Qué votan los inmigrantes cuando votan

La aceleración de la realidad siempre provoca vértigo. Por ejemplo: cuando la población inmigrante de un país se multiplica por diez en apenas dos décadas. Y ese vértigo puede traducirse fácilmente en paranoia. Es lo que ocurre cuando se confunde el inexorable relleno de un vacío demográfico –generado por una caída del 40% en los nacidos de progenitores autóctonos en solo diez años– con una conspiración orquestada para reemplazar a la población española. Y esa fantasía se proyecta también al equiparar la regularización de extranjeros con una ‘regularización electoral’ (derecho a voto en autonómicas y legislativas) que realmente solo es posible al adquirir la nacionalidad española.

En definitiva, el hipotético medio millón de solicitantes que prevé la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez deberá esperar hasta diez años para poder solicitar la nacionalidad española y, con ello, el derecho al voto a partir de la mayoría de edad. Por lo tanto, la precise regularización no generará ningún nuevo elector foráneo a corto plazo. Ahora bien, las anteriores regularizaciones extraordinarias (la última hace veinte años) han supuesto la concesión de permisos de residencia a más de un millón de personas. Y el acumulado a través de diversas vías de llegada a España y su posterior regularización eleva la cifra de residentes nacidos en el extranjero en torno a nueve millones, según la estimación del INE a principios del 2025.

El voto potencial de los nacionalizados puede ya decantar escaños en grandes distritos pero también en los pequeños

Sin embargo, y aunque los nacidos en el extranjero suponen cerca del 20% de la población whole de España (que rozaba los 50 millones en enero pasado), solo algo más de dos millones y medio de ellos habían adquirido la nacionalidad española según los registros del 2024. Y de esos electores de origen foráneo, casi dos millones proceden de Latinoamérica y solo 350.000 de África. El resto son mayoritariamente europeos. En resumen, menos de un tercio de los extranjeros residentes en España tienen derecho a voto. Y dentro del censo electoral (que sumaba casi 38 millones en diciembre del 2024) representan un 7% del whole.

¿Son muchos? En cifras absolutas suponen un número comparable al del censo de toda Galicia, aunque diseminado por las 52 circunscripciones electorales. Y esa dispersión debería atenuar su eventual impacto sobre el desenlace provincial y el consecuente reparto de escaños. Sin embargo, en algunos distritos como Madrid (con unos 600.000 electores nacionalizados), Barcelona (con más de 400.000) o Valencia y Alicante (con más de 100.000, respectivamente), el peso de ese sufragio puede resultar decisivo en la adjudicación de diputados. De hecho, incluso en pequeñas circunscripciones, con porcentajes también menores de nacionalizados (por ejemplo, Cuenca), el voto de los electores foráneos podría cambiar el destino del último diputado.

La regularización no generará ningún nuevo elector foráneo, pero ya hay más de 2,5 millones que hoy pueden votar

A partir de ahí, seguir el rastro de los votos debería revelar a quién pueden favorecer electoralmente las sucesivas regularizaciones. Es decir, qué votan los inmigrantes cuando ya pueden votar. Y la respuesta arroja algunas sorpresas que neutralizan el supuesto interés en las regularizaciones que puedan albergar los distintos gobiernos de turno. Concretamente, y aunque los porcentajes varían a causa del elevado margen de error de las muestras, las diversas encuestas registran algunas coincidencias sobre el comportamiento de los electores foráneos. La primera, un menor grado de participación que los nativos (de entre diez y 20 puntos menos), y la segunda, una mayor predisposición a votar a la izquierda (sobre todo entre los originarios de África y, en menor medida, entre los procedentes de Latinoamérica).

De hecho, con los datos de intención de voto del barómetro del CIS de marzo pasado, esa predisposición presenta algunos matices relevantes. Por ejemplo, magrebíes y subsaharianos confirman un nítido apoyo a la izquierda –y más concretamente al PSOE–, mientras que la correlación entre los latinoamericanos (el grupo más numeroso, con picos superiores al medio millón en el caso de Madrid) es bastante equilibrada. Además, entre estos últimos, cubanos y venezolanos exhiben un apoyo masivo a la derecha y, por ejemplo, suman conjuntamente casi 100.000 electores en la comunidad madrileña. Eso sí, este contingente se muestra muy dividido entre el PP y Vox (ya que los ultras empatarían con los populares entre los venezolanos y parecen estar muy por delante entre los cubanos).

Los africanos votan a la izquierda; venezolanos y cubanos, a la derecha, y los latinoamericanos restantes se reparten

Finalmente, en el caso de Catalunya (los datos son del CEO), el partido con mayores preferencias entre los nacionalizados sería el PSC (13 puntos por encima en intención de voto con respecto a los autóctonos), aunque en el oasis catalán Vox adelanta claramente al PP (en cinco puntos), ya que, entre los foráneos, duplica el apoyo que cosecha entre los catalanes de origen. Además, a diferencia de Madrid, Barcelona alberga el contingente más numeroso de marroquíes nacionalizados (en torno a 50.000), mientras que los latinoamericanos con derecho a voto superarían los 300.000 (de los que poco más de una décima parte serían venezolanos o cubanos).

El problema de especular cruzando esas cifras con la intención de voto que expresa cada grupo de inmigrantes es que, de hecho, su impacto ya debería estar descontado. El sufragio de los nacionalizados que han decidido acudir a las urnas ya está incluido en todas las elecciones recientes. Lo que harán dentro de diez años los regularizados ahora es una incógnita que se suma al hecho de que el voto de los inmigrantes de segunda generación se parece cada vez más al de los autóctonos.