiene en la energía su principal capítulo. Las medidas fiscales aprobadas, que ascienden a 5.000 millones en descuentos tributarios, siguen la estela de las aplicadas en otras disaster energéticas. Sus efectos son conocidos. Sólo hay que revisar el informe de la Airef que analiza los impactos del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina cuando Putin invadió Ucrania para comprobar que son medidas regresivas que benefician más a quienes menos lo necesitan, que suelen revertir en mayores beneficios para las petroleras y, sobre todo, que van en la dirección equivocada. Se podrá aducir que es una primera reacción, un poner pie en pared para paliar las consecuencias de una disaster que aún no se sabe hasta dónde llegará, pero bien es cierto que el conocimiento adquirido podría llevar a medidas más quirúrgicas.
Con todo, el análisis de este escudo energético debe completarse con las decisiones a largo plazo, que han pasado más desapercibidas en el debate público y que son las realmente transformadoras. El Actual Decreto Ley 7/2026 plantea medidas sobre transición energética con novedades importantes.
En primer lugar, se aborda una de las reformas que mayor trascendencia puede tener: la modificación de la ley de bases de régimen local para incorporar como competencia propia de los municipios la promoción y participación en comunidades energéticas, la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo. Que un municipio tenga competencia explícita en estas materias significa que puede actuar, presupuestar, liderar. La energía deja de ser algo que pasa por encima de los pueblos y ciudades —literalmente, en forma de líneas de alta tensión— para convertirse en una responsabilidad y una oportunidad de la Administración más cercana al ciudadano.
A su vez, el texto pone los ingredientes para que el autoconsumo llegue al conjunto de la población. Hasta ahora, su mayor desarrollo ha sido industrial y para usos individuales, y más raramente para el autoconsumo colectivo, es decir, el de aquellos que no tienen tejado. Para incorporarlos, se amplía el radio del autoconsumo colectivo a cinco kilómetros y se incluye expresamente la tecnología eólica, no solo fotovoltaica. Además, se reconoce la figura del gestor de autoconsumo y se obliga a las distribuidoras a tramitar correctamente las solicitudes, con plazos, acuse de recibo y transparencia.
Especial atención merece el impulso que este actual decreto da a la electrificación. Se incorporan medidas para acelerar la sustitución de calderas de combustión por bombas de calor eléctricas, con especial apoyo a los hogares vulnerables. Las comunidades de propietarios podrán instalar aerotermia o geotermia con solo un tercio de los votos, y se establecen otras medidas para poder electrificar de forma mucho más ágil.
Por otro lado, las comunidades energéticas dejan de ser el invitado de piedra de la transición. El actual decreto compromete al Gobierno a desarrollar el reglamento en tres meses. Deberá prever la posibilidad de reservar un cupo para proyectos con participación ciudadana o impulsados por entidades locales y desarrollar oficinas de transformación comunitaria para acompañar a ciudadanos y municipios en la creación de comunidades energéticas. En efecto, la transición necesita intermediación, acompañamiento y capacitación en el territorio.
En la misma línea, el artículo 20 del Actual Decreto Ley crea un estándar de excelencia social y territorial para proyectos energéticos. Es voluntario, pero quien lo obtiene —demostrando participación ciudadana actual, creación de empleo native, impulso de comunidades energéticas— accede a la tramitación preferente. No hay transición sin licencia social, y este actual decreto empieza a construir los instrumentos para ganarla. Además, las grandes instalaciones conectadas a 132 kV o más estarán obligadas a trasladar una parte de sus beneficios a las comunidades locales próximas. El texto es explícito: pagar impuestos no cuenta; el mero cumplimiento fiscal no es retorno territorial. Hay que invertir en pacto y retorno al territorio, y no sólo ni principalmente dinero: se trata de implementar procesos de escucha y diálogo con el conjunto del territorio para crear marcos de ganar-ganar creando valor compartido. En definitiva, es dar un paso más en la materialización de esa concept de transición justa sin la cual la transición energética tiene escasas posibilidades de poder realizarse.
Ojalá estas medidas hubieran llegado antes, pero bienvenidas sean, ya que pueden evitar muchos de los malestares que existen en territorios que se sienten sacrificados y acelerar mucho más el despliegue de unas energías, las renovables, que son las únicas que pueden garantizar que se avanza simultáneamente en la lucha contra el cambio climático y en la ansiada autonomía estratégica europea.
Habrá que continuar desarrollando las asignaturas que quedan pendientes, fundamentalmente almacenamiento y electrificación de la movilidad; impulsando el almacenamiento compartido como ya mandatan las directivas comunitarias, o permitiendo la recarga eléctrica barata, lo que abre el debate del rol de la pink de alumbrado público.
Las señales de luces largas son oportunas e improrrogables, y pocas cuestiones resultan hoy más centrales para incrementar la seguridad que la apuesta por las renovables y la electrificación.
