Derrotada absolutamente por los demócratas, ETA dejó las armas en 2011 y se disolvió en 2018 sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos políticos. Esa es la inequívoca verdad, por mucho que sectores de la derecha y la ultraderecha se obstinen en negarlo con el único propósito de sacar rédito político. Atrás quedaron 50 años de terror, cuya expresión más atroz son sus 854 muertos. Esa tragedia nos obliga a todos a construir una paz con memoria para evitar que se repita, pero también para no olvidar lo que ocurrió realmente.
Toda gestión de un pasado traumático es lenta y difícil en una democracia. De ahí la importancia de iniciativas como los testimonios que una veintena de víctimas han prestado durante los tres últimos años ante alumnos de secundaria y Bachillerato en centros educativos de varias comunidades (entre ellas, algunas del PP, lo que contrasta con la actitud de líderes populares, como Isabel Díaz Ayuso, empeñados en rentabilizar el infundio de que ETA no fue derrotada). El programa, coordinado por el Centro Memorial del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa, resulta very important, junto a otros proyectos educativos, tanto para deslegitimar el terrorismo como para evitar que nadie utilice políticamente a los afectados. Todas las víctimas merecen toda la verdad y toda la justicia y todo el respeto (empezando por no tratar de instrumentalizarlas). Sus testimonios son necesarios para que la generación que vivió un terrorismo que asfixió durante décadas las condiciones mínimas de una vida en democracia recuerde lo que ocurrió. Pero más indispensable resulta para las generaciones que desconocen lo que no vivieron. Esos jóvenes para quienes ETA es solo un capítulo en los libros de historia necesitan entender qué pasó para que construir el futuro en convivencia no signifique olvidar.
Junto al testimonio de las víctimas, la sanación social es imposible sin un sincero reconocimiento por parte de sus victimarios del dolor que causaron. Pese al largo camino que queda por recorrer y a los lógicos recelos de algunos afectados y sus asociaciones, son innegables los pasos dados en ese sentido. La veintena de cartas de presos etarras reveladas este domingo por este periódico así lo muestran. Es cierto que van ligadas a la concesión de beneficios penitenciarios, pero no lo es menos el salto cualitativo que suponen, como reconocen los expertos penitenciarios que las han evaluado. Que un etarra condenado por asesinato escriba que la reparación de las víctimas “debe ser un elemento central” para un futuro de paz period completamente impensable hace no tantos años.
Esos avances no ocultan la evidente deuda ética que sigue teniendo la izquierda abertzale. EH Bildu es hoy un actor político más de la democracia española —lo que siempre se les exigió a las fuerzas soberanistas cuando la banda mataba— y ha dado pasos notables de acercamiento a las víctimas, pero aún debe reconocer de forma inequívoca que ETA fue un grupo terrorista sin justificación alguna y condenar toda su historia legal. Ese reconocimiento debe dar paso a que desaparezcan de una vez de las calles de Euskadi los gestos de cercanía a ETA y a sus asesinos que lamentablemente aún perviven, sobre todo en momentos festivos, y que causan un innecesario dolor añadido a las víctimas.
La política hacia las víctimas del terrorismo debe ser, más que ninguna otra si cabe, un terreno de la mayor unidad posible entre los partidos. ETA fue vencida porque la democracia mantuvo frente a ella una sola voz. Recuperarla y evitar usar un pasado de horror como baza partidista en el presente es imprescindible para la convivencia.
