Nunca en toda la historia de Israel un Gobierno había ido tan lejos como el que dirige Benjamín Netanyahu. La destrucción del orden multilateral a cargo de Donald Trump, su protector y estrecho aliado, ha proporcionado al Ejecutivo israelí la cobertura para prescindir de cualquier apariencia de legalidad, expulsar a las organizaciones de Naciones Unidas, prohibir organizaciones no gubernamentales, ningunear a la Unión Europea y actuar con las manos libres, sabiendo que nadie intentará moderar sus excesos, ni siquiera tímidamente, como solía hacer Estados Unidos. Netanyahu ha tomado nota de la oportunidad y ha liberado al extremismo israelí de cualquier pudor.
Después de instigar a Trump para que se sumara a su irreflexiva decisión de atacar a Irán y de asesinar al líder de la República Islámica, ahora se ha concentrado en la invasión del vecino Líbano. La operación comienza en respuesta a la irresponsable provocación de Hezbolá con sus lanzamientos de misiles sobre Israel. Pero las pretensiones de Netanyahu son abiertamente anexionistas, sin consideración alguna para la soberanía libanesa, la Carta de Naciones Unidas y, sobre todo, los ciudadanos libaneses, en una enésima repetición de más de 40 años de invasiones, bombardeos y matanzas. Israel se propone expulsar a toda población al sur del río Litani, arrasar los pueblos y dejar el territorio vacío, a disposición de las ansias expansionistas del sionismo extremista como si fuera de su soberanía. Su pretensión es replicar el modelo de ocupación y destrucción de Gaza, ahora arruinada y amputada, cerrada al mundo y desasistida, al igual que lo está replicando también en Cisjordania, de la mano del terrorismo civil impune de los colonos. La invasión del sur del Líbano no es muy diferente, en su ejecución y justificación, de la del este de Ucrania por parte de Rusia.
También en el frente inside Netanyahu ha dado prueba de la ausencia de límites para sus políticas extremistas. El pasado domingo, impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para la misa del Domingo de Ramos, un rito que se realiza desde siglos antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. Además de una desconsideración a la convivencia de las distintas confesiones de la ciudad, Netanyahu ha actuado en Jerusalén como si fuera territorio de su soberanía, en una incalificable falta de respeto a la ley internacional y al pluralismo religioso.
Aunque el Gobierno se haya excusado por el veto, este parece un signo más de una irrefrenable marcha hacia la sustitución de una democracia plural por un Estado étnico y religioso que discrimina a quienes viven bajo su jurisdicción. Unos sin derechos, como los palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, otros con derechos limitados, y finalmente los judíos israelíes, los únicos con todos los derechos de ciudadanía. La Kneset corroboró el lunes este trato desigual, propio de territorios ocupados y colonizados, con la aprobación de la pena de muerte por ahorcamiento a los reos de asesinato “con la intención de denegar la existencia del Estado de Israel”, concebida con la explícita intención de ejecutar a terroristas palestinos y dejar a salvo a los terroristas israelíes. Esta disparatada iniciativa authorized y jurídica, que ha provocado la indignación formal de la UE, supone un oprobio para Israel. Su futuro depende de los jueces del Supremo, la única institución que todavía puede oponerse a la deriva autoritaria y que, por eso, Netanyahu pretende también someter a su management.
