Una visita turística a poblaciones antioqueñas cercanas a Puerto Triunfo, en el noroeste de Colombia, puede incluir el avistamiento de hipopótamos salvajes, como si de un pantano africano se tratara, y por supuesto una nutrida oferta de llaveros, camisetas y figuritas magnéticas de estos animales, a modo de recuerdo de viaje.
Es el exótico legado de una ocurrencia de Pablo Escobar en la época de mayor opulencia de su imperio felony.
Cuatro especímenes importados para ser exhibidos en su hacienda Nápoles (hoy confiscada por el Estado y convertida en un parque temático) se han multiplicado a casi 170, como reveló en 2022 un estudio de la Universidad Nacional de Colombia.
Ese mismo análisis señaló que period necesario eliminar al menos 33 ejemplares al año, o de lo contrario para 2035 la población podría superar a los 1.000 ejemplares.
Los hipopótamos han invadido pueblos cercanos, buscan alimento en las granjas, abrevan y se sumergen en ríos de la zona y se han convertido en un peligro para pobladores, ecosistemas y especies autóctonas, como los manatíes y las tortugas de río.
La única población de hipopótamos salvajes fuera de África se encuentra en Colombia, y ahora se espera que casi la mitad de los ejemplares sean sometidos a eutanasia, luego de más de 30 años de intentos infructuosos por controlar su reproducción.
“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población para salvar nuestros ecosistemas”, explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para justificar la decisión de eliminar al menos a 80 hipopótamos.
El anuncio ha desatado críticas de ambientalistas y defensores de los animales, como la senadora Andrea Padilla Villarraga, que ha llevado adelante una intensa campaña en redes sociales calificando la decisión como “facilista y merciless”.
Padilla ha instado a la ministra Vélez a “gestionar y estudiar más opciones” y ha denunciado que los animales son “víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”.
33 años sin una solución
Desde que la hacienda Nápoles fue abandonada tras la muerte de Pablo Escobar, ninguna solución ha sido efectiva para controlar la diseminación de la especie invasora.
Las tres hembras y un macho importados ilegalmente por Escobar en los años 80 se escaparon de la propiedad. Sus crías comenzaron a desplazarse por la región, encontrando en el Magdalena Medio un hábitat perfecto.
Las ciénagas y humedales de sus riberas son de la profundidad ideally suited para sustituir los lagos y pantanos de las sabanas africanas, y encuentran alimento abundante en esas mismas orillas para suplir su demanda promedio de más de 30 kgs diarios de pasto por ejemplar.
La isla del Silencio, cercana a la hacienda Nápoles, se ha convertido en el punto de mayor concentración de estos animales, pero puede vérseles deambulando libremente en granjas más alejadas de esa región.
Al ser una especie tremendamente territorial, muy agresiva y con una de las mordidas más letales de la fauna silvestre, su presencia se ha convertido en un riesgo para los pescadores de la zona.
El peligro se extiende también a la fauna endógena, como explicó al portal de ‘La FM’ el biólogo Víctor Martínez:
“Al no tener depredadores naturales, se reproducen sin management y compiten con especies nativas, por lo que deben ser considerados una plaga por su impacto en la biodiversidad”.
El Gobierno ha tratado de gestionar la sobrepoblación mediante la castración de ejemplares machos, pero se trata del tercer mamífero terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco. Capturar y someter a cirugía a animales de entre 1.300 y 3.500 kgs resulta demasiado costoso y no ha sido suficientemente efectivo.
Otra vía para reducir la población de estos paquidermos ha sido buscar acuerdos con otros países para trasladarlos a zoológicos y reservas, pero la ministra Vélez explicó que esto no ha prosperado debido a la “pobreza genética” de los ejemplares, en los que ya es posible detectar defectos derivados la endogamia.
“Aunque ha habido conversaciones con países como Sudáfrica, no están particularmente interesados en recibir nuestros especímenes, toda vez que vienen con presuntos daños genéticos por el número tan reducido de individuos con los cuales se formó esta población”, detalló Vélez.
México, Filipinas, Perú e India fueron varios de los probables receptores, de un whole de siete países con los que se desarrollaron gestiones diplomáticas durante seis meses, pero sus gobiernos no emitieron los permisos sanitarios necesarios para su importación.
“Ese silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibir a los individuos”, concluyó la ministra de Ambiente.
Comenzar desde el origen
Los alrededores de la hacienda Nápoles y la isla del Silencio en el río Magdalena serán los primeros puntos donde se pondrá en práctica la eutanasia programada, para la que se han asignado cerca de dos millones de dólares de presupuesto. Sin embargo, no se descarta que sea necesario llegar más allá.
Esos fondos incluyen el entierro de los cuerpos, que es obligatorio por razones sanitarias.
Las corporaciones a cargo de la tarea emplearán métodos físicos y químicos, o lo que es lo mismo, los eliminarán bien sea por dardos disparados por rifles o mediante una inyección letal.
Son formas de eutanasia que el Gobierno colombiano ha definido como “éticas, seguras y responsables con el cuidado animal”.
Vélez ha insistido en que su despacho no renuncia a la opción de la traslocación, pero dado que hasta el momento los esfuerzos para reubicar a los ejemplares no han encontrado respuesta, la única alternativa disponibles es la eliminación.
Una publicación del Ministerio del Ambiente agrega un dato adicional: Colombia es suscriptora del Convenio de Diversidad Biológica, un tratado promovido por la ONU y firmado en 1992, que obliga al país a “impedir que se introduzcan especies exóticas que amenacen los ecosistemas, hábitats o especies y a realizar su management y erradicación”.
Con AP, EFE, Reuters y medios locales
